Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó de la prisión de máxima seguridad del Altiplano el pasado 11 de julio; y aún evadido, sus abogados ganan victorias legales en su nombre.
En caso de que el Gobierno de México encuentre al líder del cártel de Sinaloa, no lo podrá extraditar, torturar o condenar a pena de muerte, según una determinación judicial firmada por tres magistrados a principios de agosto, a la que tuvo acceso Univision Investiga.
Tanto la tortura como la pena de muerte están prohibidas por la Constitución mexicana, pero la demanda de nulidad presentada por el equipo legal de “el Chapo” señala que si extraditan al narcotraficante, “va a sufrir infamante tortura” para que se declare culpable de los delitos por los que se le acusa en EE.UU. De esta preocupación se hace eco el tribunal colegiado.
El documento, desconocido hasta el jueves 20 agosto, concede al capo más buscado de América “una suspensión de oficio y de plano” en el juicio de amparo que buscaba su extradición, por lo que se respetarán las garantías judiciales de sus derechos humanos.
Juan Pablo Badillo, abogado de Guzmán desde 1993, logró impugnar la orden de detención presentada el 29 de julio para extraditar al capo —quien enfrenta cargos por tráfico de drogas y otros crímenes en las cortes de California, Texas, Nueva York, entre otras— a Estados Unidos.
“Dentro de la gravedad de esta situación, que a cualquier ser humano lo pone en un estado de nervios, de crisis emocional, se advertía su gran preocupación”, dijo Badillo en entrevista con Univision. “La fuga era una solución a sus temores, sencillamente dijo ahí nos vemos”.
Un tribunal colegiado ratificó de forma unánime dicha suspensión, publicada el 10 de agosto por el Juzgado Quinto en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México.
“El hecho de que una persona se haya evadido de un penal no significa que por… estar en libertad (sic) haya perdido sus garantías, sus derechos esenciales como persona”, aseguró Badillo.
En caso de localizar a Guzmán, la única opción que tendrían las autoridades mexicanas sería llevarlo de vuelta a un penal de máxima seguridad, a pesar de que se ha fugado en dos ocasiones, según un artículo de La Opinión.
Actualmente, el Departamento de Estado de EE.UU. ofrece en su sitio web una recompensa de US$5 millones por información que conduzca a la captura de Guzmán, mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece US$3,8 millones.
A su vez, el Gobierno de Colombia envió a México al grupo de élite que diseñó la estrategia que propició la caída del famoso capo Pablo Escobar en 1993, sumándose así a las labores de recaptura de Guzmán.
Investigan a la PGR por frenar “deliberadamente” la extradición de Guzmán
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) investiga a funcionarios adscritos a diversas dependencias de la PGR por indicios de que personal de ese órgano “frenó deliberadamente” los trámites para extraditar a “El Chapo”.
Dos semanas antes de la fuga del capo, el 25 de junio, el Departamento de Justicia de EE.UU. entregó al Gobierno de México una orden de detención provisional con fines de extradición a Guzmán, pero la PGR retrasó el procedimiento por motivos desconocidos, según La Jornada.
No fue hasta el 29 de julio, más de un mes después de la petición del Gobierno estadounidense, que funcionarios de la Suprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR solicitaron a un juzgado en procesos penales de la Ciudad de México que ordenara la detención.
En menos de 24 horas, la autoridad giró la orden contra Guzmán, aún prófugo. El capo ya cuenta con una suspensión en vía de amparo que lo protege de una posible extradición. También se desconoce la identidad de los servidores públicos investigados por la Siedo.
A la fecha, de los siete funcionarios acusados por la fuga del capo, sólo tres funcionarios de rango menor han sido condenados formalmente, mientras que los cuatro restantes fueron dejados en libertad por falta de elementos suficientes para someterlos a juicio.