Preocupación en Colombia ante la reactivación de exguerrilleros de FARC

A partir de finales de 2018 la cifra de exguerrilleros que retornaron a la clandestinidad aumentó en más de un 30%.

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El informe reveló que actualmente operan 31 grupos clandestinos de las FARC en el país. (Youtube)

El Gobierno colombiano alertó sobre el incremento de las filas de combatientes al interior de la guerrilla de las FARC. De acuerdo con las estimaciones, cerca de un tercio de los exguerrilleros desmovilizados han vuelto a la clandestinidad.

Un informe de inteligencia conocido por Reuters explica que a partir de finales de 2018 la cifra de guerrilleros aumentó en más de un 30%. El Gobierno del presidente Iván Duque estima que los combatientes residuales siguen operando en la selvas y montañas colombianas, y que este numero alcanzó los 2 300 miembros.

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El informe reveló que actualmente operan 31 grupos clandestinos de las FARC en el país y que están en territorios donde hay presencia de cultivos de hoja de coca, precursores químicos de la cocaína, y también las regiones que cuentan con yacimientos de oro son ocupados para llevar a cabo minería ilegal.

Precisamente, esta alarmante cifra es cercana a los 2 000 hombres estimados que conforman actualmente las filas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según datos de las autoridades colombianas.

El mayor aliciente y caldo de cultivo de los guerrilleros de volver a la guerra son los portafolios de economía criminal, sumado al complaciente tratamiento que les da el régimen de Nicolás Maduro. El boom del narcotráfico en Colombia y Venezuela es una de las principales razones para seguir empuñando las armas, además de la explotación de oro en el estado de Bolívar en Venezuela y la cercanía «ideológica» entre ambas organizaciones. Cabe destacar que en ocasiones hay “pactos securitarios” entre estas organizaciones, incluyendo a grupos paramilitares a los que les permite seguir operando en territorios cruciales para la ejecución de planes criminales. De lo contrario, libran enfrentamientos a muerte donde no hay acuerdos entre dichas organizaciones.

De esta manera, el informe destaca que este aumento de combatientes es un “un riesgo para la seguridad nacional”.

“No todos los que conformaban las redes de apoyo al terrorismo se acogieron al proceso de paz, quiere decir que  quedó una amenaza latente que, de alguna manera, es lo que ha permitido que estos grupos armados residuales vaya creciendo”, puntualizó el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.

Sin embargo, para Kyle Jhonson, analista de seguridad del Crisis Group, el cálculo es erróneo.

“Mínimo 800 de los 2 300 nunca aparecieron para desmovilizarse y otros 300 (mínimo) son nuevos: máximo 1 200 son exguerrilleros que volvieron (ese número realmente es un poco más bajo). De 6 804, 1 200 representa un 17,5% – y de 13 000 (el total de desmovilizados), es 9%”.

Al parecer no hay un número consolidado de «disidentes» de las FARC, teniendo en cuenta que 6 804 combatientes se reportaron a los sitios de desmovilización en 2017. Lo cierto es que la cifra va en aumento, pues muchos han manifestado estar desilusionados por incumplimientos de los acuerdos de paz, y otros para dedicarse al crimen organizado.

¿Quién tiene la responsabilidad?

Al conocerse el informe, de inmediato las acusaciones pesaron sobre el presidente Iván Duque, por presuntos incumplimientos del gobierno y por su cruzada a favor de las objeciones presidenciales a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que finalmente fueron rechazadas. Luego también de haber acusado al líder guerrillero Jesus Santrich de ser un narco, pese a la decisión de la justicia especial de ordenar su libertad por supuestamente no haber puebas concluyentes.

PanAm Post habló con Carlos Chacón, director del instituto Libertad y Paz, sobre las razones que han impulsado el aumento de combatientes de las FARC y si hay alguna responsabilidad del gobierno Duque. A su juicio, es insensato culpar al actual gobierno, y de hecho, culpar al Estado.

“Efectivamente hay problemas en la implementación de los Acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC, especialmente presupuestales y que vienen del anterior gobierno, pero eso no es justificación para los que supuestamente se habían desmovilizado, porque buscaban reintegrarse a la vida civil y ahora quieren vincularse nuevamente en actividades criminales. No podemos seguir en la retórica de culpar al Estado o a los gobiernos de turno porque se conformen estructuras criminales y la gente decida dedicarse a delinquir para su lucro o para ejercer la violencia política para imponer ideologías colectivistas de corte socialista mediante el terrorismo y el crimen organizado transnacional, disfrazados ambos de insurgencia”, concluyó.

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