Las condiciones que exige Europa son, además de asumibles, beneficiosas para España

Europa fija los deberes que debe realizar España para optar al fondo de recuperación aprobado esta semana. Unos deberes que, únicamente, benefician a España; aunque quieran hacerte creer que no

Una aportación que ascendería hasta los 140 000 millones de euros, después de la dotación a Italia, como país más afectado por el COVID, (Efe)

España se encuentra en un punto de inflexión en lo que a su economía se refiere. La situación que ha provocado una pandemia sin precedentes como es la ocasionada por la COVID ha deteriorado una economía que, dicho sea de paso, ya se encontraba al borde de la insostenibilidad. Pues, para hacernos una idea y haciendo alusión a una comparación que nos permita comprenderlo mejor, hablamos de que España se ha contagiado del coronavirus, estando ya enferma de cáncer y sin defensas.

Así es como hace unos días explicaba, y trataba de ilustrar, la situación a una persona que me paraba por la calle, con la excusa de haberme visto en televisión hablando sobre el rescate, y me preguntaba sobre la situación. La señora, muy entusiasmada ella por entender algo que los economistas conciben como el pan de cada día, comentaba que entendía la situación, pero hacía alusión, dada su confusión, a unas condiciones de las que todo el mundo habla y que, a su vez, como le estaba sucediendo con el rescate, no entendía plenamente.

Aunque en muchas ocasiones los economistas divulguen una situación que, contando con un conocimiento teórico, consideren entendible para toda la sociedad, lo cierto y verdad es que, en muchos casos, la sociedad se encuentra perdida entre complejos conceptos que, como déficit, apalancamiento, MEDE, Consejo Europeo, países frugales, así como otra serie de retorcidos tecnicismos que llenan la mente de un lector confuso ante semejante explicación. Sin embargo, cuando lo llevamos a la práctica y se practica la didáctica, hablamos de conceptos que, a la hora de la verdad, representan situaciones que, al margen de la profundidad de los términos, pueden ser entendibles por, incluso, la totalidad de la sociedad.

Así, tras cinco intensos días de negociaciones, el Consejo Europeo, grupo compuesto por los mandatarios de los distintos países que integran la Unión Europea, ha alcanzado un acuerdo para la movilización de recursos que, en aras de corregir la situación, sirvan para hacer frente a los efectos de una crisis doble, sanitaria y económica, que ha impactado con gran fuerza en las distintas economías europeas. Un acuerdo que, a su vez, representa la mayor movilización de recursos de la historia del bloque comunitario, dada la magnitud de la crisis, así como la naturaleza de la misma.

En este sentido, una movilización de 750 000 millones que, en adición al capital movilizado en el marco presupuestario plurianual de la Unión Europea (presupuesto europeo), alcanza un valor cercano al billón de euros. Así, unas ayudas que, como decíamos y valga la redundancia, se destinan a los países europeos que, en función al impacto de la COVID en sus economías, contarán con mayor o menor capital para afrontar la situación, así como acometer esas reformas que, condicionadas por la Unión Europea, traten de corregir una situación que, como muestran los datos, ha dejado a determinadas economías al borde del colapso.

Entre esos receptores se encuentra la economía española. Además, debido a la situación que mostraba España antes de esta crisis —recordemos que hablábamos de un cáncer que había dejado sin defensas a la economía española—, con una deuda cercana al 100 % del producto interior bruto (PIB), un déficit que se situaba en el límite establecido en los Pactos de Estabilidad y Crecimiento (PEC), así como otra serie de variables que, como el desempleo o la elevada informalidad económica en el país, el fondo de recuperación, y dada la necesidad, dotaría a España con la segunda aportación más caudalosa de todo el bloque comunitario. Una aportación que ascendería hasta los 140 000 millones de euros, después de la dotación a Italia, como país más afectado por el COVID, así como más vulnerable por la situación precedente, que era notablemente más agravada que la que mostraba, en este caso, España.

Sin embargo, dados los precedentes con los que contaba España, la Unión Europea, liderada por un elenco de países del norte, se mostraba reticente a la hora de dotar de ayudas económicas a países que, como Italia, habían utilizado la fase expansiva que nos precedía para seguir ensanchando su deuda, en tanto en cuanto Holanda, por ejemplo, reducía la suya; además, en un rango bastante proporcional. La posibilidad de que la soberanía de los países en la gestión de ese capital preocupaba a los países más austeros y ortodoxos, al existir la posibilidad de que los países del sur, los países a los que tanto gustan las políticas procíclicas, pudiesen destinar las ayudas europeas al pago de compromisos políticos que, en lugar de sacar al país del atolladero en el que se encuentra, siguiesen ensanchando unas asimetrías que, en cierta forma, siguiesen agravando una situación cada vez más estructural.

Para ello el Consejo Europeo aprobó lo que se conoce como la capacidad de veto. Es decir, condicionó la llegada de ayudas a los países europeos a la presentación de proyectos que, con el objetivo de conseguir la financiación, también retornasen a las distintas economías, ayudándolas a salir del bache. Sin embargo, de no presentar proyectos, o no existir externalidad positiva para la sociedad en ellos, los países miembros, siempre y cuando se logre un consenso entre ellos, podrían contar con la capacidad de vetar la llegada de las ayudas, cortando el flujo de transferencias a los países.

A esto es a lo que no dejan de aludir los distintos responsables políticos, pues, como le llaman estos, son condiciones que, de no cumplirse, paralizarían la llegada de capitales a estos países. Unas condiciones que, para el caso de España, pasan por cumplir con la estabilidad presupuestaria y los objetivos, previamente pactados, de la Unión Europea; en seguir aportando flexibilidad a un mercado laboral que, por no contar con ella, no es capaz de generar empleo en situaciones como la actual; a la promoción de proyectos digitales y que, en cierta forma, promuevan la transición ecológica; así como, por último, cumplir con una reforma de las pensiones que, desde hace años, tenía que haberse llevado a cabo en España, dada la insostenibilidad que presenta el sistema.

Estas son las condiciones, los deberes, que Europa ha puesto a España para optar al rescate. Como vemos, unas condiciones que, lejos de lo que dicen muchos líderes políticos, únicamente ayudan a España a salir de una situación como la actual, además de que la prepara para afrontar crisis futuras con una mayor capacidad de respuesta propia, como la afronta en estos momentos Alemania u Holanda. Sin embargo, en la instrumentación del mensaje político y aprovechando el desconocimiento existente, los tecnicismos desconciertan a una población que sigue acusando a Mark Rutte de imponer unas condiciones a España que son completamente injustas.

Al margen, debemos concluir haciendo una reflexión sobre dicha injusticia, tratando de contrastar qué es más injusto en este contexto, si imponer condiciones que no comprometan el futuro de la sociedad española o, por el contrario, adoptar políticas que, dando más escaños al partido en el poder, comprometan el futuro de una sociedad futura, cada vez menos pudiente y con menos oportunidades.

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