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Caso de Eric Garner prueba que cámaras no garantizan la seguridad

Por: Guillermo Jimenez - @tracesofreality - Dic 15, 2014, 6:00 am
La decisión del jurado de no procesar al asesino de Eric Garner provocó una ola de rabia y protestas por todo el país.
“No puedo respirar; basta de muertes por policías asesinos”: la decisión del jurado de no procesar al oficial que mató a Eric Garner provocó una ola de rabia y protestas por todo EE.UU. (Flickr)

EnglishDaniel Pantaleo asfixió a un hombre hasta la muerte frente a una cámara. Envolvió su brazo alrededor del cuello de la víctima y lo apretó hasta que el cuerpo quedó sin vida. La victima era, por supuesto, Eric Garner, un hombre negro de 43 años y padre de seis hijos, cuyas palabras finales “no puedo respirar” se han convertido en el grito de guerra en pro de la justicia social.

De no ser Pantaleo un oficial policial de Nueva York se esperaría que estuviese sentado en una celda ahora mismo. El hecho de que no lo está e intuir de que ser policía de alguna manera lo exime de cualquier culpa, debería llevarnos a detenernos a preguntar, ¿por qué?

El pasado miércoles 3 de diciembre, un jurado de Staten Island liberó a Pantaleo de cualquier cargo al decidir no procesarlo por la muerte de Garner. La decisión inmediatamente provocó protestas alrededor de Nueva York y a lo largo de Estados Unidos, solo nueve días después de que un jurado de St. Louis de manera parecida levantara los cargos al oficial de policía Darren Wilson, quien disparó y mató a Michael Brown a principios de agosto en Ferguson, Missouri.

Oficial Pantaleo niega haber aplicado técnicas de asfixia en Eric Garner.
El oficial Pantaleo niega haber aplicado una llave de asfixia a Eric Garner. (@Mediaite)

La indignación pública aparentemente ha forzado al Gobierno de Obama a reaccionar —a hacer algo, cualquier cosa, que pudiese remotamente ayudar a resolver el problema de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad.

No obstante, en típica dialéctica hegeliana, el Gobierno federal ha aprovechado esta oportunidad para ofrecer una “solución” que solamente persigue sus propios objetivos.

La orden ejecutiva de Obama

El 1 de diciembre, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva que autorizó fondos por US$263 millones para que los departamentos locales de policía “mejoren el entrenamiento” y compren 50.000 cámaras portátiles o “cámaras corporales.”

No obstante, la orden también garantiza la continuidad del programa federal responsable por canalizar equipamiento y armas militares a las fuerzas locales del orden. En un estándar ejercicio de doble discurso político, el presidente dijo que el Gobierno federal desea asegurarse de que “no estamos construyendo una cultura militarizada dentro de nuestros organismos locales encargados de aplicar la ley”, al mismo tiempo que sugería que estos programas “actualmente sirven a un propósito muy útil”.

La ironía de la propuesta de Obama fue capturada en un titular del sitio humorístico The Onion: “Obama pide una videocámara montada en cada tanque de la policía”.

La colocación de cámaras a los policías locales sigue una tendencia predecible, si se considera el incremento de la popularidad de la tecnología entre los cuerpos policiales y los bienintencionados libertarios en lo civil. Estos ingenuamente se han creído la propaganda del Gobierno según el cual “una mayor vigilancia te mantendrá a salvo.”

El pasado marzo escribí acerca de la proliferación de las cámaras corporales y los peligros de confiar en ellas para hacer responsables a los cuerpos policiales. Más tarde, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció que estaba considerando dotar a los agentes de la Patrulla Fronteriza con dicha tecnología.

Las imágenes obtenidas de las cámaras corporales son en su totalidad de operadas por la policía, en un sistema cerrado dentro de cada departamento local, nada distinto a las cámaras en las patrullas o cualquier otra forma de vigilancia policial. No cometan errores, esto es aún la policía grabándoles a ustedes, no lo contrario.

La efectividad de las cámaras corporales se basa casi exclusivamente en un solo estudio dirigido por el comandante Tony Ferrar y por Barak Ariel, en Rialto, California. Si bien los hallazgos básicos de estudio son válidos —las personas, por lo general, ajustan su comportamiento cuando saben que están siendo observadas— las inferencias más amplias derivadas del experimento son profundamente defectuosas.

La orden ejecutiva de Obama autoriza a los fondos federales a abastecer a los cuerpos policiacos locales con cámaras corporales (@intelligencer)
La orden ejecutiva de Obama autoriza a los fondos federales a abastecer a los cuerpos policíacos locales con cámaras corporales. (@intelligencer)

Sugerir que las cámaras corporales proveerán imágenes beneficiosas para el público, las cuales podrían conducir a potenciales acusaciones o incluso convicciones de policías abusivos, es increíblemente insincero. Ni los estudios de Rialto ni los reformistas promotores de esta tecnología hacen esa afirmación. Asimismo, el caso de Eric Garner y la negativa del jurado de acusar al oficial Pantaleo, a pesar de la evidencia en el video del asesinato, demuestran que las imágenes de las cámaras por sí solas no son garantía de justicia.

En vez de eso, lo que los estudios de Rialto proponen es que la sola presencia de las cámaras corporales y la conciencia de que sus acciones están siendo grabadas causará que los oficiales de la policía revisen su comportamiento y actúen más “conforme a las reglas”.

El estudio inicia su introducción con una pregunta, la cual se refiere a uno de los más famosos ejemplos de brutalidad policial en la historia moderna de EE.UU.: “La historia de Rodney King es un potente recordatorio del enorme poder que los oficiales de la policía tienen y cómo algunas veces pueden abusarlo… ¿Se habría evitado el incidente del Rodney King si los oficiales sabían que estaban siendo filmados?

La respuesta, por supuesto, es sí, pero solo si los oficiales creían que habría consecuencias a sus acciones. Irónicamente, fue el veredicto de Rodney King —en el cual el jurado absolvió a cuatro oficiales grabados en video mientras golpeaban a King, quien yacía en el piso— sentó el precedente para que la policía actuara con impunidad. Al diablo la evidencia en video.

De hecho, una investigación del New York Daily News ha revelado que, solo en Nueva York, oficiales de policía en turno han matado al menos a 179 personas en los últimos 15 años. De todos esos casos, solo tres derivaron en imputaciones criminales, y solo un oficial fue condenado. El único policía que recibió condena, sin embargo, no recibió pena carcelaria y no pasó tiempo alguno tras las rejas.

En otras palabras, el mensaje del sistema judicial ha sido claro a través de los años: si utilizas un uniforme y matas a alguien, las probabilidades de que seas castigado son casi nulas.

Hemos alcanzado el punto en 2014 en el que un oficial de policial puede asfixiar a hombre hasta matarlo frente a una cámara, en pleno día, ante testigos, y la corte decide que ni siquiera vale la pena someterlo a juicio.

Además de ello, los resultados de estos estudios de las cámaras corporales han mostrado que los efectos más significativos de su implementación han sido permitir a los policías resolver más rápidamente las quejas contra sus propios departamentos y reunir evidencia que beneficie al Estado.

En resumen, la tecnología de las cámaras corporales es otra herramienta del aparato de vigilancia del Estado y, en ausencia de cualquier expectativa razonable de rendición de cuentas, cualquier “efecto civilizador” en los oficiales que los usen probablemente se desgastará con el tiempo.

La hipocresía de Obama

La orden ejecutiva del presidente Obama que apunta a “mejorar la policía” viene en medio de sus declaraciones de tener un interés personal en mitigar la “cada vez más caldeada desconfianza” entre los departamentos de seguridad locales y las comunidades minoritarias más afectadas por la violencia policial. “Esta vez será distinta,” afirmó durante una reunión en la Casa Blanca con activistas de Ferguson.

“Parte de la razón por la cual esta vez será diferente es porque el presidente de Estados Unidos está profundamente comprometido en asegurarse de que esta vez sea diferente” agregó, aludiendo a que tiene un interés personal en el tema debido a su propio origen étnico.

Obama aclaró esta posición en una entrevista con BET el lunes 8 de diciembre. Declaró: “Esto no solo es algo personal para mí, debido a quien soy yo, Michelle, los miembros de nuestra familia, y cuál ha sido nuestra experiencia, sino como presidente considero que este es uno de los más importantes temas que afrontamos”.

Esto viene de un hombre que no pestañea al ordenar la muerte de personas de color en el Medio Oriente y en el Norte de África. En 2012, en medio de la controversia alrededor del juicio de George Zimmerman, dijo que si él tuviese un hijo “luciría como Trayvon [Martin]”; sin embargo, no dijo nada de Abdulrahman al-Alwaki de 16 años, cuya muerte debido a un ataque con drones Obama había ordenado tan solo cuatro meses antes. Abdulrahman murió, presumiblemente, por los supuestos pecados de su padre —Anwar al-Alwaki— uno de los muchos nombres de alta prioridad en la “lista de la muerte” de Obama.

El Gobierno de Obama ha sido responsable de la muerte de miles como resultado de la campaña de violencia estatal llamada “seguridad nacional”. No obstante, la matanza se racionaliza ya que cualquiera a quien el Estado persiga es naturalmente un “terrorista” —alguien cuyos objetivos son “hacernos daño” y amenazar nuestra libertad.

En la medida que nos identificamos con nuestro Gobierno, y vemos una parte de nosotros en el Estado, hay una tendencia a asignarle a las víctimas la culpa de la violencia del Estado. Según este razonamiento, así como Michael Brown “no era ningún santo” y Eric Garner un vendedor ilegal de cigarrillos, cualquiera que el Estado mate debe ser necesariamente culpable. De otra manera, si permitimos que el Estado asesine sin consecuencias, ¿qué nos diría eso acerca de nosotros mismos?

Traducido por Génesis Mendez. Editado por Daniel Duarte

Guillermo Jimenez Guillermo Jimenez

Guillermo Jimenez es Subeditor en Inglés para el PanAm Post, anfitrión en la radio Traces of Reality y el podcast Demanufacturing Consent en Boiling Frogs Post. Vive en Texas, en la "zona libre de Constitución" del Departamento de Seguridad Interior. Síguelo en @tracesofreality.