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EnglishMás de un mes ha pasado desde la desaparición forzosa de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y todavía 43 permanecen desaparecidos.
El 26 de septiembre, miembros de la policía municipal de Iguala y del cártel Guerreros Unidos emboscaron una caravana de estudiantes que viajaban en autobús dentro de su Estado natal de Guerrero, en México. Los estudiantes se dirigían de vuelta a Ayotzinapa después de recoger donaciones para útiles escolares en la cercana ciudad de Iguala.
Después de una serie de ataques, seis personas yacían muertas, varios estudiantes huyeron y docenas de jóvenes más fueron vistos siendo llevados en vehículos de la policía. Entre los seis muertos estaban tres normalistas, así como un conductor de autobús llamado Víctor Manuel Lugo Ortiz, un jugador de fútbol de 15 años, David Josué García Evangelista, y una mujer llamada Blanca Montiel Sánchez que viajaba en un taxi cercano.
Los tres estudiantes muertos confirmados son Julio César Mondragón de 19 años, quien luego de huir solo en la noche del ataque, fue encontrado el 30 de septiembre con la cara desollada y los ojos arrancados.
En familia
Tras el ataque, las sospechas se enfocaron casi de inmediato en el Gobierno local de la ciudad de Iguala, incluyendo al alcalde José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda y su primo, el jefe de policía Felipe Flores.
Desde entonces, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha emitido órdenes de captura contra los tres, nombrando al alcalde y a su esposa como los probables autores intelectuales detrás de la emboscada. Los tres funcionarios municipales se dieron a la fuga poco después de que se supo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
En las últimas semanas se han intensificado las preguntas sobre el alcalde Abarca y la primera dama de Iguala, como revelaciones que los asocian con el crimen organizado. El periodista investigativo Anabel Hernández publicó recientemente en la revista Proceso una detallada historia criminal de la familia Pineda.
De acuerdo con documentos judiciales descubiertos por Hernández, tres de los hermanos de María de los Ángeles Pineda —Alberto, Mario, y Salomón Pineda Villa— no solo eran miembros sino fundadores del cártel Guerreros Unidos. La empresa criminal Pineda Villa comenzó en 2000, según la información de Hernández, y se expandió cuando forjó alianzas con el cártel de Sinaloa en 2002, antes de una ruptura con los hermanos Beltrán Leyva.
En 2009, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal anunció que Alberto y Mario habían muerto en un enfrentamiento con Arturo Beltrán Leyva, y recientemente, el 9 de octubre, los funcionarios federales informaron que fuerzas navales habían capturado a Salomón Pineda Villa en Cuernavaca.
La detención, sin embargo, aún no se ha confirmado, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, ha negado públicamente que Salomón fuese uno de los capturados. Cuando se le preguntó el número del caso penal de la detención de Pineda Villa, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) respondió: «Nosotros no lo tenemos».
El viernes 17 de octubre, el procurador general Murillo anunció la captura de quien él llama el «líder máximo del cártel Guerreros Unidos», Sidronio Casarrubia Salgado.
Desde su detención, Casarrubia ha proporcionado información a las autoridades sobre el papel de la primera dama de Iguala en el secuestro y asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa, y la identificó como «la miembro de más alto rango en el Gobierno».
Denles un escarmiento
La noche del ataque a los estudiantes, María de los Ángeles Pineda celebraba un acto de campaña en la Plaza de las Tres Garantías en Iguala, preparándose para reemplazar a su marido como alcalde en las próximas elecciones.
Según Casarrubia, Pineda recibió la noticia de que los estudiantes normalistas estaban en Iguala y asumió que vendrían a interrumpir su evento. «Darles un escarmiento» fue la orden de Pineda, según el capturado líder de Guerreros Unidos.
Mientras Abarca y Pineda festejaban y bailaban con simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), un grupo de oficiales dirigidos por el jefe de policía de Flores y luego líder de Guerreros Unidos, Benjamín Mondragón Pereda, fue enviado a recibir a los estudiantes. Se les comunicó el código «A-5», para indicar que la orden venía del alcalde y de su esposa.
Caricatura – José Luis Abarca y su esposa ordenan ataque contra estudiantes en #Iguala #Ayotzinapa pic.twitter.com/oUYNQHDr5t
— Carlos Latuff (@LatuffCartoons) October 23, 2014
«Ni siquiera los llamaría policías», dijo el procurador general Murillo acerca de los oficiales involucrados en los ataques. «Yo diría que son sicarios [del cártel]», lo que sugiere que hay poca diferencia entre ambos grupos en la ciudad de Iguala.
El martes 14 de octubre Mondragón al parecer se suicidó después de un tiroteo con la policía federal mexicana. El nuevo presunto jefe de la banda criminal, Casarrubia, ha dicho a los funcionarios que no sabe el número exacto de estudiantes muertos o secuestrados.
«No sé dónde los fueron a tirar, pero la orden era de hacerlos desaparecer», dijo Casarrubia según documentos de la corte.
Secreto a voces
Según numerosos testimonios de los residentes de Iguala, por muchos años se han conocido las conexiones entre el alcalde, su esposa, y el crimen organizado en el Estado de Guerrero. «Era un secreto a voces. Todo Iguala, todo el Estado de Guerrero, sabía quién era Abarca», dijo el empresario de Iguala Sergio Fajardo a Los Angeles Times.
Antes de ganar las elecciones para alcalde en 2011, Abarca no poseía experiencia alguna en política, y según los informes, trabajaba como vendedor de sombreros y joyas antes de entrar a la familia Pineda. Para 2008, había acumulado suficiente capital financiero como para construir el centro comercial más grande de Iguala, una edificación de 70.000 metros cuadrados llamada Galerías Tamarindos.
Las acusaciones de criminalidad descarada hacia la primera familia de Iguala se remontan a mayo de 2013. El 29 de mayo de 2013, Abarca presuntamente enfrentó públicamente a un grupo de mineros en huelga y a otros activistas de la Unidad Popular Emiliano Zapata (UPEZ) y según uno de ellos le dijo al dirigente opositor de una facción del PRD local, Arturo Hernández Cardona: «¡Ya me tienes hasta la chingada, pendejo, tengo gente que me hace mis trabajos!».
Al día siguiente, hombres armados secuestraron a ocho miembros de la UPEZ, incluyendo a Hernández Cardona. De los activistas secuestrados, cuatro lograron escapar. Entre ellos estaba Nicolás Mendoza Villa, quien declaró ante funcionarios judiciales que vio al alcalde Abarca disparar y matar a Hernández Cardona.
«Qué tanto estás chingando con el abono y te dabas el gusto de pintar mi ayuntamiento. Ahora yo me voy a dar el gusto de matarte», Abarca supuestamente dijo a Hernández Cardona antes de dispararle en la cara y en el pecho con una escopeta.
La viuda de Hernández, Sofía Mendoza, es miembro del concejo municipal de Iguala, y ha hecho varios llamamientos a las autoridades estatales y federales para que investiguen a Abarca. Todos fueron ignorados. A finales de septiembre, Mendoza fue a Washington y dio un testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tan solo tres días después ocurrió el ataque a los estudiantes de Ayotzinapa.
Además del testimonio de la matanza de Hernández, más evidencia sugiere que funcionarios estatales y federales, incluyendo el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y el procurador general Jesús Murillo Karam estaban al tanto del grupo criminal Abarca-Pineda-Villa.
El 17 de octubre de 2013, un grupo conocido como Ágora Guerrero publicó un video en YouTube que muestra a una mujer que se identifica como María Leonor Villa Ortuna, madre de María de los Ángeles Pineda y suegra del alcalde Abarca.
http://www.youtube.com/watch?v=nEx0gC8FLI4
La mujer, amarrada y con los ojos vendados, aparentemente víctima de un secuestro, a continuación detalla la historia criminal de su familia, su asociación con el cártel de los Beltrán Leyva, y la relación del alcalde Abarca con los Guerreros Unidos. Ella también afirma que sus hijos financiaron la campaña de Ángel Aguirre para gobernador en 2011 en nombre del cártel Beltrán Leyva, y que Aguirre es el primo hermano de Víctor Hugo Aguirre Garzón, líder del Cártel Independiente de Acapulco, un aliado de los Guerreros Unidos.
Por otra parte, de acuerdo con lo escrito por Salvador García Soto en El Universal, el gobernador Aguirre y Pineda, la primera dama de Iguala, llevaban una abierta relación amorosa, y fueron vistos juntos en la oficina del gobernador en Acapulco en los días siguientes al ataque a los activistas estudiantiles.
En medio de una creciente presión política y protesta internacional por los estudiantes desaparecidos, Aguirre renunció como gobernador de Guerrero el 23 de octubre.
México, una fosa común
Desde el ataque del 26 de septiembre a los normalistas, varios miembros capturados de Guerreros Unidos han dicho las autoridades que mataron a muchos de los estudiantes secuestrados y que arrojaron sus cuerpos en fosas comunes. Desde que comenzó la búsqueda, las autoridades federales han localizado 26 fosas comunes en la zona de Iguala, pero los cuerpos que han podido ser identificados no corresponden a los estudiantes desaparecidos.
De acuerdo con un oficial de la policía del Estado de Guerrero que habló a Milenio, más de 300 cuerpos han sido recuperados de una sola fosa clandestina en la cercana localidad de Las Parotas en los últimos dos años.
«Todo México es una tumba clandestina», dice el sacerdote y activista de derechos humanos Alejandro Solalinde Guerra, un autodeclarado crítico del Gobierno mexicano y su manejo del caso Ayotzinapa.
Vivos se los llevaron, vivos los queremos
Mientras tanto, la familia de los estudiantes desaparecidos mantienen la esperanza de que sus hijos sean encontrados con vida, y son muy escépticos de la información proveniente de fuentes oficiales del Gobierno mexicano. «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», ha sido su grito de guerra.
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió el jueves 30 de octubre con los padres de los estudiantes desaparecidos para expresarles que no permitirá «el mínimo resquicio para la impunidad» en este caso. De acuerdo con Vidulfo Rosales, un abogado de derechos humanos que representa a estudiantes y padres de Ayotzinapa, se firmó un acuerdo con Peña Nieto para proporcionar apoyo a las familias de los estudiantes que fueron asesinados o heridos, y buscar «la asistencia técnica de las organizaciones internacionales» en la búsqueda.
En una conferencia de prensa posterior a la reunión, sin embargo, los padres expresaron su descontento con el resultado. «No vamos a confiar en las palabras del presidente ni en los compromisos hasta que nos presente a los 43 normalistas vivos», dijo Felipe de la Cruz, uno de los padres en duelo. «Lo que sucedió en la reunión de hoy para nosotros fueron simples promesas», agregó el vocero estudiantil David Flores Maldonado. «Ya no queremos más promesas, queremos hechos y la presentación de nuestros compañeros».
