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Colombia se encuentra en una encrucijada, si le dice no al fracking debe buscar millonarios recursos para solventar la autosuficiencia petrolera, disminuir las exportaciones e irse olvidando de las divisas procedentes de la exportación de crudo. Si le dice sí, debe lidiar con los argumentos de opositores, grupos colectivos de presión ambiental y comunidades que persisten en rechazar la actividad.
El Gobierno colombiano defiende la práctica y asegura que traerá al país mayor inversión y autosuficiencia petrolera. A tal punto, que desde ya se hacen cuentas con los activos que generará esta técnica en el país, que suman alrededor de unos $14 billones COP adicionales por año (4 500 millones de dólares), según estimaciones del Ministerio de Hacienda. Asimismo, se estima que en materia de gas natural se tendría reservas para 30 años, de acuerdo con los cálculos que hace el Ministerio de Minas y Energía en cuanto a la producción que permitiría asegurar la autosuficiencia del combustible.
Sin embargo, el Consejo del Estado tiene la última palabra sobre el futuro del fracking en Colombia. El Alto Tribunal administrativo aún no decide si darle vía libre no. Por ahora ordenó crear una nueva comisión de expertos (adicional a la nombrada por el Gobierno) con el propósito de evaluar las consecuencias costo-beneficio de aprobar o negar la implementación la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales.
PanAm Post habló con Juan Pablo Ruiz, destacado economista y quien cuenta con una vasta trayectoria en el sector público y privado en materia de estudios ambientales y de desarrollo. Actualmente, hace parte de la comisión de expertos que apoyará al Consejo de Estado en la toma de decisión sobre el futuro del fracking en Colombia.
¿Actualmente está prohibido el fracking en Colombia?
El Consejo de Estado suspendió los actos administrativos por los cuales el Gobierno Nacional había fijado los criterios para la exploración y la explotación de hidrocarburos por Fracking o yacimientos no convencionales, mediante el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución 90341 de marzo 2014. Esto fue una determinación que tomó un magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado que se llama Ramiro Pazos Guerrero, y argumenta que la autorización en Colombia para el desarrollo del fracking puede acarrear una afectación grave al medioambiente y a la salud humana, y exige entonces ajustes en la parte legislativa.
Por el momento, no está aplicable esta legislación que permitiría tramitar la licencia para fracking. Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente, a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), ha suspendido los trámites de las licencias que estaban solicitando autorización para hacer fracking comercial.
En caso de ser negativo, ¿cómo puede el Gobierno enfrentar un problema de balanza de pagos y de abastecimiento de combustibles?
Evidentemente la inexistencia de los recursos del petróleo genera excedentes que contribuyen a evitar el difícil fiscal o disminuirlo. En el caso de las exportaciones, naturalmente el petróleo ha sido un generador de divisas y el hecho de no disponer de recursos de fracking obligaría al país a buscar alternativas diferentes.
En este momento, Colombia tendría petróleo para seis años y gas para nueve o diez. Desde luego, en el caso del primero, el país extrae tres veces la cantidad que utiliza para su consumo interno. Lo cual quiere decir que en el caso de que no se haga fracking, tendríamos que disminuir el ritmo de las exportaciones para asegurar mayor tiempo de autoabastecimiento. Sin embargo, esto genera una disminución en el ingreso de las divisas procedentes de la exportación del petróleo.
¿Qué sectores se oponen a esta práctica?
Hay diversos grupos de opinión y de interés que se han opuesto a la práctica del fracking. Hay una organización que se llama ´Colombia libre de Fracking´ que ha estado evaluando y haciendo seguimiento al tema de fracking en el contexto internacional y que argumenta que es una actividad que no debe adelantarse en Colombia. También hay algunos grupos locales en los sitios donde se ha hecho explotación de yacimientos convencionales que consideran que hay ciertos pasivos ambientales que no han sido cubiertos por la actividad de hidrocarburos. Y también hay un grupo amplio de organizaciones ambientales y de ciudadanos en general que se basan en la información que han recibido de la prohibición de fracking en algunos países. Tras hacer una revisión de aproximadamente 11 200 artículos indexados en revistas de carácter científico, vimos que las respuestas son muy diversas frente a diferentes actividades asociadas al fracking.
¿En los territorios que se oponen a esta práctica cuál es la propuesta de reemplazo en términos económicos?
No es que exactamente haya una propuesta de reemplazo de la actividad. Al interior de la comisión sí hay diferentes propuestas respecto a cómo las comunidades en caso de que la evaluación integral costo-beneficio diese positivo en el sentido en que los beneficios fueron mayores que los costos, aun incluyendo una cuantificación de todos los costos asociados a la degradación ambiental y a los efectos sociales y ecosistémicos negativos.
En este sentido, las comunidades tendrían participación sobre las ventas totales del sector hidrocarburos asociados a los yacimientos no convencionales, otro puede ser las utilidades que genere esta utilidad. Habrá que definir y acordar cómo participarían las comunidades para beneficiarse económicamente de esta actividad.
