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Solo falta la firma de Obama para que EE.UU. sancione a chavistas

Por: Fergus Hodgson - @FergHodgson - Dic 11, 2014, 11:10 am

EnglishHa terminado la espera para que el Congreso de Estados Unidos imponga sanciones individuales contra el régimen chavista en Venezuela. Luego de haber estado bloqueada por muchos meses, el lunes 9 de diciembre los senadores aprobaron la Ley Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela (2014). Y finalmente este miércoles 10 a las 18:00, hora local, la Cámara de Representantes siguió su ejemplo y aprobó unánimemente el proyecto de ley en una votación a viva voz.

Este paso final en el Congreso se dio en el Día Internacional de los Derechos Humanos, y todo lo que queda para la aplicación de la ley es la firma del presidente Barack Obama. Sin embargo, eso debería ser una mera formalidad, ya que un alto funcionario de la Casa Blanca ha dado a conocer que el Gobierno apoya las sanciones, aunque de una manera discreta.

Los partidarios de la medida enfatizan que las sanciones propuestas son individuales, ya que no desean imponer daño a la población atrapada en Venezuela. La medida solo apunta a los funcionarios chavistas responsables de las muertes y encarcelamientos masivos que se produjeron durante la represión a los manifestantes a principios de este año, que fue ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos.

El objetivo del proyecto de ley (S.2142) es que Venezuela sea “una pacífica democracia representativa tal como se definen en la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos”. Como medida más importante, la legislación ordena que se bloqueen los activos en EE.UU. de los responsables de la violación de derechos humanos en Venezuela y se prohíba la entrada de dichas personas a territorio estadounidense, con una cláusula de extinción para el 31 de diciembre 2016.

La legislación, sin embargo, no incluye cualquier forma de amnistía de inmigración o excepción especial para los venezolanos. Este anhelado beneficio era quizá demasiado sensible políticamente, teniendo en cuenta la reciente controvertida decisión del presidente de no deportar a una parte de los inmigrantes que hoy viven ilegalmente en EE.UU.

Aún así, la medida ha recibido un apoyo considerable entre los exiliados venezolanos y el Centro de Políticas de Seguridad, un instituto neoconservador con sede en Washington, D.C. También acude al llamado de Freedom House para que el régimen chavista libere a presos políticos como Leopoldo López y Daniel Ceballos, y retire los cargos contra María Corina Machado.

Robert Herman, vicepresidente de programas regionales para la organización de vigilancia ciudadana, dice que dichos encarcelamientos son “una clara violación de los derechos constitucionales de estas personas y confirma las motivaciones políticas detrás de estas detenciones prolongadas… En lugar de reconsiderar sus tácticas autoritarias frente a tales críticas, el Gobierno ha acelerado su ataque a los líderes de la oposición, más recientemente a través de ridículas imputaciones por conspiración contra la exmiembro de la Asamblea Nacional María Corina Machado”.

La representante Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), autora de uno de las leyes de sanciones, responde a periodistas sobre la crisis en Venezuela. (House.gov)
La representante Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) responde a periodistas sobre la crisis en Venezuela. (house.gov)

Dos congresistas estadounidenses de Florida han estado a la vanguardia de esta iniciativa: la representante de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, autora del proyecto original en la Cámara de Representantes, y el patrocinador principal Mario Díaz-Balart. Ambos son miembros del Partido Republicano y agradecen el apoyo de los senadores Robert Menéndez (D-NJ) y Marco Rubio (R-FL) por la aprobación de una versión actualizada de la legislación en el Senado.

“El Congreso ha actuado de manera unificada y bipartidista”, dijo Ros-Lehtinen, “para enviar un mensaje inequívoco de que no continuaremos tolerando la impunidad en violaciones de los derechos humanos en Venezuela y que apoyaremos los llamados de democracia y libertad por el pueblo de Venezuela”. Su gacetilla también insiste en la necesidad de una aplicación rigurosa de las sanciones a través del Departamento de Estado.

El congresista Diaz-Balart explica que “Mientras que los estudiantes y otros activistas pacíficamente protestan contra los actos opresivos, la escasez de alimentos, los elevados índices de delincuencia, hubo más de 4.000 personas detenidas, 1.000 heridos y decenas de muertos”. Él cree que el objetivo de la represión, al contrario de las “falsas acusaciones” del Gobierno, ha sido el de silenciar cualquier oposición viable, a quienes considera “valientes líderes de la democracia”.

Según lo informado por TeleSUR, uno de los medios de comunicación patrocinados por el Estado de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado estas acciones como “imperialistas” y dice que las sanciones van a empeorar las relaciones ya frágiles entre las dos naciones. El medio chavista afirma que las acusaciones de violaciones de derechos humanos son arbitrarias y sostiene que las protestas no fueron pacíficas.

Traducido por Daniel Duarte.

Fergus Hodgson Fergus Hodgson

Editor de PanAm Post. Reside en Florida y es originario de Nueva Zelanda, también ha vivido en Canadá, Ecuador y Colombia. Síguelo en @FergHodgson.