
Este miércoles desde la base militar de Tolemaida (Cundinamarca) el presidente Iván Duque presentó su ‘Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad’.
Esta nueva hoja de ruta de seguridad en Colombia busca responder a fenómenos como el narcotráfico, la extracción ilícita de materiales, la extorsión y el contrabando. Asimismo, entrega herramientas sólidas para enfrentar retos en materia de seguridad como los Grupos Armados Organizados (GAOr), que a través de acciones delictivas y terroristas atacan a los ciudadanos y buscan desestabilizar los territorios y entorpecer la acción efectiva del Estado.
De acuerdo con el Gobierno, la premisa que soporta este plan es el fortalecimiento de la legitimidad estatal, la democracia y el respeto por los derechos humanos.
Este Gobierno cree profundamente en la seguridad como vehículo para la construcción de la paz en Colombia. La paz de cualquier país se cimienta en el ejercicio de las libertades, pero estas solo se pueden proteger si tenemos la consolidación del orden. #DefensaYSeguridad pic.twitter.com/nEcXIfQQGy
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 6, 2019
Cinco pilares fundamentales
En el documento, se establecen cinco pilares fundamentales que buscan conducir al sector Defensa hacia una transformación estratégica, orientada a garantizar la dignidad humana y la protección de toda la población y del territorio, además del respeto y vigencia de las instituciones para procurar el bienestar y el imperio del orden jurídico y de la democracia:
- Agua, biodiversidad y medio ambiente: el primer pilar es el reconocimiento de factores del medio ambiente como activos estratégicos de la nación. El reconocimiento se hace necesario en un contexto global en donde se prevén eventuales conflictos por el acceso y control de estos recursos, de los que Colombia goza de innumerables fuentes.
Cabe destacar que el medio ambiente es fuertemente golpeado por actividades ilícitas de grupos irregulares y de crimen organizado. Entre las prácticas que ocasionan mayor erosión al medio ambiente en el país está la minería ilegal y el sembrado de cultivos ilícitos que como resultado ha erosionado miles de kilómetros de selva.
- Seguridad cooperativa: este segundo pilar otorga prevalencia a los modelos de seguridad internacional basados en la cooperación de los Estados para garantizar la seguridad y la paz internacionales, en el marco del derecho internacional como herramienta a través de la cual se busca potencializar la diplomacia para la defensa, al tiempo que se mantiene la capacidad disuasiva.
- Disrupción del delito: este tercer pilar busca hacer énfasis en el desmantelamiento de las economías ilícitas con el fin de afectar principalmente toda la cadena de valor ilegal, así como las demás actividades asociadas y los bienes producto de estas, al igual que golpear a los grupos criminales en todo su espectro.
- Recuperación de territorio: este cuarto pilar establece la intervención y consolidación estatal en los territorios, en especial en aquellas zonas donde se concentran problemas de seguridad, con vacíos o precaria institucionalidad. En este sentido, la política estableció intervenciones que permitieran pasar de un control netamente militar a un control institucional del territorio.
- Innovación militar en ciencia y tecnología: este quinto pilar busca estar a la vanguardia en equipamiento, inteligencia y desarrollo a la hora de contrarrestar las nuevas modalidades de acción que desarrollan las organizaciones criminales.
Las amenazas externas para la seguridad nacional, según el Gobierno
Si bien en el documento en ningún momento nombra la palabra Venezuela, hace una referencia a ‘regímenes no democráticos’ y ‘tolerancia estatal con terroristas’, hechos que precisamente describen la actual coyuntura de beneplácito entre el régimen de Nicolás Maduro y la guerrilla del ELN y disidencias de FARC.
Se destaca en el documento que desde el plano internacional, las amenazas a la seguridad se han agudizado para Colombia.
“Sobresalen los regímenes no democráticos, las crisis humanitarias y la migración masiva irregular, la injerencia de potencias ajenas al hemisferio, el patrocinio y tolerancia estatal con organizaciones terroristas y de narcotráfico en la región y la pretensión de despojar al país del territorio”.
Y añade, “más grave aún, es que dichas organizaciones (armadas ilegales) aprovechan la extensión y porosidad de las fronteras y, en algunos casos, la tolerancia, complicidad o apoyo que reciben desde el exterior para contar con santuarios de protección desde donde dirigen ataques en contra de la población en territorio colombiano y el tráfico de cocaína”.
Rechazo de “ceses al fuego bilaterales”
Frente al cese al fuego bilateral, el Gobierno estimó que esta figura está en contravía de la obligación constitucional que tienen las autoridades de garantizar permanentemente la vida, honra y bienes de los colombianos.
Sin embargo, se aclara que para realizar procesos de disolución de un grupo armado organizado, se deberán cumplir dos condiciones: concentrar toda la estructura armada en espacios geográficos delimitados y cesar todo tipo de actividad criminal.
Por otra parte, el Gobierno aseguró que “la diplomacia, en el marco de la seguridad cooperativa, será el principal medio que empleará Colombia para garantizar su defensa y seguridad ante las amenazas externas”. Pero advierte que “se desarrollarán y se mantendrán suficientes capacidades militares y la decisión de emplearlas para disuadir, individual o colectivamente, cualquier agresión que un Estado o grupo de Estados pudiese pretender llevar a cabo contra el país”.
Socio global OTAN
Uno de los apartes que llamó la atención fue el relativo al papel de Colombia en la OTAN como socio global, apunta el documento que se fortalecerán las relaciones del país con “potencias” amigas con el fin de fortalecer la estrategia de defensa de la soberanía y la integridad territorial.
“Será prioritario trabajar como Socio Global de la OTAN en el intercambio de conocimientos en áreas como inteligencia, operaciones de guerra regular, lucha contrainsurgente, narcotráfico, atención humanitaria y gestión del riesgo de desastres”.