Por qué EEUU retira visas a magistrados de altas cortes en Colombia

Tensión en Colombia por decisión de la Embajada de EE. UU. de revocar algunos visados a magistrados.

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Este impase ha causado revuelo en la clase política del país, pues aseguran que los Estados Unidos, a través del Embajador Whitaker, ha presionado a juristas, parlamentarios y políticos. (Twitter)

Crece la tensión por la decisión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia de revocar a algunos visados a magistrados de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Sectores de izquierda denuncian que con este tipo de decisiones se quiere presionar a los magistrados para que fallen de acuerdo con los intereses del Gobierno norteamericano.

Después de unos días el presidente Iván Duque, a través de un comunicado, señaló que Colombia respeta la cooperación entre ambos países y la autonomía de los poderes, refiriéndose a la Corte Constitucional. Es decir, no se refirió a fondo sobre la aparente presión que tiene EE. UU. sobre la justicia colombiana en relación con las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la extradición de exjefes guerrilleros y la fumigación con glifosato.

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Al respecto, el presidente Iván Duque habló en las ultimas horas con el embajador Kevin Whitaker, a quien le comentó lo denunciado por los magistrados. Según diferentes medios, el mandatario colombiano no habría pedido el restablecimiento de las visas, pero sí pidió que tuviera en cuenta las inquietudes expresadas por los juristas.

Según el Gobierno del presidente Donald Trump, ese país, como ha sido costumbre, no se pronunciará sobre casos individuales, «pues los expedientes de visas son confidenciales” y cada caso es particular.

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Esta situación ha causado revuelo por una presunta injerencia de EE. UU. en asuntos internos de Colombia mediante la representación diplomática del embajador Kevin Whitaker, quien, según algunos parlamentarios del bloque “pro-paz”, ha presionado a magistrados y congresistas para que tomen decisiones de alto calibre en un sentido específico. Puntualmente se refieren al caso del líder de las FARC Jesús Santrich y su posible extradición, y a las objeciones presidenciales a la JEP que volverán a ser examinadas por la Corte Constitucional.

Según una fuente del PanAm Post, algunos magistrados de las altas cortes han “defendido” a una serie de narcotraficantes impidiendo su extradición pese a las evidencias presentadas por EE. UU. Por ejemplo, la extradición de Julio Enrique Lemos capturado en 2009 por los delitos de secuestro y narcotráfico es uno de los  procesos frenados por la Corte Suprema de Justicia.

Este tipo de casos, sumado a las decisiones que ha tomado y que tomará la JEP, es lo que habría impulsado al gobierno norteamericano a tomar decisiones diplomáticas.

El camino de Whitaker

Desde abril, algunos congresistas afirmaron que el embajador Kevin Whitaker hacia lobby  para lograr que las objeciones presidenciales a la JEP fueran aceptadas por el Congreso. La primera cita fue con los parlamentarios de la Cámara de Representantes en la que expresó su preocupación por los impedimentos que se pueden presentar en los procesos de extradición por los delitos de narcotráfico. Cabe recordar que esta información fue filtrada por el representante a la Cámara John Jairo Claros. Posterior a este encuentro, la embajada le quitó la visa a Claros. Y Whitaker días después también citó a magistrados de la Corte Constitucional, sin embargo, la reunión nunca se llevó a cabo.

Pese al encuentro con los parlamentarios, las objeciones no pasaron en la Cámara, caso contrario de lo que pasó en el Senado. Actualmente, se debate si se cumplió o no con el quórum exigido para votar las objeciones. El bloque denominado “pro-paz” manifiesta que las objeciones no pasaron y partidos afines al Gobierno señalan que sí pasaron. Justamente, quien tiene la última palabra sobre este tema es la Corte Constitucional, de la que hacen parte dos de los magistrados a los que les fueron canceladas las visas.

Sin embargo, días después, los magistrados de esta Corte, Diana Fajardo y Antonio Lizarazo, recuperaron el permiso migratorio. Ambos togados habrían entregado documentación que acreditaba que ninguno tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana. Eyder Patiño, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sala penal, afectado por la revocatoria de la visa manifestó no “necesitarla”.

La presidente de la JEP, Patricia Linares, se ha solidarizado con los magistrados pero ha señalado que hasta el momento no ha sentido presión por parte del Gobierno estadounidense. Entre tanto, los magistrados de las altas cortes en solidaridad amenazaron con no volver a producir fallos relacionados con los temas por los cuales alegan estar presionados por EE. UU.

La presunta injerencia de EE. UU. en asuntos internos

Esta no es la primera vez que EE. UU. le quita la visa a altos funcionarios colombianos. El caso más controversial fue el del expresidente Ernesto Samper (1994-1998) a quien le retiraron el visado debido a la financiación del Cartel de Cali a su campaña, lo que se conoció en el país como el caso 8 000.

A pesar de que el país norteamericano maneja estas decisiones de manera discreta y bajo perfil, se ha filtrado la información de que también se estaría evaluando cancelar la visa de los magistrados que integran la JEP. Tal como ocurrió con Marta Lucía Zamora, directora administrativa de esa justicia especial, por presuntamente encubrir a exjefes de las FARC.

Al respecto, PanAm Post habló con Alfredo Pertuz, abogado constitucionalista, sobre la polémica que generó la cancelación de las visas a los togados, y sobre si esto sería una forma de presión por parte de EE. UU. a través de su embajador en Bogotá.

A su juicio, cada país es autónomo y libre de admitir o no personas en su territorio. Y destacó que esta decisión se convirtió en una pugna sin que tenga derecho siquiera a serlo.

Los Estados, a través de sus autonomías diariamente revocan visas sin pronunciar los motivos de la decisión, y estaría de más que así lo hicieran.

Pertuz aseguró que se ha podido entender que «el ser magistrado de una alta corte, no resulta una renuncia al carácter de ciudadano y  no todas las cosas que le suceden al ciudadano son causa o consecuencia de ese fuero».

«Lo que se afectó, en el caso de la revocatoria de las visas por parte de EE. UU., fue un atributo del ciudadano, más no de magistrado, por tanto, flaco favor hace a la democracia que la institucionalidad se vea abocada a pronunciarse o reclamar derechos ciudadanos particulares, en ocasión a un fuero”, indicó.

¿Qué dice el Gobierno colombiano?

Sobre esta polémica, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez sostuvo que si bien respetan esas determinaciones diplomáticas «espera que las mismas sean tomadas con objetividad y argumentos”. Asimismo, el canciller Carlos Holmes Trujillo espera que los problemas de las visas de algunos magistrados «se resuelvan conforme a las normas y procedimientos de dicho Estado, como acontece en estos casos de conformidad con el derecho internacional”.

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