Indígenas presionan a Duque para que asista a consejo de seguridad por ataque de FARC

El Frente Sexto de la guerrilla de las FARC asesinó a cinco indígenas en el departamento del Cauca

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Al término del Consejo de Seguridad celebrado este miércoles en Santander de Quilichao, el Presidente Iván Duque anunció que dentro de 40 días deberá operar en el Cauca una nueva Fuerza de Despliegue Rápido con 2.500 efectivos más. (Presidencia)

Luego de la masacre de cinco indígenas en Toribío-Cauca, a manos del Frente Sexto de la guerrilla de las FARC en la vereda La Luz del municipio de Tacueyó, se conoció que hay presión por parte de las comunidades para que el presidente Iván Duque asista a la zona. El mandatario colombiano envió a la región al ministro de Defensa, Guillermo Botero, y al comandante de las Fuerzas Militares y del Ejército para evaluar las condiciones de seguridad.

Las autoridades del departamento del Cauca han identificado que en la zona delinquen guerrilla de las FARC, EPL, ELN, emisarios mexicanos y otros grupos aún sin identificar. Asimismo, agencias de inteligencia aseguran que parte de la estrategia de los grupos armados es aumentar la crisis de gobernabilidad para apoderarse del departamento a mediano plazo.

Según el Ejército, los indigenas hacían parte de la guardia que retuvo a tres miembros que al parecer pertenecían a la estructura guerrillera. «En un intento de rescate, los delincuentes atacaron a la guardia, dejando además de los muertos, seis heridos de los cuales cuatro están siendo atendidos en Toribío y dos en Tacueyó», se lee en el informe.

Duque rechazó el asesinato y aseguró que los responsables son estructuras del narcotráfico y residuales que quieren mantener el negocio de las drogas. «Nos unimos al dolor de las familias», dijo.

Según la información entregada por autoridades de la zona, la guardia adelantaba un control territorial en el sector de la vereda La Luz cuando hombres armados dispararon de forma abierta. En el ataque murieron Cristina Bautista Taquinas, gobernadora del territorio; Asdruval Cayapú, Eliodoro Finscué, James Wilfredo Soto y José Gerardo Soto. Las diferentes comunidades indígenas del departamento se declararon en estado de emergencia e hicieron un llamado a las autoridades y al Gobierno nacional para se eviten nuevos asesinatos contra los integrantes de esas poblaciones.

La paradoja de la seguridad

Una acusación que proviene en buena parte de sectores de izquierda, se basa en la incapacidad de llevar seguridad a los territorios periféricos en el país. Este argumento viene acompañado de otra acusación similar sobre las críticas a la militarización de regiones que cuentan con la presencia de organizaciones armadas que buscan controlar los diferentes portafolios de economía criminal: cultivos de coca, minería ilegal, contrabando, extorsión, secuestro, etc.

Sin embargo, llevar a cabo una articulación de las autoridades y de la fuerza pública en estos territorios, es algo que resulta difícil. El pasado mes de abril miembros de la minga indígena amenazaron con cuchillo a integrantes del Ejército, e incluso algunos militares fueron retenidos.

Fuente: UNODC.

Gustavo Bolivar, senador de izquierda y alfil de Gustavo Petro, no escatimó en acusar al Gobierno Duque por lo ocurrido. Cabe destacar que Bolivar es uno de los principales críticos por la presencia del Ejército en las regiones periféricas de Colombia, pero a pesar de sus críticas le ordenó al mandatario que actuara. «Ivan Duque actúe», dijo.

Una fuente le comentó a PanAm Post que el reciclaje de violencia en el Cauca se debe en parte a la animadversión de la comunidad indígena con la fuerza pública y las limitaciones constitucionales que hay sobre la determinación de los territorios y accesos vedados a los uniformados.

«La presencia de la fuerza pública y en muchos de los casos del aparato estatal en estos territorios, no gusta. Se ha demostrado que muchas de estas personas que viven en estas zonas trabajan para organizaciones armadas, de alguna manera las defienden o en muchos de los casos viven económicamente del producto de actividades ilícitas como es el caso del sembrado de cultivos de coca o siendo raspachines (jornalero que cosecha un producto ilegal)».

Igualmente aclaró que el argumento para que no ingrese el Ejército es que legalmente en aquellos territorios ancestrales ellos pueden determinar quién entra y quién no.

«Hay un fuero jurídico que los cobija e incluso les permite tener una especie de seguridad propia, que se les denomina guardia indígena», señaló.

De igual modo, en el mes de agosto, el Ejército se enfrentó a la guerrilla de las FARC en el municipio de Suarez, también departamento del Cauca. Este tipo de combates, según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano, viene dejando a la población en medio del fuego cruzado, obligando a los campesinos de la zona a buscar refugio, y en algunos casos a huir de sus hogares. De acuerdo con Carlos Negret, defensor del Pueblo, se han emitido cerca de ocho alarmas tempranas para el norte del Cauca y una reciente para el municipio de Suárez.

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