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En Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE), por concepto de funcionamiento, anticipos de elecciones de Congreso, consultas presidenciales y autoridades locales, le giró $174.578.022.944 (USD $55 millones) a los partidos políticos.
Los movimientos políticos que más recursos recibieron fueron el Centro Democrático, con USD $10.270.000 (32 mil millones COP); el partido de La U, con USD $9.307.000 (29 mil millones COP); el Partido Liberal, con USD $8.666.000 (27 mil millones COP), y Cambio Radical, con USD $8.000.000 (25 millones COP).
Sin embargo, el partido del exgrupo guerrillero FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, recibió por primera vez la suma de USD $5.100.000 ($16 mil millones COP), por las elecciones en las que participaron el año pasado a pesar de no haber alcanzado el umbral.
La suma otorgada al ahora movimiento político, luego de la firma del acuerdo de paz con el Gobierno del expresidente Santos, superó a lo recibido por otros partidos tradicionales. El partido Alianza Verde recibió, por debajo de la FARC, USD $1.283.820 (4 mil millones COP); el Polo Democrático USD $962.800 (3 mil millones COP); partido MIRA USD $641.900 (2 mil millones COP); el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) USD $320.955 (mil millones COP).
Precisamente, una de las objeciones de aquellos que se opusieron al acuerdo de paz es el que tiene que ver con la financiación del partido FARC y su representación política en el Congreso sin votos. Es decir, actualmente este movimiento ocupa cinco curules en Senado y cinco curules en cámara de representantes que fueron garantizadas por el acuerdo de paz.
Financiación de FARC en la ilegalidad
De acuerdo con un reciente informe entregado por la Fiscalía General de la Nación, la extinta guerrilla utilizó fuentes y mecanismo de financiación que tuvieron un proceso de perfeccionamiento con el paso de los años, al pasar de una economía de guerra -en esencia depredadora de riqueza-, a otra en la que los recursos provenientes de actividades criminales eran invertidos en actividades económicas productivas.
El informe identifica tres principios rectores que determinan el manejo de las fuentes y mecanismos de financiación de las FARC-EP: diversificación, regionalización y centralización. Además, los ingresos de las rentas ilícitas también se concentraron en el secuestro, extorsión, narcotráfico y minería ilegal.
FARC recibirá hasta 2026 una suma igual al promedio de otros partidos
PanAm Post habló con el politólogo e investigador Daniel Felipe López sobre la suma otorgada a las FARC y las garantías que les fueron proporcionadas en materia de financiación luego de la firma de la paz.
Aseguró que la Ley 1475 de 2011, en el artículo 17, establece los parámetros para la financiación estatal de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, financiación del Estado que no será de la misma cuantía para todas las organizaciones políticas, porque el mismo artículo establece unas condiciones adicionales de reparto en función del desempeño de los partidos y movimientos en las elecciones nacionales y locales.
“El partido FARC tiene unas condiciones un poco distintas con referencia a la financiación proveniente del Estado. El Acto Legislativo 03 de 2017 establece que para su funcionamiento ese partido va a recibir anualmente hasta el 2026 una suma igual al promedio de lo que reciban los otros partidos y movimientos cada año por el mismo concepto. Esto implica que podría estar recibiendo mayor financiación que los partidos pequeños, aunque el uso de estos recursos también va a estar regido por el artículo 18 de la Ley 1475”.
López agregó que en virtud del Acto Legislativo 03 de 2017, el partido FARC recibirá un 7 % para financiar su centro de pensamiento y formación política hasta el 19 de julio de 2022.
“Esto no quiere decir que el Estado financie únicamente el centro de pensamiento de este partido, pues el artículo 18 de la Ley 1475 obliga a todos los partidos y movimientos políticos a que destinen un 15 % de sus recursos de funcionamiento para las actividades de sus centros de pensamiento y de formación política”.
Por otro lado, el investigador advirtió que puede que el partido FARC tenga años en los que reciba más financiación estatal que la mayoría de los partidos. Sin embargo, esta suma se verá reducida a partir del 20 de julio de 2022 y a partir de 2026 se acogerá a las mismas normas de financiación estatal de los otros partidos políticos. “Todo eso con la condición de que mantenga su personería jurídica en las elecciones de ese año”, concluyó.
