Más de 700 exguerrilleros podrían ser excluidos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, debido a que hasta la fecha no se han identificado ni han cumplido los compromisos adquiridos con la justicia transicional.
De acuerdo con las autoridades, el grueso de guerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo con el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos suma un total de 13 000 hombres. De ese número, cerca de 10 500 siguen en el proceso de reincorporación a la vida civil, y de los 2 500 restantes el Gobierno del presidente Iván Duque desconoce su paradero.
En esta cifra se incluyen “disidentes”, y otras personas que no están al interior de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), pero que hasta el momento tampoco se ha podido comprobar su reincidencia en el conflicto armado.
Gobierno y JEP buscan excluirlos
Sobre el futuro de los guerrilleros, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y la presidente la JEP, Patricia Linares, intercambiaron dudas sobre cuál es el organismo encargado de excluir a los guerrilleros de estas listas.
El Alto Comisionado para la Paz manifestó en un principio que según la sentencia de la Corte Constitucional sobre la JEP, le correspondía a esta la tarea de verificar el listado entregado por FARC y excluir a aquellos hombres que no estuviesen cumpliendo lo acordado. De igual modo, Ceballos recordó que este era uno de los argumentos que hizo parte de las objeciones presidenciales a la JEP. Objeciones que no pasaron en el Congreso de la República.
Pese al llamado de Ceballos, la presidenta de la JEP aseguró que la acreditación de los excombatientes de las FARC es competencia exclusiva de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Por este motivo, Ceballos aseguró que ambos organismos acordaron crear una mesa técnica que evalúe la situación especial de los excombatientes que no aparecen.
“Hemos acordado con la JEP crear una serie de mesas técnicas de trabajo conjunto, para estudiar los casos de las 724 personas y otras más que deban o no ser excluidas de las listas. Quiero aclarar que esas personas nunca se acercaron a firmar los compromisos y tampoco se identificaron”, indicó el Alto Comisionado.
Ceballos aclaró que “esas 724 personas, a pesar de haber sido incluidas por las FARC en sus listas, nunca se acercaron a firmar los compromisos ni se acercaron a identificarse para obtener los beneficios de la JEP”.
“Hay que evitar que los colados entren a la JEP”
El Alto Comisionado ha señalado que se busca trabajar de manera armónica para cerrarles la puerta a los narcotraficantes que se quieran “colar” en la justicia especial. Cabe recordar que el Gobierno nacional le ha cerrado las puertas de la JEP a grandes capos.
Este tipo de personas cometieron delitos que nada tienen que ver en el conflicto armado interno, pero se presentan ante la JEP porque buscan los beneficios judiciales de ese tribunal. Están comprobados incluso los casos de delincuentes que pagan por hacer parte de los listados de guerrilleros que en su momento entregó la antigua agrupación guerrillera al Gobierno Santos.
De esas listas se ha logrado expulsar a grandes capos, como es el caso de Olindo Perlaza Caicedo, alias ‘Olindillo’, narcotraficante que había sido incluido en las listas que las FARC presentaron a la JEP. Dicha captura representó un duro golpe contra las estructuras dedicas al narcotráfico que envían droga hacia el exterior desde el Pacífico nariñense.
Recientemente, alias ‘Gárgola’, capo de la organización paramilitar La Constru que fue capturado, también se comprobó como otro caso de filtración en el listado de beneficiarios de la JEP. Al máximo líder de La Constru, que opera en el sur del país, le atribuyen nexos con carteles de la droga mexicanos, como el de Sinaloa.
.@PoliciaColombia con apoyo de @FiscaliaCol dio un importante golpe al grupo delincuencial organizado 'La Constru': se capturaron 14 integrantes de este GDO que delinque en Putumayo, incluido su máximo cabecilla, alias 'Gárgola'. Fue capturado en Soacha, Cundinamarca
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) June 28, 2019
El procurador general de la nación, Fernando Carrillo, también se ha referido a esta situación en la JEP, y puso en conocimiento lo ocurrido con el caso de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, quien fue recibido en la JEP por un delito que nada tenía que ver con el conflicto, dado que Suárez Corzo fue sentenciado por homicidio por la muerte del excontralor departamental, Alfredo Enrique Flórez el 6 de octubre de 2003.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de las listas de beneficios de las FARC han sido expulsadas más de 40 personas.