Las denuncias contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia y contra magistrados de esta misma justicia fueron ratificadas en los últimos días.
Se trata de una denuncia interpuesta por Lina Navarro, estudiante de derecho, quien aseguró que los togados de esa justicia especial presuntamente incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asuntos sometidos a reserva.
Luego de recibir la denuncia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra de la presidente de la JEP, Patricia Linares, y contra el magistrado Alejandro Ramelli, por filtración ilegal información.
Según la estudiante, el magistrado le entregó a Linares, mediante un correo electrónico, información sobre la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la JEP, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente. Esto lo pudo hacer ya que en ese entonces Ramelli trabajaba como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional.
En este sentido, la denunciante acudió a una diligencia judicial que, por motivos de seguridad, no fue realizada en las instalaciones del Congreso, para ratificar así sus denuncias en contra de los funcionarios de la justicia transicional colombiana. También se le pidió al exsecretario ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, declarar para que amplíe las denuncias que hizo en su momento por este caso. Correa fue suspendido por la Procuraduría luego de haber otorgado permisos de viaje a exguerrilleros cuando era secretario ejecutivo de la JEP.
Al mismo tiempo, se estableció ordenar una inspección a los computadores de la Corte Constitucional para determinar si hubo intercambio de correos entre Ramelli y Linares.
La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes continuará adelantando la indagación y se espera conocer una decisión frente a este proceso en los próximos días.
¿Navarro uribista?
En Colombia, el Centro Democrático, partido de Gobierno, es uno de los principales objetores de la justicia especial. Por esta razón, acusaron a la joven estudiante de ser uribista o de militar en las filas de ese partido.
Sin embargo, la misma estudiante negó los señalamientos: “soy una estudiante de derecho que ha tratado de forjarse en su carrera profesional con mucho esfuerzo como cualquier ciudadano, eso no tiene nada de extraño”.
Y añadió, en una entrevista en la radio local, que temía por su integridad, pues solo hizo una denuncia que nunca pensó trascendería a tanto.
Denuncian a magistrados de la JEP que frenaron la extradición de ‘Santrich’
Otra de las denuncias contra magistrados de la JEP es la que tiene ver con aquellos que tomaron la decisión de ordenar la libertad del guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, y que impidió a la vez su extradición.
La denuncia por prevaricato fue instaurada en la Comisión de Acusación de la Cámara y fue interpuesta por la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín.
“Teniendo en cuenta el sustento jurídico de la denuncia contra los tres magistrados de la JEP, las pruebas que se incluyeron y, lo más importante, el testimonio de las dos magistradas que hicieron salvamento de voto. Lo procedente es que prospere en la Comisión de Acusaciones el proceso por prevaricato contra los tres magistrados de la Justicia Especial para la Paz”, indicó la senadora Holguín para el PanAm Post.
Los magistrados de la JEP que fallaron a favor de Santrich, y que fueron denunciados, son Jesús Ángel Bobadilla, Caterina Heyck Puyana y Adolfo Murillo Granados.