El Gobierno de Colombia lanzará una campaña que busca no estigmatizar a los antiguos guerrilleros y ahora políticos del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en las elecciones locales y regionales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.
Según el consejero Presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, estas medidas de seguridad apuntan a garantizar la integridad y la vida de los candidatos en la próximas elecciones. No obstante, la medida generó rechazo entre los colombianos, pues muchos de los antiguos guerrilleros no han pagado por sus delitos derivados del conflicto armado, incluidos los que actualmente representan al partido FARC en el Congreso de Colombia.
Estigmatizar significa ofender la fama, el honor o la dignidad de una persona. Cual es la fama, honor o dignidad de un grupo terrorista que no pide perdón, no repara, no reconoce ? Pues la de secuestradores y violadores .
— Iván Cancino (@CancinoAbog) August 26, 2019
Otra de las cosas por las que incomoda esta medida, es por la reincidencia de los guerrilleros que se vieron beneficiados con la firma del acuerdo y que a la fecha se encuentran prófugos, posiblemente conformando nuevas estructuras armadas. Ellos son alias Jesús Santrich, Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez Saldarriaga (El Paisa) y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.
Es claro que en la sociedad colombiana genera mucha resistencia la presencia de las FARC en el Congreso, al cual llegaron gracias al acuerdo Santos-FARC y no a una decisión democrática de los colombianos.
Cabe destacar el episodio vivido por el máximo líder guerrillero de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, cuando fue candidato presidencial en las pasadas elecciones. En el marco de su primera gira por la presidencia en Colombia fue abucheado por una multitud de ciudadanos en Armenia, capital del departamento del Quindío. Fue tanto el rechazo social en las calles que el exlíder guerrillero decidió declinar a su aspiración política.
— MAURICIO DILLINGER (@mauriciotjmt) February 3, 2018
En su momento, Timochenko aseguró que este tipo de acciones de rechazo a los miembros de las FARC correspondía a una campaña de desprestigio que se ha venido haciendo por más de 50 años.
En este sentido, el Gobierno de Iván Duque ya viene trabajando en algunas medidas que ya están en marcha. Se destaca el acompañamiento permanente de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, (UNIPEP) a los candidatos y coordinadores de seguridad del partido FARC con el fin de establecer rutas de coordinación en caso de alertas de seguridad en desplazamientos y eventos públicos en el país.
“Las medidas dispuestas por el Gobierno establecen entre otros aspectos, mecanismos adicionales de acompañamiento a candidatos Farc, protección de sedes políticas, seguridad a votantes, seminarios de seguridad y una robusta campaña contra la estigmatización”, indicó Archila.
El Partido FARC tiene como objetivo presentar 17 candidatos para alcaldías (tres en el departamento del Tolima; dos en Antioquia, Bolívar, Cauca Magdalena y Santander, y uno en Atlántico, Cundinamarca, Valle y Vichada), 18 candidatos a asambleas departamentales, 249 a concejos municipales y 25 a Juntas Administradoras Locales (JAL).
Muerte de exguerrilleros
Una de las principales garantías de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos era la protección de los excombatientes una vez entregadas las armas con el firme compromiso de cerrar el conflicto y no reincidir. Por esta razón, fueron creados los diferentes Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) donde se situaban una vez se surtía el proceso de reincorporación a la vida civil. Sin embargo, un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) asegura que los excombatientes están dispersos y su seguridad es un reto para el actual Gobierno.
Es decir, de los 13 011 desmovilizados que estaban en los espacios de reincorporación en el país, solo el 26 % (unos 3 366) siguen en estos espacios. De muchos de ellos se desconoce su paradero y otros han vuelto a engrosar las filas de organizaciones armadas, entre ellas las “disidencias” de las FARC. El pasado 15 de agosto estos territorios cumplieron dos años desde su creación.
La FIP señaló que entre abril del 2017 y junio del 2019 se registraron 121 agresiones contra excombatientes, de las cuales 82 corresponden a homicidios, un 0,6 % de los que se acogieron al proceso. El 80 % de los asesinatos ocurrieron en cinco departamentos donde continua el conflicto armado: Cauca (24 %), Nariño (22 %), Antioquia (19 %), Norte de Santander (8 %) y Arauca (6 %).
Precisamente, el líder guerrillero y prófugo de la justicia, Iván Marquez, criticó en algún momento que los miembros de las FARC que se sometieron el proceso hayan entregado las armas. Para el guerrillero fue un “grave error”, pues los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpliera lo pactado.
“La línea de no estigmatizar a las personas del partido de las FARC va acorde con lo que se insistió en campaña”
PanAm Post habló con el analista político Julio Mejía sobre la medida y las garantías de protección a exguerrilleros. A su juicio, es una política responsable, aunque no se esté de acuerdo con que existan partidos totalitarios, ni con que la firma del acuerdo se pase como un proceso legítimo, “porque no lo fue”.
“Respetar los acuerdos simplemente y tratar de hacer todos los cambios necesarios por la vía institucional fue en realidad uno de los temas en que más insistió el presidente Iván Duque, la idea de volver a la institucionalidad o fortalecerla. En este sentido, el Gobierno ha tenido una política muy clara de protección a los excombatientes”, indicó.
Para Mejía, la idea más allá de la discusión si el acuerdo es válido o no, es no generar acciones que repercutan o disparen los homicidios.
Ningún Gobierno ha de atreverse a generar hostilidad contra ningún excombatiente porque se arriesga a ver incrementadas la cifras de homicidios y esto impacta la seguridad objeta y subjetiva del país.