Duque condenó extralimitación de informe de la ONU sobre Colombia

Colombia criticó que el documento no haya establecido que uno de los mayores asesinos de líderes sociales es la guerrilla del ELN

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Colombia lamentó que la ACNUDH no haya reconocido los progresos en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales. (Presidencia)

El presidente Iván Duque arremetió contra el trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia. Para el mandatario, el último informe entregado por el organismo es una “intromisión a la soberanía”.

El informe, que fue entregado la semana pasada por el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, generó fuertes tensiones por las recomendaciones realizadas en él. Una de las principales controversias es el pedido al Estado colombiano de cumplir protocolos en el uso de la fuerza durante el desarrollo de protestas y actos vandálicos, transformar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y que la Policía Nacional quede adscrita al Ministerio del Interior y no al de Defensa.

La serie de recomendaciones molestaron al mandatario colombiano que sin titubear señaló que la ONU se estaba extralimitando en sus funciones, metiéndose en terrenos que no le corresponden. Fue tanta la molestia que en un par de horas se hizo tendencia #ONUFueraDeColombia, exigiéndole al presidente Duque acabar cualquier convenio con el organismo en el país.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal afirmó en una columna titulada La Agenda Globalista de la ONU que “este hecho se constituye en una afrenta al ejercicio propio del uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades, diseñada para contener actos vandálicos que atentan contra la seguridad de la ciudadanía. La ONU se ha destacado en muchos países donde ha intervenido, como la gestora y promotora de la anarquía y desestabilización de Estados donde ha participado precisamente como ‘garante'», señaló Cabal.

Otra de las tensiones entre Colombia y la ONU se evidenció en el informe del relator Michel Forst, que según denunció no pudo ser concretado porque presuntamente el Gobierno le habría impedido terminarlo. El Gobierno señala que ha esclarecido el 50 % de asesinatos de líderes, mientras que la ONU dice que solo corresponde al 11 %.

El informe de Forst incluye tres fuentes distintas que compila los datos sobre asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y el programa Somos Defensores son las fuentes principales. Al respecto, el Gobierno criticó que no sea de una fuente confiable que soporte los datos y pidió que fuera retirada del documento a menos que sea explicada la metodología utilizada.

«Los homicidios contra líderes y defensores de Derechos Humanos se han reducido en un 24 % contrastando el periodo comprendido entre el 7 de agosto de 2018 y el 6 de agosto de 2019, con el lapso transcurrido entre el 7 de agosto de 2017 y el 6 de agosto de 2018», señaló el Gobierno colombiano.

 “Informe tiene tintes políticos”: Cancillería

En Ginebra, Suiza y a través de la Cancillería, Colombia hizo reparos al documento presentado por la ONU en el que señala expresamente que no se había presentado un documento integral y actualizado.

“La Cancillería ha tomado nota de las observaciones de la ACNUDH y expresa su preocupación porque no ha presentado un informe integral y actualizado, enfocado a construir sobre la base de un diagnóstico objetivo e imparcial de logros y retos existentes”, dice uno de los apartes de la repuesta de la Cancillería.

Criticaron que el documento no recogió que uno de los mayores asesinos de líderes sociales es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que viene de haber decretado un paro armado nacional. Adicional a esto, lamentaron que la ACNUDH no haya reconocido los progresos en materia de política, económica, social y cultural, mientras que otras organizaciones de la ONU sí lo han hecho.

¿Qué dice el informe?

El informe de Naciones Unidas de 24 páginas entregado por la ACNUDH a Colombia tiene una mirada sobre la garantía de los derechos humanos y el uso de la fuerza por los organismos de seguridad en el país. Según la organización, fueron asesinados en 2019, 108 líderes sociales, 66 indígenas y cerca de 45 miembros de la comunidad LGBTI.

Sobre esta cifra, el presidente Duque reportó a inicios de este año que el homicidio contra líderes sociales tuvo una reducción de un 25 % en todo el territorio. Sin embargo, aseguró que «esa cifra, por supuesto, a nosotros no nos llena, para nada, de complacencias» y advirtió que la meta es llegar a cero casos violentos.

Adicional a esto, reseñaron 36 masacres e hicieron énfasis en la tasa de homicidios situada en 25 por cada 100 mil habitantes. Al mismo tiempo, señala el grado de implementación del acuerdo firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2016.

Según Brunori, “el informe hace un balance sobre el acuerdo de paz, los aciertos como es la reintegración, el compromiso de los excombatientes con la paz y al mismo tiempo los retos que tiene” en temas como “la reforma rural integral, los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes”.

Para Duque esto no es cierto al considerar que el informe omite acciones adelantadas por su Gobierno sobre aspectos de la implementación del acuerdo.

Por otro lado, el nuevo Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, en su acto de posesión sostuvo que durante su gestión la lucha por la defensa de los derechos humanos será un “punto de honor”.

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