English “Completamente desconectada de la realidad”. Ese es el único pensamiento que viene a la mente cuando se escucha la última propuesta de ley que se abrió camino a través de ambas cámaras legislativas en Puerto Rico y está en camino de ser firmada por el gobernador.
La ley en cuestión tiene el propósito de hacer ilegal el acoso laboral. A simple vista, como muchas otras leyes intervencionistas, suena muy bien. ¿Quién quiere ser acosado? Pero Puerto Rico ya posee leyes en contra del acoso sexual en el trabajo y esas leyes han sido rutinariamente incumplidas. Esta nueva ley redefiniría el acoso en un término tan amplio, que lo que logrará es que no se abran más negocios en la isla. Garantiza que la economía de Puerto Rico nunca se recupere.
El proyecto de ley 501 define el “acoso laboral” como “una acción mal intencionada, no bienvenida, repetitiva, ya sea verbal o escrita, de parte del empleador, sus supervisores o empleados, sin distinción del rubro en particular de la compañía y que cree un ambiente hostil, intimidante, humillante y una atmósfera ofensiva que impida una buena ocupación laboral, que pueda traer desprecio o menosprecie al empleado, y que atente contra los derechos profesionales de él/ella incluyendo su dignidad”
Entre lo más destacable de la ley está el hacer ilegales muchos comportamientos, incluyendo pero no limitados a “difamadoras y dañinas expresiones sobre una persona, lenguaje soez, comentarios hostiles y humillantes de la incompetencia profesional en la presencia de otros trabajadores, amenazas injustificadas de despido enfrente de otros trabajadores, medidas disciplinarias frívolas y responder con humillaciones a propuestas laborales u opiniones”
En otras palabras, si un empleado hace una sugerencia desquiciada y el jefe la rechaza en frente de otros empleados, el empleador puede ser demandado. Para grandes corporaciones que gastan millones de dólares en programas especiales de entrenamiento para supervisores y cuyos bolsillos son tan grandes como para responder a esas demandas, esta ley podría no evitar que sigan invirtiendo o expandiéndose en Puerto Rico. Poero para empresas más pequeñas y otras más grandes que no estén preparadas para hacer frente a esos reclamos, es el fin del camino.
Los negocios pequeños mueven la economía, aunque no reciban la publicidad de la que gozan las grandes corporaciones. Cada negocio pequeño en Puerto Rico estará amenazado por la bancarrota si se aprueba esta ley. Cada empleado inconforme que sea marginado en el trabajo debido a su mal rendimiento podrá aventajarse de esta ley destruyendo lo poco que queda de la economía de la isla.
Esta nueva ley cobra sentido cuando uno considera un reporte de MuniNetGuide. El informe del sitio web, titulado “Puerto Rico: Una visión desde el terreno”, vale la pena leerlo. El sitio mandó un equipo de visita a la isla y entrevistó a líderes empresariales, periodistas, funcionarios de gobierno, banqueros y otras personas para tener una mejor idea de lo que realmente está pasando.
Entre lo más destacado del informe está esta joya:
“Tema #2: No existe un sentido de urgencia en cuanto a la reforma fiscal por parte del gobierno. Es tan sorpresivo como suena, la mayoría de nuestras fuentes se quejaron que el equipo de Padilla aun no capta la severidad de la presente situación. El gobernador se ha arrinconado a sí mismo con su promesa de no hacer despidos. En Puerto Rico, los políticos no pueden reelegirse si hacen despidos masivos, como descubrió el exgobernador Luis Fortuño en la pasada elección. Hasta el momento, la presente administración parece contentarse con el sistema actual, introduciendo lagunos cambios en la legislación laboral, consolidaciones departamentales etc.
Es interesante notar que a pesar de que los gastos operativos del Fondo General fueron “recortados” en aproximadamente US$762 millones entre los año fiscales 2014 y 2015, el recorte solo fue de US$185 millones de dólares si se compara el año fiscal 2015 con el 2013. En otras palabras, los “recortes” del año fiscal 2015 pueden ser vistos como tan solo una disminución del gran incremento de gasto contemplado en el presupuesto del 2014.
Aumentar el ingreso a través de impuestos sin cortar el gasto sigue siendo la solución preferida a pesar de su efecto negativo en la economía”.
¿De dónde sacará el gobierno ingresos fiscales si miles de dueños de pequeños negocios van a la quiebra por el miedo a las demandas laborales, o por el costo de seguros especializados que seguramente surgirán cuando esta nueva ley entre en vigencia?. El uso de políticas populistas pueden ayudar a los políticos a ganar elecciones, pero en algún punto los demonios que se desatan con el populismo crean nuevos problemas, y un nuevo demonio tendrá que ser culpado del colapso económico.
Uno podría esperar que la actual administración se niegue a firmar esta ley, pero esa esperanza sería una pérdida de tiempo. Como dicen, “la esperanza no es un plan”. Me pregunto a menudo si es posible que los líderes políticos sean tan estúpidos. Y cada cierto tiempo ellos demuestran que sí pueden serlo.
No puedo evitar pensar que estas acciones diseñadas para destruir negocios y el libre comercio son intencionadas. Sólo el tiempo dirá cuál es el objetivo que se busca con esta destrucción. En definitiva, si pensabas abrir o expandir un negocio en Puerto Rico, no lo hagas, especialmente si ese proyecto de ley se aprueba.