¿Excarcelar para prevenir contagios?: el reto de Duque

"En las condiciones sanitarias y de hacinamiento de las cárceles, un solo contagio sería catastrófico"

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El Gobierno de Iván Duque prepara un decreto que posibilita la excarcelación masiva para reducir el hacinamiento en las principales cárceles del país. (Twitter)

La pandemia del COVID-19 en Colombia ha golpeado toda la sociedad, pero preocupa un sector en especial, por el alto riesgo al que se expone por su naturaleza, el sector carcelario. Si se da un contagio al interior de un centro penitenciario, el brote de la pandemia sería de inmediato a raíz de las condiciones de hacinamiento.

En este sentido, el Gobierno de Iván Duque viene preparando un decreto que posibilita la excarcelación masiva para reducir el hacinamiento en las principales cárceles del país. Según los cálculos del Ministerio de Justicia, entre 4 000 y 15 000 presos saldrían de centros penitenciarios, acción que busca reducir el hacinamiento que alcanza el 50 %.

Sin embargo, esto supone retos para el Estado colombiano, pese al anuncio del decreto, la normativa sigue en estudio.

Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, este tema es un asunto de prioridad que no da espera, porque en las condiciones sanitarias y de hacinamiento de las cárceles, un solo contagio sería catastrófico.

Por su parte, el Fiscal General Francisco Barbosa, en un documento de 17 páginas hizo una serie de observaciones y críticas al proyecto de decreto legislativo con el que el Ministerio de Justicia busca concederle beneficios de ‘casa por cárcel transitoria’ a las personas que se encuentren en un mayor estado de vulnerabilidad por el COVID-19. Fue claro en señalar que algunas de las medidas son «desproporcionadas».

Las personas que se encuentran privadas de libertad y que resultarían beneficiadas, como medida de prevención de contagio, serían los presos mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años, personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, trastorno pulmonar, diabetes insulinodependiente, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.

Cabe destacar que a finales del mes de marzo luego de varias protestas en diferentes centros penitenciarios del país, ante el riesgo de posibles contagios de COVID-19, se registró un dramático número de reclusos muertos. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, reportó 23 presos fallecidos y 83 que resultaron heridos en la cárcel Modelo de Bogotá.

«No hay tantos jueces para otorgar la libertad»

PanAm Post habló con el abogado D´mar Córdoba Salamanca sobre el reto que tiene el Gobierno de Iván Duque de excarcelar a reclusos durante la vigencia de la cuarentena, para así evitar la propagación del virus. A su juicio, es una decisión que debe cumplir con mínimos humanitarios para la población carcelaria del país que sufre un hacinamiento que se torna inhumano.

«Hoy el hacinamiento en el sistema carcelario de Colombia es del 53 %, hay cupo para 80 000 personas, pero tenemos 124 105 presos, lo que impide que se preste un trato humano a los privados de la libertad. El reto es enorme, y me da la impresión que fue más fácil el anuncio que la materialización de la idea de excarcelación, pues hay que pensar en los cientos de jueces que no tenemos en el país, para que tramiten las más de 10 mil órdenes de libertad».

Y agregó, no estar de acuerdo con las ideas del Fiscal General Francisco Barbosa, de darles cárcel a los presos en las casas que maneja la Sociedad de Activos Especiales (SAE), «porque un centro carcelario para una persona que está purgando una pena tiene unas características especiales y una vigilancia que no está prevista en ningún plan del Gobierno Duque», ultimó.

Por su parte, el abogado Alfredo Pertuz, indicó que esta coyuntura ha venido a recordar la crisis estructural que padece el sistema penal, y consecuentemente, las cárceles.

«La interpretación autoritativa, esa que para el caso penal, en particular, ve la garantía de la libertad como una excepción y no la regla general, nos pasa factura. Ya la Corte Constitucional lo había advertido a través de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en esa materia, pero no ha habido verdadera voluntad de mitigar el problema».

Explicó que en esta situación, los derechos de los reclusos, sobre todo los que aún no tienen sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, se ven indiscutiblemente amenazados.

«Siendo así, y en perspectiva de que dentro de la población carcelaria los sindicados ocupan el mayor porcentaje, las fórmulas de descongestión deberían pensarse para ellos, ‘prima facie’ y para los condenados que ya estén por cumplir con la pena».

Al mismo tiempo, sostuvo que la descongestión inevitablemente tiene que entenderse como la posibilidad de que a algunos de los sindicados se les pueda sustituir momentáneamente el tipo de medida en la que está, es decir la intramural.

«Toda esta propuesta, desde luego, debe entenderse desde lo excepcional de la situación que atraviesa el país y no desde las interpretaciones asfixiantes del formalismo», dijo.

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