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Uno de los temidos jefes guerrilleros de las FARC alias «El Paisa”, sigue generando zozobra y dilaciones en la implementación del acuerdo de paz. Algunos sectores se oponen al tratamiento que ha venido dando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a varios exfarc, consideran que no es la adecuada.
Actualmente, la Unidad de Investigación de la JEP se trasladó hasta la zona rural de Miravalle, Caquetá, donde presuntamente se encuentra refugiado el líder guerrillero con el fin de entregar un informe sobre su situación jurídica.
“Se recibieron algo más de 40 entrevistas, se hicieron inspecciones judiciales y se está en la estructuración del informe que recibirán los magistrados por parte del fiscal y de la comisión que se desplazó a Miravalle”, indicó Giovanni Álvarez Santoyo, director de investigación de la JEP.
Por un lado, la desavenencia de ambos jefes guerrilleros ha afectado directamente la legitimidad de la JEP, y por el otro, se suma el caso de extradición hacia los Estados Unidos de Jesús Santrich, proceso que ha enfrentado a la Fiscalía con esta jurisdicción al momento de determinar la competencia de investigación, decreto de pruebas y sanción del caso.
Los más pesimistas del acuerdo de paz señalan que el trabajo de la JEP ha sido bastante pasivo a la hora de enjuiciar a los exjefes de las FARC.
Los ires y venires
Ya son varias las veces que alias «El Paisa», exjefe de la columna Teófilo Forero aparece y desaparece, anteriormente lo había hecho con alias “Romaña” e «Iván Márquez». Luego de haber salido el pasado 26 de octubre de la zona territorial de agrupación en Miravalle se desconoce su paradero. Por lo tanto, la JEP le abrió un “incidente de verificación” para determinar su cumplimiento con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Y también por su ausencia en el caso 001 que tiene que ver con el secuestro.
En octubre pasado, con un documento dirigido a la Comisión de Paz en el Senado, «Iván Márquez» y «El Paisa» manifestaron que habían sido “traicionados”, asegurando que “el acuerdo de paz fue destrozado por depredadores sin alma”.
Cabe recordar que dos meses después de haber enviado el documento, fuentes de alto Gobierno señalaron que «»El Paisa» se encontraba albergado en Venezuela. Al parecer estaba localizado en cercanías de la región del Orinoco y estaba acompañado con 90 hombres armados.
En julio de 2017 fueron llamados a interrogatorio 31 exmiembros del secretariado de las FARC por el delito de secuestro, pero solo comparecieron Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Carlos Lozada. Los demás respondieron a través de sus abogados.
“JEP brinda un trato especial a miembros de FARC”
PanAm Post habló con el abogado Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto Libertad y Paz sobre las actuaciones de los exguerrilleros que han venido vacilando en torno a su comparecencia ante la JEP.
“Lo que vemos en la JEP respecto a «Iván Márquez», «El Paisa» y Santrich, es una muestra de los errores estructurales de esa jurisdicción; que se presentó como un mecanismo de justicia transicional para asegurar la verdad sobre el conflicto, la justicia y la reparación. Pero hasta ahora lo que proyecta es que la JEP es un tribunal creado para darle un trato especial a los miembros de las FARC”.
Añadió que ante la inoperancia de la justicia ordinaria, la JEP debía dar una pronta respuesta a los procesos por los delitos cometidos por los actores en el conflicto, sin embargo, “hasta ahora lo que estamos viendo es cómo se generan prerrogativas que permiten a ‘Iván Márquez’ y ‘El Paisa’ dilatar su sometimiento a la justicia, y en el caso de Santrich cómo entorpecen la extradición, pese a contar con las pruebas necesarias sobre su vinculación a actividades criminales luego de firmados los acuerdos”.
El experto afirmó que la estructura de esta jurisdicción junto con sus magistrados y procedimientos no están dando respuestas a las necesidades de las víctimas, que son los que merecen que el Estado colombiano les garantice justicia y no repetición.
“Es precisamente la falta de justicia la que hace que los procesos de paz fracasen, la impunidad conlleva a la pérdida de legitimidad de las instituciones del Estado. No hay paz verdadera cuando hay impunidad, privilegios y prerrogativas de unos actores sobre otros y cuando no se le dice la verdad ni se repara a las víctimas”, puntualizó.
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