Empanadas: el debate por el espacio público y la informalidad en Colombia

Una actividad rutinaria como comer en la calle, se convirtió en una pesadilla e indignación colectiva para un joven estudiante en la ciudad de Bogotá.

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Stiven Claros, joven estudiante capitalino, nunca se imaginó que por comprar una empanada en un puesto ambulante fuera obligado a pagar una astronómica suma de multa. (Twitter)

Una actividad rutinaria como comer en la calle se convirtió en una pesadilla e indignación colectiva para un joven estudiante en la ciudad de Bogotá (Colombia).

El actual Código de Policía, sancionado durante el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, dispone de un artículo que puso a hablar a todo el país y es el que tiene que ver con las sanciones al comercio informal con relación al espacio público.

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La empanada más cara

Stiven Claros, joven estudiante capitalino, nunca se imaginó que por comprar una empanada en un puesto ambulante fuera obligado a pagar una astronómica suma de multa en comparación al producto que compró. Según su versión de los hechos, lo único que hizo fue comprar la empanada de “buena fe”, cuando un grupo de policías lo abordó y le impuso la multa de USD $266 (834.000 pesos).

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Para justificar la sanción, la Policía emitió un comunicado en el que se afirma que en esa zona de Bogotá se estaba haciendo un procedimiento de control al espacio público, “en cumplimiento a un fallo de tutela contra la Alcaldía local de Barrios Unidos, presentada por la comunidad del sector, referente a retirar los puestos de ventas ambulantes”.

El Código de Policía en su artículo 140 establece una lista de actos y los señala como «comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público». El numeral 6 del mismo artículo indica que todo aquel que “promueva o facilite el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y la jurisprudencia constitucional vigente” se hallará incurriendo en una infracción.

La sanción se hizo viral en redes, tanto así que muchos usuarios contactaron al joven amonestado para ayudarlo a pagar la multa. Sin embargo, el joven Claros no fue el único amonestado. También fueron objeto de sanción los tres amigos que lo acompañaban y la señora propietaria del puesto de empanadas.

Espacio público vs. informalidad laboral

Este problema parece una cuestión que no ha podido ser resulta por las administraciones locales y es un fenómeno que ocurre en pequeñas y grandes ciudades. A mayor extensión de habitantes, mayor ocupación de espacio público, señala los diferentes estudios académicos en la materia.

Sin embargo, la propuesta, que en este caso fue de carácter legislativo, pretende corregir un hecho que no ha sido solucionada de fondo, como lo es la disputa entre el sector laboral informal y el manejo del espacio público, que incluso ha llegado hasta instancias judiciales para ser resuelto.

Según las más reciente cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la informalidad laboral en el país afectó a 10,8 millones de personas al ubicarse en el 48,2 %. La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue del 46,9 % para el trimestre octubre-diciembre de 2018, y para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país fue 48,2 %.

PanAm Post habló con el economista Daniel Andrés García sobre las sanciones que trae consigo el Código de policía y si esto ayuda al mercado laboral informal y cómo resolver esta dicotomía con el espacio público.

“Este tipo de sanciones no contribuyen a la economía informal, al parecer contribuye más al Estado en su gestión de recaudo fiscal y estadístico”. García explicó que a los trabajadores informales lo único que les ayuda son los costos, “usualmente no son actividades tan lucrativas. Por esta razón no se incluyen dentro del sistema, un ejemplo de esto es pagar impuestos o pagar un arriendo por parte del comerciante”.

“Está la señora que vende postres en la calle y luego quiere trasladarse al mercado formal teniendo un local comercial, pero esto no es lo mismo si se relaciona con los beneficios y costos que está dispuesta a asumir. Por lo tanto, en muchos de los casos lo que hace el comerciante es volver a la actividad informal”.

García manifestó que este escenario es perjudicial, pues al comerciante le cobran por entrar al sistema y también se le cobra por no hacer parte. Además, que es una tarea casi que imposible que el Estado combata la informalidad en su totalidad.

“Hablamos de un problema de índole estructural que tiene que ver con factores de pobreza y desarrollo. Un ejemplo, hace poco que estuve en Washington no recuerdo haber visto vendedores ambulantes, en Nueva York, sí. En este caso una respuesta sería que la primera ciudad tiene menos pobreza”.

Añadió, que para las razones por las que una persona sale a las calles a vender productos se debe principalmente a tres hechos: 1. no hay trabajo (limitación del sistema económico); 2. no hay trabajos disponibles (muy calificado, poco calificado); 3. ingresos adicionales o subsistencia.

El problema de la informalidad está entonces dado por la estabilidad socioeconómica, rentabilidad de actividades y, asimismo, qué tan desarrollada está una economía. Está el caso de comprar una empanada en la calle que vale USD $0,32 (1 000 pesos) a comprarla en un establecimiento de comercio que puede valer USD $0,96 (3 000 pesos).

Por último, García señaló que las sanciones que establece el Código de Policía no parece que apunten a resolver los determinantes de la informalidad.

“Me parece absurdo esconder la actividad económica como consecuencia de la ley, a lo ´dealer´. La solución sería repensar la idea de política pública, si es por espacio público, pues regularlo. En algunos casos la alcaldía crea espacios legales para que vendedores ambulantes se adecuen a las reglas formales del comercio. Aunque esto no es una solución del todo”, concluyó.

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