En el marco de las protestas que se llevan a cabo a nivel nacional contra el Gobierno del presidente Iván Duque desde el pasado 21 de noviembre, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez aseguró que hay responsables detrás de esto. A su juicio, los regímenes de Venezuela y Rusia estarían buscando desestabilizar a Colombia.
La vicepresidente en el marco de un encuentro con la Policía Nacional fue clara al señalar que una “red internacional” viene alimentando el “malestar social” en el país, que ha sido sacudido por protestas pacificas y también violentas generando millonarias perdidas económicas.
“Nosotros sabemos que no es solo por la inconformidad que hay en Colombia, sabemos que hay un proyecto internacional, sabemos que hay una red de apoyo internacional para estimular este malestar social. Tenemos certeza de que hay plataformas que desde Venezuela y desde Rusia, han venido moviendo buena parte de todos estos mensajes en las redes sociales”, manifestó.
De las protestas del 21N en Cali y el 22N en Bogotá se registraron episodios de vandalismo y saqueo a comercios por parte de colombianos y venezolanos. De acuerdo con la autoridad migratoria han sido deportados 59 venezolanos acusados de llevar a cabo acciones criminales y actos vandálicas.
Las manifestaciones que comenzaron con un paro nacional han seguido con movilizaciones intermitentes en diferentes ciudades del país. Mientras tanto, el Gobierno de Duque y el Comité del Paro no han podido llegar a un acuerdo para iniciar diálogo. Esta vez las partes no se lograron poner de acuerdo sobre el aspecto inicial para el diálogo y es definir si se trata de una “mesa de trabajo o una de negociación”.
Por su parte, Diego Molano, coordinador encargado por el Gobierno para la conversación nacional, indicó que el Ejecutivo no puede aceptar que se llame negociación porque “eso es entrar a discutir lo divino y lo humano, casi que sería una constituyente”.
Analistas coinciden que muchas de las pretensiones de los voceros del paro nacional son una especie de presión política y social que puede cimentar candidaturas para el próximo cuatrienio. Una de ellas es la del político de izquierda Gustavo Petro, que entre otras cosas, se ha visto fortalecido por difundir mentiras mientras se desarrollan las diferentes manifestaciones en principales ciudades, y por pedir también desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.
En el acto, Ramírez se pronunció contra el pedido de desmotar el Esmad por presuntos excesos de fuerza en la conducción y dispersión de manifestantes violentos. Las protestas han derivado en algunos choques que hasta ahora dejan cuatro muertos y medio millar de heridos entre civiles y uniformados. Asimismo, se han creado fuerzas de carácter civil como la ‘Primera línea’ para garantizar según ellos, el abuso de la fuerza del Esmad.
El ESMAD detiene a “estudiantes” de la Universidad Nacional de Bogotá que pertenecen al grupo terrorista Primera Línea, que con violencia atacaban a la ciudadanía y la fuerza pública.
Muy valientes para lanzar piedras y papas bomba, pero cobardes para enfrentar a la autoridad. pic.twitter.com/jqZX7pp2WQ
— Andrés Fernando Portillo (@andresportillo_) December 10, 2019
El argumento que refuerza el desmonte del Esmad se debe a la muerte de uno de los manifestantes en Bogotá que murió por el disparo de un agente, según ha señalado la investigación en curso.
“Si no hubiera Esmad, la gente no podría salir a protestar porque simplemente no habría cómo garantizar la vida, ni la seguridad de los colombianos en las calles”, dijo la vicepresidente.
Por otro lado, en el Congreso se adelanta la presentación de un proyecto de ley que busca que los manifestantes no cubran sus rostros y haya presencia de encapuchados que dañen bienes públicos y privados, dado que son estas personas los que alimentan la violencia.
“No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”, se lee en el proyecto.
Con relación a los lugares en los cuales se podrá hacer manifestaciones: “Solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural”.
Y acerca de las obligaciones de la Fuerza Pública, “El ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego”.