English ¿Qué hay que hacer si por imprudencia uno acumula una deuda tan grande que después tiene problemas para pagarla? ¿Qué pasa cuando la solución correcta es tomar decisiones políticas difíciles y recortar puestos de trabajo y salarios? Bueno, pues la solución obvia es simplemente no pagar.
Mientras escribo este artículo, una ley que permitiría que las corporaciones públicas en la isla —incluida la emblemática Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados— se declaren en banca rota, se está abriendo camino en la legislatura de Puerto Rico. Esto tendría puede que genere escándalo e indignación en la comunidad financiera y signifique el inicio de lo que algunos expertos advierten que podría ser un verano problemático para los bonos municipales. Esta ley también abriría la puerta para que la Autoridad Portuaria y de Transporte pudiesen también declararse en bancarrota.
El Nuevo Día informó que el proyecto de ley fue discutido ayer durante una reunión nocturna en La Fortaleza (la casa de gobierno de Puerto Rico). En conjunto, las corporaciones públicas adeudan US$70 mil millones. La protección por bancarrota podría hacer que los inversionistas solo obtengan centavos por cada dólar invertido, y eso permitiría que Puerto Rico evitara tomar decisiones difíciles sobre el tamaño del gobierno.
La noticia se conoció a pesar de que el gobernador firmó una ley de sustentabilidad fiscal cuya intención es recortar más de US$1 mil millones en gastos por año. Aunque la ley ordena revisar todos los contratos y reorganizar algunas agencias, es rechazada fuertemente por los sindicatos. Tampoco soluciona el principal problema del gobierno de Puerto Rico: Tener una fuerza de trabajo de alrededor de 300,000 personas en más de 100 agencias de gobierno.
Aproximadamente un tercio de las personas que trabajan en Puerto Rico lo hacen en algún área del gobierno, y casi un millón de personas que podrían estar trabajando están desempleadas o no están buscando trabajo. Estas noticias seguirán desarrollándose durante las siguientes semanas.
Aunque aplaudo al gobernador por declarar una emergencia y finalmente tomar pasos concretos para ordenar las finanzas gubernamentales, la decisión de discutir la bancarrota de las corporaciones públicas demuestra que aun no comprende la raíz del problema.
Traducido por Adriana Peralta.