Colombia: falsas víctimas de «masacre Mapiripán» piden perdón a general condenado

Las falsas víctimas, a través del 'Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo', manifestaron haber mentido al Estado para recibir dinero

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El general (r) José Uscátegui fue condenado a 37 años de prisión, de los cuales pasó 16 tras las rejas. (Twitter)

Se conoció sobre el arrepentimiento del segundo grupo de falsas víctimas de la «masacre paramilitar de Mapiripán», departamento del Meta. Las mujeres que atestiguaron en contra del general (r) Jaime Uscátegui, hoy piden perdón.

Por los falsos testimonios de estas familias, la justicia condenó a 37 años al general en retiro Jaime Uscátegui, quien para la época hacía parte de la brigada Móvil 2 del Ejército colombiano.

El proceso contra Uscátegui, es una de las tantas campañas de desprestigio montadas sobre la base de falsos testigos que se declararon como víctimas y reclamaron millones de pesos al Estado colombiano, una táctica usada durante años en decenas de procesos contra altos oficiales.

Cártel de los falsos testigos del ‘Colectivo José Alvear Restrepo’

El ‘Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’ puso a las falsas víctimas, engañó a la justicia y cobró miles de millones en su asesoramiento jurídico. Hasta ahora la organización no se ha pronunciado ni ha pedido disculpas al exgeneral.

Una de las falsas víctimas, que fue reconocida durante el proceso judicial, Luz Mery Pinzón López, pidió perdón al país, al Estado colombiano, al juez y al general (r) Uscátegui, por mentir en el caso de la masacre en el municipio de Mapiripán, el 15 de julio de 1997 a manos de paramilitares.

Esta mujer junto con sus hermanas María Teresa, Ester y Sara Paola Pinzón López, fueron acreditadas en el proceso como víctimas de la masacre, al asegurar que sus familiares habían muerto en el ataque.

Posteriormente, las autoridades las encontraron responsables de haber mentido luego de haberse apropiado de más de 2 000 millones de pesos. Por tal motivo, son acusadas por falso testimonio, fraude procesal, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.

El otro grupo de falsos testigos fue condenado a 8 años y 10 meses de prisión en mayo de 2017, Carlos Felipe, Luis Fernando, Jhónatan Figueredo y William Alexander Molina Figueredo, se enriquecieron ilícitamente a través de las denuncias falsas que realizaron en el 2012.

En dicha diligencia, afirmaron ser víctimas por la muerte de su pariente Wilson Molina Pinto, en la masacre de Mapiripán por las Auto Defensas Unidas de Colombia (AUC). La investigación demostró que Molina Pinto estaba vivo y que residía en el municipio de Villavicencio. Las presuntas víctimas cobraron al menos 750 millones de pesos por la falsa muerte.

Por su parte José Jaime Uscátegui, —hijo del exgeneral Jaime Uscátegui—, quien ahora es representante a la Cámara por Centro Democrático, señaló que en 2007 el Ministerio de Defensa expidió una resolución por el caso de la familia Pinzón y aseguró que el grupo de abogados ‘José Alvear Restrepo’ cobró el 30 % de la indemnización, es decir, $3 449 421 544 pesos. Más de mil millones, dinero que según el parlamentario no se ha podido constatar que haya sido devuelto.

Yo hice una acusación contra el doctor Alirio Uribe porque él, como presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el año 2012, solamente regresó una parte de los dineros que esa organización recibió por las falsas víctimas de Mapiripán.

Al mismo tiempo, se estableció que el colectivo de abogados representó a dos grupos de falsas familias. En el caso de Mariela Contreras Cruz, la organización regresó la suma de 750 millones de pesos, pero que hasta ahora no se han devuelto los casi 1 000 millones de pesos que debieron recibir por el caso de las hermanas Pinzón López.

La situación jurídica de general (r) Uscátegui

Por la masacre de Mapiripán, el general (r) Uscátegui fue condenado a 37 años de prisión, de los cuales pasó 16 tras las rejas. Desde mayo de 2017, con base en la ley de amnistía, indultos y otros tratamientos penales especiales (Ley 1820 de 2016), el exgeneral recobró su libertad y se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Según el Tribunal Superior de Bogotá en 2009, —y  confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2014—, Uscátegui como comandante de la Séptima Brigada del Ejército, ostentaba la posición de garante de la población civil en la jurisdicción de esa unidad militar. A lo que él ha señalado, que no tenía para ese momento la jurisdicción sobre el batallón Joaquín París, en cuya jurisdicción se encontraba Mapiripán. Para esa época, el Joaquín París era liderado por el coronel Hernán Orozco, quien también fue condenado junto con Uscátegui.

En su defensa Uscátegui ha señalado, «ninguna autoridad civil, eclesiástica, de policía o algún ciudadano de Mapiripán, de Meta o de Guaviare informaron al comando de la Séptima Brigada lo que estaba sucediendo».

Su hijo, quien ha sido un asiduo creyente de su libertad, no compartió la decisión de su papá en haberse sometido a la JEP,  pero confía en que las autoridades le darán la razón.

«Cuando mi papá decidió acogerse, no lo hizo por convicción, sino por necesidad y supervivencia; llevaba 16 años en prisión por un delito que no cometió. Con la JEP se le abrió una oportunidad de libertad y como ser humano decidió acogerse. Yo respeté esa decisión, a pesar de que no la compartí. Lo que he querido es que él demuestre su inocencia en cualquier instancia», dijo José Jaime Uscátegui.

La masacre

La arremetida paramilitar que fue apodada como «la masacre de Mapiripan», por haberse gestado en dicho territorio, es uno de los capítulos sangrientos que hace parte de los numerosos casos del conflicto armado colombiano. La masacre hizo parte de la estrategia de expansión de las autodefensas para quitarle el control a la guerrilla, especialmente en zonas clave para el narcotráfico.

Cerca de 120 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, ingresaron por cielo, mar y tierra a la cabecera del municipio de Mapiripán, entre el 14 y el 20 de julio de 1997. Durante esos días, la organización armada asesinó a 49 personas e incluso decapitó y jugó con algunos cuerpos según las investigaciones judiciales. Dicho ataque a la población civil fue ordenado por la Casa Castaño, que logró una unión con los grupos paramilitares del Magdalena Medio y de los Llanos Orientales para ese año, hecho por el cual fue condenado el extinto jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño Gil.

En 2005, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que el ‘Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo’ apelara la decisión. Sin embargo, según las palabras del general (r) Uscátegui se estableció una relación entre miembros del Ejército e integrantes paramilitares.

Vale destacar, que el Ejército llegó a la zona tres días después que los hombres armados abandonaran el pueblo y que los paramilitares habían salido desde el Urabá Antioqueño hasta Mapiripán en avionetas que también habían sido usadas por el Ejército colombiano.

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