Irónico: FARC en contra de regulación de porte de armas en Colombia

Excombatientes aseguran que la medida incentiva el “paramilitarismo”.

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El ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que habrá dos tipos de permisos, uno de carácter regional y otro nacional. (Twitter)

Finalmente, el Ministerio de Defensa presentó la nueva normativa para el porte de armas en Colombia.

Entre las novedades de esta nueva normativa está la creación de comités que analizarán las solicitudes, la implementación de excepciones, la demostración de riesgo o vulnerabilidad para portar un arma y una evaluación trimestral de cómo está funcionando la medida, aunque no se hará a quien se le entregue el permiso especial, sino al comité.

Sin embargo, la medida ha tenido fuertes contradictores, entre ellos el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Los excombatientes que empuñaron las armas en la ilegalidad y las apuntaron contra la sociedad civil consideran que es “volver al pasado y al paramilitarismo”.

El hecho resulta irónico, pues para algunos analistas, las FARC, al momento de la dejación de armas tras la firma del acuerdo de paz con el Gobierno Santos, no entregó todas las que tenían bajo su poder. Parte de ellas están siendo utilizadas por las disidencias, que, según testimonios de excombatientes de este grupo guerrillero, fueron creadas como «retaguardias estratégicas».

Es por ellos que ahora resulta irónico que quienes en un pasado emplearon ilegalmente las armas contra la población civil y la Fuerza Pública y hoy dicen promover la legalidad hoy se opongan a que los ciudadanos puedan portar armas para su seguridad personal con permisos especiales del Estado.

Esta nueva medida, que va hasta el 31 de diciembre de 2019, se basa en una medida de control de respuesta inmediata que permite contrarrestar y reducir la probabilidad de ocurrencia de delitos y comportamientos contrarios a la convivencia.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que habrá dos tipos de permisos: uno de carácter regional y otro nacional. Es decir, si lo solicita en Bogotá, no podrá llevar al arma a Medellín o, en el caso de ser negado el permiso en una ciudad, no podrá solicitarlo en otra.

Adicional a esto, explicó que la autorización para portar un arma, que antes estaba en manos del jefe del Estado Mayor del Ejército, con la directiva, se concentrará en los comités, argumentando que “ahora no lo consideramos conveniente, porque se podía prestar para amiguismos”, dijo Botero.

El economista Mario Ortiz señaló que la medida es un avance en relación con el escenario previo: “Menos discrecionalidad y un proceso estandarizado para realizar las solicitudes. Que no creo que este blindado contra la corrupción”.

Añadió que acceder a un arma y a municiones en la mayoría del país es relativamente sencillo. “A mi juicio no estamos atacando lo que debería ser prioridad. Hay casos donde se comenten delitos con armas que habían sido previamente confiscadas”.

Por su parte, el historiador Alberto Sánchez manifestó que el control de armas involucra ocho dimensiones de regulación: fabricación y tráfico legal e ilegal; desvío desde transferencias internacionales; corrupción; posesión por parte de civiles (acceso, porte, tenencia); registro de proyectiles; rastreo; recuperación y destrucción.

“Estas dimensiones abarcan los problemas que vemos a diario: disponibilidad de armas ilegales, armas legales y salvoconductos en manos delincuentes, uso de armas legales e ilegales en diferentes delitos, balas perdidas, etc.”.

Recordó que en este caso, el Gobierno de Iván Duque opta por reducir la discrecionalidad e informalidad en la asignación de permisos especiales, ya que no crea estos permisos especiales, sino que reglamenta lo que ya existía.

“En ausencia de reglamentación de las excepciones, como ocurría hasta hoy, esos permisos especiales constituían un incentivo para la corrupción en muchas brigadas, donde funcionarios podían asignarlos y negociarlos sin que existiera veeduría ni seguimiento de ningún tipo”.

¿Cómo funcionará el porte?

El ministro Guillermo Botero indicó que el permiso se otorgará a quienes hayan tenido la certificación para portar armas, a pesar de que estuviera suspendido por el decreto 2362 de 2018.

Del mismo modo, señaló que los comités, tanto regionales como nacionales, estarán integrados por el comandante de la brigada regional, el jefe de Estado Mayor o su equivalente, un oficial de inteligencia, el asesor jurídico de la unidad militar y el jefe de la sección de Control de Armas.

Botero sostuvo que las personas que no podrán acceder al porte de armas son los que hayan incumplido el Artículo 27 del Código de Policía, relacionado con riñas o tenencia de armas cortopunzantes, o que aparezcan reportados en el Sistema de Contravenciones.

En el país hay al menos 2 millones de armas que circulan sin autorización. Solamente unas 340.000 personas naturales tienen permiso para el porte y de esas solo a 6.827 se les otorgó permiso especial en 2018, según datos del Ministerio de Defensa.

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