Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaraciones sobre un encuentro en 2009 con los políticos Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara.
Desde una prisión federal de Estados Unidos donde fue extraditado en 2008, el exjefe de las AUC afirmó colaborar con la justicia colombiana sobre la reunión que sostuvo mientras estuvo recluido en una cárcel en Washington con la exsenadora de izquierda Piedad Córdoba, el senador del Polo Democrático Iván Cepeda y el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara.
A través de una carta escrita por él mismo, Mancuso explica que tiene conocimiento de que el alto tribunal está indagando sobre tal encuentro, por lo que aseguró que su declaración podría ser pieza clave en la información que están buscando.
“Soy testigo de excepción al haber participado en dicha reunión junto a otras personas (…) por tal motivo les pongo lo anterior de conocimiento para los fines pertinentes”, dice el documento.
De acuerdo con algunas versiones del caso, Piedad Córdoba le habría ofrecido beneficios para que declarara en contra del expresidente Álvaro Uribe. En su defensa, los congresistas afirmaron que se trató de una visita autorizada por las mesas directivas del Senado para conocer la situación de los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos.
En octubre pasado, la Procuraduría absolvió a Cepeda luego de una serie de demandas interpuestas hacía cuatro años por Uribe por denuncias de falsos testigos y acusaciones contra el expresidente a raíz de su presunta relación con el paramilitarismo después de un debate que se adelantó en el Congreso
Se espera que en los próximos días el Alto Tribunal se pronuncie sobre la disposición de Mancuso de colaborar con la justicia.
El exjefe paramilitar nacido en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, hizo presencia en los territorios mediante el comando de las estructuras Bloque Norte, Catatumbo y Córdoba, en las regiones de Sucre, Bolivar, Cesar, Magdalena, Santander y La Guajira.
La justicia le atribuye 5.000 crimenes y también fue imputado por las masacres de El Aro y el Catatumbo. Antes de su desmovilización en 2005, tenía ocho órdenes de captura dictadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalia.
Finalmente, fue condenado en 2016 a 48 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio, hurto y desplazamiento forzado. Cabe aclarar que la pena que paga en los Estados Unidos se debe a cargos por narcotráfico y no por los crímenes que cometió en Colombia.