El Consejo de Estado de Colombia admitió una demanda en la que se solicita la pérdida de investidura contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta violación del régimen de inhabilidades.
Según la demanda, Uribe habría violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que establece el artículo 183 de la Constitución Política. Esto tras haber participado en la votación del proyecto de Ley estatuaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pese a que ya se le había aceptado un impedimento.
Uribe se había declarado impedido de votar el articulado de la ley estatutaria de la JEP debido a que su hermano es investigado por presunta financiación de un grupo paramilitar.
En 2017 el jefe del partido oficialista, Centro Democrático, habría participado activamente de las votaciones a pesar de estar impedido. Votación en la que se discutió y aprobó la Ley Estatutaria. Según las actas del Senado, en la pasada legislatura fueron aprobados 14 impedimentos para votar la ley, de los cuales seis seguían vigentes, entre ellos el de Uribe.
El maltrecho camino de las objeciones presidenciales a la JEP
El presidente Iván Duque quedó agotado institucionalmente por la defensa de las objeciones presidenciales a la JEP, reparos que no pasaron en el Congreso, decisión que fue ratificada por la Corte Constitucional. El alto tribunal determinó que las seis objeciones presidenciales hechas por el mandatario no pasaron en el legislativo, lo que obligó finalmente a que Duque sancionara la polémica ley estatutaria.
Cabe destacar que como senador del Centro Democrático Duque se perfiló como un asiduo defensor de la tesis de realizar reformas a la justicia especial acordada en las negociaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba.
Según el abogado constitucionalista Maria Cajas, el entonces senador demandó la inconstitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2016 (procedimiento fast track) ante la Corte Constitucional (C-332/2017), “y también formuló reparos al fallo que ‘convalidó’ la decisión del Congreso ante los resultados del plebiscito del 2016 (C-699/2016)”. El jurista agregó que es difícil que la trayectoria institucional registre un presidente con tantos roles jurídicos y políticos, que en últimas convergen en un tema.
Por su parte, Duque no ha estado solo, el expresidente y senador Uribe ha acompañado este camino de críticas al acuerdo y reparos a la JEP. A esta petición, el jefe político ha emprendido otra cruzada institucional y es la reforma a la rama judicial en Colombia asegurando que existe un activismo judicial peligroso de la mano de una probada corrupción.
Sobre reformas: Una sola Corte, suprimir JEP, reducir Congreso https://t.co/n5IhS9Ctdx
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 14, 2019
Entre su propuesta se encuentra reducir el tamaño de del Congreso y suprimir las altas cortes por un alto tribunal que concentre las diferentes jurisdicciones.
En redes sociales muchos usuarios se han manifestado sobre el malestar generado con las decisiones judiciales y la incertidumbre por la falta de garantías jurídicas e imparcialidad a la hora de fallar. Precisamente, Uribe se refirió hace poco sobre el polémico fallo que declaró inexequible la prohibición del consumo de drogas y alcohol en sitios públicos.
El referendo tiene 3 puntos, pero hay 2 primordiales:
1-Derogar la JEP
2-Revocación de cortesVuelvo y aclaro: Este movimiento CIUDADANO nada tiene que ver con CD, ni con el presi Uribe. El enfoque es claro: La justicia no funciona y estamos en manos del narcoterrorismo.
— Sofy Casas (@SofyCasas_) June 17, 2019
Al respecto, Uribe ha señalado que “los ciudadanos tienen derecho a oponerse a decisiones de cualquier rama del poder, a través de expresiones constitucionales del Estado de Derecho y crear conciencia, un Estado de opinión. La dictadura de las jueces también es inaceptable”.
Hasta ahora el exmandatario no se ha referido sobre la aceptación de la demanda que solicita la pérdida de investidura como senador.