English Version
EnglishEn los últimos meses ha aumentado el nivel de interés y la curiosidad con respecto a la zona fronteriza de los Estados Unidos, conocida como la “zona libre de Constitución.” La desobediencia civil persistente, los videos virales en YouTube sobre el “rechazo al control” y las detenciones ilegales de varios activistas en el área, han ocasionado problemas para alcanzar nuevos niveles de conciencia.
Para quienes han trabajado por la generación de un discurso público en general, el aumento de la atención de los medios de comunicación y el restablecimiento del diálogo es sin duda una buena señal. Desafortunadamente, y de cierto modo comprensible, esta nueva atención trae consigo conceptos erróneos, malos entendidos y una ausencia de contexto histórico general.
La Zona Libre de Constitución Definida
El término “zona libre de Constitución,” con respecto a la zona fronteriza de los Estados Unidos, primero fue acuñado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en 2006. Oficialmente, es la masa de tierra dentro de la “excepción de búsqueda fronteriza,” creada por la Ley de Inmigración y Naturalización (INA) de 1952, el Código estadounidense 1357, y definido por la regulación federal 8 CFR 287.1 (1956) como “no superior a 100 millas de cualquier límite externo de los Estados Unidos.”
Dentro de esta área, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la Guardia Costera poseen autoridad para detener, interrogar y registrar personas y sus pertenencias sin tener en cuenta las garantías de la cuarta enmienda, la causa probable o una orden judicial.
Lección Rápida de Historia
Según la historia establecida por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, los “vigilantes montados,” encargados de patrullar la frontera, tratando de impedir el flujo de “inmigración ilegal,” han existido desde 1904. Su primera autorización oficial del Congreso se dio en 1915, con más poderes de los otorgados en 1921 y 1924 a través de las leyes de inmigración.
Esta cronología –que coincidió con la introducción de leyes que imponían sanciones tributarias y eventualmente la prohibición de los opiáceos, cocaína, marihuana y alcohol– no puede y no debe ser ignorada. El crecimiento y la expansión de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos está inmensamente vinculada a la prohibición, y ambos tienen sus raíces en una historia que apunta a las clases de inmigrantes vulnerables de la sociedad estadounidense.
Con la aprobación de la Ley de Inmigración y Naturalización en 1952, los poderes y la autoridad con las que cuentan los agentes de la Patrulla Fronteriza fueron plenamente codificados en la Ley. En este punto de la historia se fijan los controles internos que aparecen también cerca de la frontera, lejos del puerto de entrada.
Estos puntos de control en el interior del país son quizás la manifestación más evidente del matrimonio entre la inmigración y ley de prohibición, a expensas de la protección contra los “allanamientos e incautaciones irrazonables.”
La Corte Suprema
La legalidad de estos puestos de control, sin embargo, no ha dejado de ser cuestionada. En 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo histórico a favor del gobierno en el caso de Estados Unidos vs. Martínez-Fuerte. En este proceso, la Corte confirmó la interpelación y registro sin una orden judicial ni sospecha conducentes al arresto de Amado Martínez-Fuerte, estableciendo de este modo el nivel de sospecha necesario para llevar a cabo la revisión en un puesto de control fronterizo.
En la opinión disidente de la Corte, el juez Brennan criticó la decisión como “el haber eviscerado las protecciones de la Cuarta Enmienda… Consistente con este propósito de debilitar las protecciones de la Cuarta Enmienda, la decisión de la Corte hoy virtualmente ha vaciado a la enmienda de su requisito de racionalidad al sostener que las autoridades encargadas de los puntos fijos de control y que realizan capturas sin estándares de personas, no violan la Enmienda.”
Algunos expertos en Derecho aún hoy consideran esta decisión de la Corte como una “anomalía” en la ley y encuentran contradicciones dentro de dicho fallo. Mientras por un lado, la Corte confirmó la legalidad de la detención bajo sospecha, así como la de registros sin orden judicial, por otro lado hizo notar que “todas estas operaciones se realizaron con apego a lo permitido por la ley, la que faculta a los agentes de la patrulla fronteriza para interrogar a los que se cree son extranjeros en lo que se refiere a su derecho a estar en Estados Unidos; y, a inspeccionar sus vehículos.” (Énfasis añadido).
En otras palabras, ninguna “sospecha razonable” es necesaria, pero las operaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con el Código 1357 de los Estados Unidos, el mismo que dispone que los agentes deben creer que una persona es un extranjero antes de proceder al interrogatorio —lo que implica que cierto nivel de sospecha es necesario.
Acondicionamiento Generacional
Entonces, ¿por qué un poco de historia es importante y qué tiene que ver con la “zona libre de Constitución” hoy?
Es de vital importancia entender que parte de los Estados Unidos cuenta con garantías constitucionales protegidas deficientemente y que esta situación ha existido por mucho tiempo, tal como describe la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles). Según lo demostrado en esta columna, el deterioro específico de: la protección de la Cuarta Enmienda, la libertad de circulación y el derecho a la privacidad se ha ido dando lenta y progresivamente.
Contrariamente a la creencia popular, esto no es de ningún modo un fenómeno nuevo, gente en esta zona ha sido sometida a las preguntas sobre su ciudadanía así como a registros sin causa o consentimiento por más de 60 años, 40 de los mismos con la aprobación de la Corte Suprema.
Con la creación del DHS (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos) en 2001 y la absorción de los organismos como Patrulla Fronteriza y la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos), el tamaño y el alcance de estos organismos se ha expandido. Cabe mencionar que, en 2008, las “pertenencias” que eran susceptibles de ser incautadas y registradas sin ningún motivo en absoluto fueron redefinidas para incluir todos los equipos electrónicos, ordenadores portátiles, cámaras y teléfonos móviles.
Mientras tanto, esta supuesta autoridad a fin de mantener puestos de control fijos en el interior de la nación se extiende a 100 millas de todas las fronteras, afectando potencialmente a dos tercios de la población (o aproximadamente a 200 millones de personas), que están en su mayoría situados en la región suroeste del país.
Los habitantes de las zonas fronterizas en el suroeste de Estados Unidos han vivido bajo estas restricciones a su libertad durante generaciones. Responder a preguntas de los agentes federales cuando viajan dentro del país es normal, los registros e incautaciones se dan a diario y los puestos de control fronterizo, lamentablemente, se han vuelto algo tan ordinario como revisar el correo.
Traducido por Melania Osorio De La Torre.
