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El Gobierno colombiano señaló que ha capturado a más de 40 personas por el asesinato de líderes sociales. Recientemente, ocho personas fueron capturadas, todas pertenecientes a organizaciones armadas como el Clan del Golfo, Los Caparros, Los Pelusos y delincuencia común.
“Con un apoyo decidido de las Fuerzas Militares se han logrado ocho capturas de estos delincuentes que están incluidos en el cartel de más buscados, que corresponde a un 26 % de la meta que nos hemos propuesto”, indicó el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.
Según la fundación Ideas para la Paz, entre el 1° de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, han sido asesinados cerca de 837 líderes sociales y excombatientes de las FARC en todo el país. Ante estos hechos, se tiene prevista una marcha para este 26 de julio a favor de la protección de líderes sociales.
Durante la instalación de la nueva legislatura el pasado 20 de julio, el presidente Iván Duque comentó que seguirán tras organizaciones delincuenciales, “(…) porque el Gobierno Nacional hará todo lo que deba hacer por preservar y proteger las vidas de todos los colombianos”. Mientras tanto, las autoridades continúan en la búsqueda de personas implicadas en el asesinato de los líderes sociales a lo largo del país, con el apoyo de un grupo élite conformado por 51 uniformados.
Reiteramos nuestro compromiso con la causa de la protección y defensa de los líderes sociales, víctimas de grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de extracción ilegal de minerales. Hemos reducido estos crímenes y continuaremos trabajando hasta llevarlos a cero. pic.twitter.com/adwJMq5DmP
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 25, 2019
La Defensoría del Pueblo en los dos últimos años ha emitido 114 alertas tempranas, que toman en cuenta a 162 municipios del país y en los que se explican los riesgos de los líderes de derechos humanos.
En este sentido, el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó una critica a las alertas emitidas por el organismo. A su juicio, no son tomadas en cuenta por las autoridades locales, departamentales ni de orden nacional.
“Cuando la Defensoría emite una alerta temprana es para trabajarla y seguir las recomendaciones. No puede ser que las autoridades municipales, departamentales y nacionales no se tomen con rigurosidad las alertas tempranas que emitimos”, Carlos Negret, Defensor del Pueblo. pic.twitter.com/pQ0YhMuPZx
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 15, 2019
Sobre el término líder social se ha generado una disputa conceptual entre los diferentes partidos políticos, pues en algunos casos registrados hay personas que se adjudican ser líderes sociales, pero han resultado ser integrantes de organizaciones terroristas, así lo ha denunciado la derecha en el país.
#20deJulio Recordarle a bancada de oposición, que los líderes sociales no los mata el pdte ni el gbno. Los matan los grupos terroristas que tienen al lado con curules y los otros que quieren meter al Congreso, de igual forma:
➡️ Sin reparar
➡️ Sin decir verdad
➡️ Sin pagar penas https://t.co/YhotyAk9GR— Fabian Mendoza (@Fabianmendoza) July 20, 2019
Las protestas, marchas y críticas contra el Gobierno de Duque sobre la protección a los líderes viene de organizaciones de izquierda y progresistas, que consideran que el presidente no está haciendo lo suficiente para controlar el flagelo. Sin embargo, se debe destacar que estas muertes están asociadas, -como apunta el Gobierno-, a territorios de difícil acceso y de violencia.
¿Por qué la muerte de los líderes sociales?
El Decreto 2137 de 2018 por el cual se crea la Comisión Intersectorial del Plan de Acción Oportuna (PAO), establece la integración de los ministerios de Justicia, Interior y Defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía y el Ejército, como los principales actores de la estrategia que busca frenar los homicidios.
Para el Gobierno colombiano la violencia contra este sector poblacional se debe en gran parte por la lucha del control territorial y social en zonas estratégicas que se ha intensificado entre 2017 y 2019, sumado a otros factores específicos de cada territorio, que han puesto en riesgo a defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas.
Gracias a la implementación del PAO se ha logrado reducir la tasa de asesinatos contra líderes sociales, según indica el Gobierno. Esta estrategia fue presentada cuando el mandatario cumplió 100 días en el poder.
“Desde el año 2016 y en lo corrido del 2018, grupos armados organizados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales, que han implicado el incremento de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos y periodistas, en las zonas donde existe competencia entre varios grupos armados organizados o delincuenciales por el control del territorio empleado para el narcotráfico, la extracción ilícita de yacimientos mineros y otras actividades ilícitas, así como la consolidación de nuevas alianzas entre dichos grupos”, señala el documento.
Entre los departamentos más afectados por el asesinato de líderes sociales se encuentra Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, Chocó y Córdoba. Se explica, además, que aunque no es un fenómeno exclusivo de estos territorios tienen en común presencia de portafolios de economía criminal como la extracción ilícita de yacimientos mineros, cultivos de uso ilícito como hoja de coca, marihuana y amapola, y el desarrollo de negocios vinculados con el narcotráfico.
Hasta ahora no hay una estadística que contabilice adecuadamente el asesinato de estos líderes. Por lo tanto, las mediciones no siempre dan igual. Presidencia habla de 274 asesinatos entre 2016 y lo que va de año, según datos de la ONU; el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) habla de 648 a corte de 2018. Indepaz contabiliza 702 asesinatos con corte a abril y la Defensoría del Pueblo registra más de 500, también contando lo que va de este año.
