La disputa de Duque por volver a la aspersión con glifosato en Colombia

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, según un informe de la organización de las Naciones Unidas.

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En la audiencia el mandatario colombiano apostó por demostrar que la suspensión de la fumigación con glifosato desde 2015 produjo el auge de cultivos de coca en el país. EFE/MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Durante la audiencia sobre fumigación con glifosato en la Corte Constitucional de Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que es fundamental combatir el auge de los cultivos ilícitos. En la sesión también estuvo presente el expresidente Juan Manuel Santos, quien le pidió al alto tribunal considerar la prohibición de este herbicida.

Duque y Santos: el cara a cara del auge de la coca

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Colombia pasó de tener 40.000 hectáreas desde 1996 a tener un récord histórico entre 177.000 hectáreas, según las cuentas que hace el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, y 209.000 según el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El expresidente y el actual mandatario fueron los protagonistas en la audiencia pública que marcó la división sobre el tema, argumentos que deben tener en cuenta los magistrados a la hora de tomar una decisión sobre el uso del glifosato en los territorios con mayor presencia de cultivos ilícitos.

“Mi solicitud respetuosa es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medioambiente, a la seguridad territorial”, indicó Duque.

Se debe recordar que para el mandatario colombiano el uso del glifosato es la clave de la política antidrogas de su Gobierno.

Por su parte, Santos sostuvo que «sería un error retomar la aspersión con glifosato, no solo por las razones de riesgo para la salud y el medioambiente ya conocidas, sino porque es una estrategia que ya demostró su ineficiencia».

Antes de su salida, el expresidente autorizó el uso de drones para la pulverización de glifosato a un nivel de concentración del 50 %, más bajo que el utilizado anteriormente.

Mientras Santos cuestionó el hecho de seguir con la aspersión, Duque apostó por demostrar que la suspensión de la fumigación con glifosato desde 2015 produjo el auge de cultivos de coca en el país: “esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales”.

“Se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia, pero lo que vamos a ver ahora es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Las herramientas más efectivas se fueron desmontando y ahí lo podemos ver”, señaló el mandatario.

Otro tema que fue objeto de discusión entre Duque y Santos fue el papel de las «familias cocaleras» o aquellas que se dedican a la siembra cultivos ilícitos.

“No nos digamos mentiras, apreciados magistrados, el crecimiento que ha tenido esta expansión acelerada de cultivos ilícitos muestra que esto es una industria de carácter criminal que cuando llega a las regiones amordaza, amenaza y afecta los derechos de los propios campesinos porque los obliga, los ciñe, los lleva a un yugo donde está presente es la capacidad de influencia criminal de quien tiene el control sobre sus territorios”, expuso Duque.

A lo que replicó Santos, “tampoco puede ser que la respuesta a la buena voluntad de 130.000 familias, que han expresado su decisión de acogerse a programas de sustitución voluntaria, sea fumigarla con veneno; porque la concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca es veneno”.

Y añadió que el principal problema con el tema del narcotráfico está más allá de la aspersión química. “El verdadero problema es la resiembra. Las comunidades que sembraban continuaban, porque no contaban con recursos para la subsistencia”.

De igual modo, en contra del uso del glifosato se sumó Víctor Luna, líder comunal de Nóvita, Chocó, quien interpuso la tutela en la Corte Constitucional que ordenó la suspensión del herbicida.

“Las comunidades sintieron afectaciones en sus pieles, en la salud; tenemos registros”, señaló.

En su intervención, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que el uso del herbicida tiene los mismos riesgos cancerígenos que comer carne roja o utilizar desodorantes en aerosol.

Los datos del uso del glifosato en Colombia

El uso del glifosato no ha sido prohibido de manera expresa en Colombia, pero sí fue condicionado en 2017 por la sentencia T-316 de la Corte Constitucional. Es decir, la Corte establece unos requisitos bastantes estrictos para que el Gobierno lleve a cabo la aspersión en los territorios.

Según la presidenta del Consejo Seccional de Plaguicidas, Liliam Eugenia Gómez, el 70 % de la aplicación de glifosato se transforma en deriva, 20 % se esparce en el aire, 50 % termina en el suelo y solo se usa 30 %.

Una falla a la hora de calcular el costo de fumigación por hectárea de coca por el Gobierno se puso en evidencia. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, manifestó que “la aspersión aérea es infinitamente más barata que la erradicación” y “estamos hablando de unos $2.000.000 COP”. Es decir, fumigar una hectárea de coca según Botero cuesta alrededor de USD $632.

Al mismo tiempo, el exministro de Salud de Santos, Alejandro Gaviria, indicó que cuesta USD $70.000 ($210 millones cop), pero al año, cuando nadie más habló de periodos de tiempo.

Según un derecho de petición en respuesta a la investigadora Diana Rodríguez, el Gobierno aseguró que llevar a cabo la aspersión aérea tiene un costo de 72 millones y 23 millones erradicar manualmente.

Limitar los argumentos al glifosato se está obviando la verdadera problemática”

PanAm Post habló con Sergio Uribe, experto en política antidrogas, sobre la polémica que suscita el uso del glifosato a la hora de combatir los cultivos ilícitos.

En su perspectiva, el problema del glifosato va más allá del químico, que de no ser efectivo en su trabajo nadie se opondría a su uso.

“Lo anterior me lleva a especular que al apelar a los argumentos como los de los gobernadores de Nariño y Putumayo se ve la falta de preparación del Gobierno y la falta de liderazgo en su política antidrogas. Un Gobierno bien preparado hubiese sido capaz de dar los datos sobre cuánto glifosato usan los cultivadores de coca en sus parcelas”.

El experto agregó que los cocaleros hacen dos deshierbes entre cosechas; uno manual y otro con glifosato u otro herbicida más efectivo y tóxico.

“Además, ellos aplican una amplia gama de insecticidas (verdaderamente tóxicos) que contaminan las fuentes de agua y acaban con los insectos benéficos como las abejas. ¿Quién mencionó esto en las audiencias? ¿quién puede garantizar que los riesgos para la salud de esta población no se originan en la manipulación de insecticidas y agroinsumos sin protección alguna? Al limitar los argumentos al glifosato se está obviando la verdadera problemática, los agroquímicos son peligrosos y más aún cuando se aplican en una industria ilegal”, concluyó.

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