Rafael Correa y su guerra contra las empresas
El propósito de una empresa o emprendimiento es generar un rédito económico para quien decide asumir el riesgo que conlleva crear nuevas plazas de trabajo, demandar productos de otras empresas y dinamizar la economía de un país.
Actualmente, existen nuevas perspectivas como el “emprendimiento social”, que si bien generan impactos positivos en comunidades o sectores sociales desfavorecidos, requieren, de igual forma, réditos económicos para poder funcionar.
La ganancia, utilidad o dividendo —como usted prefiera llamarlo— es el principal incentivo para que una persona se decida a crear una empresa y busque consolidarla en el tiempo.
El emprendedor, además de asumir los riesgos que conlleva una empresa, lo debe hacer apegado a las normas, leyes y disposiciones que el Gobierno dicta. Es por esto que existen varios índices dedicados a calificar el papel que juega un Gobierno a la hora de facilitar la creación y mantenimiento de empresas, y evaluar qué tan libre es una economía según distintos parámetros.
En este sentido, Ecuador ocupa un lugar no muy auspicioso en estos “rankings” (posición 159 entre 179 países en el Index of Economic Freedom, por ejemplo) y realmente no es para sorprenderse.
Una muestra de la injerencia que ha pretendido tener el Gobierno de turno durante los últimos años dentro del sector privado fue manifestada el pasado sábado 2 de abril, durante el informe a la nación del presidente Rafael Correa.
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Durante la denominada “sabatina”, el primer mandatario mostró cifras de empleo y de salario promedio en el país. Según las cifras, el 50% de personas empleadas en el sector privado ganan menos de US$450 al mes (considerando que en el Ecuador existe un salario mínimo de $366 mensuales), y manifestó:
“Al sector privado le falta pagar un poquito más. Hay una gran desigualdad en el ingreso de la empresa privada. Muchas veces no se paga más no porque no se pueda, sino porque no hay un cambio de mentalidad. Hemos avanzado mucho pero nos falta mucho por hacer”.
Correa manifestó que el empresario ecuatoriano debe pagar el “máximo posible” a sus trabajadores, ya que existe una marcada desigualdad entre los ejecutivos que más ganan y quienes se encuentran por debajo de los $450 al mes.
Asimismo, manifestó que el salario del mayor “ejecutivo” del sector público (su salario de presidente de la república, US$6.261 mensuales) no se compara ni remotamente con un salario de un alto ejecutivo del sector privado.
Todos los asistentes al informe a la nación del presidente, incluidos algunos ministros, aplaudían sus comentarios y le daban la razón.
Y vale preguntarnos, ¿alguien podría estar en contra de que todos tengamos un salario mayor? Creo que no. Sin embargo, no presentar las dos caras de la moneda provoca que la gente no comprenda el asunto del todo.
El sector privado se encuentra en una posición apremiante por las condiciones económicas poco favorables que se viven en Ecuador.
Es verdad. En el sector público, el salario promedio es mayor en comparación con el del sector privado. Empero, en el enlace a la nación se omitió el hecho de que tanto los trabajadores como ejecutivos del sector privado reciben en el mes de abril de cada año, la participación de utilidades que por ley les corresponde (15% de las utilidades generadas por la empresa).
En el 2014, 45 mil empresas repartieron US$902 millones entre sus trabajadores (indistintamente de su cargo). El reparto de utilidades entre los trabajadores genera una distorsión no sólo económica, sino también en el comportamiento del trabajador y en la operación de la empresa.
Se debe considerar la posibilidad de que los salarios aumenten —como pide Correa— una vez que el hecho generador de distorsiones sea eliminado. Es decir, eliminar el pago de utilidades a trabajadores que en muchos casos es un impedimento a que los salarios aumenten y se ajusten a la realidad nacional.
[adrotate group=”7″]Rafael Correa, al emitir los comentarios expuestos, también cae en el error de comparar dos sectores que funcionan de forma completamente distinta. Habría que recordarle que el “máximo ejecutivo” del sector público —es decir, él— lo único que debe generar son las condiciones adecuadas para que el ejecutivo mejor pagado de una empresa privada pueda hacerla crecer y, por ende, mejorar la situación laboral de sus trabajadores.
Rafael Correa y los salarios del sector público
Los salarios del sector público han aumentado de forma progresiva, al igual que la recaudación de impuestos. Esta es la única forma en la que el Gobierno puede mejorar la situación de los funcionarios públicos.
Correa, al pedir que el sector privado eleve los salarios de los trabajadores, parece olvidar que un emprendimiento o empresa debe producir sea un bien o servicio, y comercializarlo de forma exitosa para que le permita tener ingresos, elevar salarios y arrojar un beneficio al dueño o fundador.
El ejecutivo de una empresa privada no puede “recaudar” ingresos de forma coercitiva como lo hace el Gobierno.
El sector privado se encuentra en una posición apremiante por las condiciones económicas poco favorables que se viven en el país y que se ven agravadas por nuevas reglas del juego que el Gobierno pretende imponer con el Proyecto de Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas.
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Por esto, más que “pedir” que el sector privado incremente los salarios de los trabajadores, Correa debe procurar que se generen las condiciones legales y económicas que impulsen la creación de nuevas empresas y la consolidación de aquellas que han generado empleo en el país por algunos largos años.
Si el empresario o emprendedor no cuenta con los incentivos adecuados, en especial el de generar un retorno económico al final del día, no sólo no elevará los ingresos de sus trabajadores, sino que decidirá no comenzar una empresa o la trasladará a otro país donde el Gobierno entienda que debe ser un facilitador, y no un impedimento.
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