Autonomía universitaria no impide que fuerza pública ingrese a universidades

"hay un mandato de carácter constitucional a las fuerzas del orden para que restablezcan la armonía"

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Si bien algunas de estas marchas o manifestaciones transcurren sin novedad alguna, hay otras que son promovidas de manera soterrada a través de una agenda política que terminan por volverse violentas. (Flickr)

En Colombia, tras los ataques cometidos por vándalos y terroristas en medio de las recientes «protestas estudiantiles», se ha abierto el debate sobre la posibilidad del ingreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional a las universidades.

Las últimas manifestaciones han estado marcadas por actos de violencia en los que ha sido necesaria la intervención de la fuerza especial para apaciguar los ánimos y mantener la seguridad.

De acuerdo con el Decreto 1355/1970, la Policía Nacional está facultada para ingresar no solo a los establecimientos públicos, sino a cualquier domicilio donde se presenten situaciones que afecten el orden público.

Una semana atrás, el rector de la Universidad pública del Atlántico, Carlos Javier Prasca Muñoz, con un documento escrito a mano, autorizaba a la Policía Metropolitana de Barranquilla para que el Esmad ingresara a controlar los desmanes que se presentaron al interior de la institución. En el despliegue fueron capturadas 30 personas. 12 de ellas no eran estudiantes.

En el mes de julio, en la misma universidad, detonaron de forma controlada un artefacto explosivo encontrado en uno de los baños un día antes de la presentación con fines «académicos» del cabecilla de las FARC y prófugo de la justicia, Jesús Santrich.

El alto consejero Presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, manifestó que ante el desborde de las protestas estudiantiles que terminan con actos de violencia, se necesita «más Esmad, garantizando su actuación ajustada a la ley». Y añadió que el escuadrón especial antidisturbios cumple la función de proteger a la comunidad y los bienes públicos ante hechos violentos, así como proteger los derechos de los ciudadanos y el derecho a la protesta.

La violencia que tiene lugar en medios de las «marchas estudiantiles» llega a niveles insoportables. En la Universidad del Atlántico encapuchados quemaron un salón, rompieron vidrios, forzaron entradas de varias oficinas, dañaron sillas y robaron equipos informáticos. En Bogotá quemaron las instalaciones del Icetex, institución estatal encargada de promover la educación superior en el país mediante créditos.

Además, en las protestas desarrolladas el pasado jueves 31 de octubre, estudiantes vandalizaron instalaciones públicas y privadas, entre ellas el monumento Los Héroes que se encuentra en la ciudad de Bogotá: 

También agredieron a dos policías mujeres, a quienes golpearon, pintaron e incineraron su vehículo de dotación y agredieron a los periodistas que cubrían en hecho:

Si bien algunas de estas marchas o manifestaciones transcurren sin novedad alguna, otras son promovidas de manera soterrada a través de una agenda política, y terminan por volverse violentas. Bajo el Gobierno de Iván Duque cada dos días se desarrollan «protestas sociales» impulsadas, en su mayoría, por los detractores del presidente.

Justamente el político de izquierda Gustavo Petro les ha pedido a sus seguidores en redes sociales replicar en Colombia protestas como las de Ecuador y Chile, que hasta el momento han dejado millones de dólares en pérdidas y casi 30 muertos.

Autonomía universitaria no impide que Esmad ingrese a universidades

PanAm Post habló con el abogado constitucionalista D´mar Córdoba sobre el ingreso de la fuerza pública a las universidades con el fin de controlar el orden público. El jurista afirmó que esta es una herramienta del Estado y que tiene una finalidad coercitiva para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, como lo indica el artículo 2 de la Constitución Política.

«Que la fuerza del Esmad opere se hace no para perseguir a nadie, sino para evitar que hechos terroristas como los que se ven siempre puedan afectar los derechos de los demás ciudadanos que ven violado su derecho a la libertad de locomoción por protestas que muchas veces sobrepasan lo que es el derecho a la protesta para convertirse en delitos como rebelión sedición o asonada», dijo.

Y añadió que el Estado no puede ni debe tener espacios vedados para actuar, «de otra manera se desprende de su deber para proteger a los ciudadanos».

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