Algunos venezolanos sostenemos hace décadas que la solución a las distorsiones ocasionadas por la renta petrolera venezolana, pasa por arrancársela al Estado y entregársela a la población. Para mí sería la clave de nuestra transición del socialismo al capitalismo.
La semana pasada identificaba algunas claves de esa transición económica:
- Privatizar la industria petrolera entregando acciones de PDVSA a cada ciudadano y abriéndola a la inversión privada adicional, local y foránea.
- Y transferir la renta del subsuelo del Estado a la población.
Me han preguntado algunos lectores por lo segundo. Pues ante todo, debería asociarse la transferencia directa de renta petrolera a la población a sistemas privados de capitalización individual, creando un sistema universal de seguridad social privado.
En su libro del año 2012, El Petróleo como instrumento de progreso, Pedro Luis Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo, detallan la importancia del nuevo compromiso fiscal en que la renta llega a cada uno, cada cual paga impuesto inmediato sobre eso; y todos y cada uno cual entienden que sí pagan el mantenimiento del Estado.
Coincido, es importante interponer entre esa renta y el Estado cuentas individuales de todos y cada uno de los ciudadanos, asociadas a un sistema universal privado de seguridad social, de manera que el impuesto mediante el que parte de esa renta va al Estado sea cobrado directa y transparentemente a cada ciudadano. Agregaré que toda apropiación de renta petrolera por el Estado, que no pase por impuestos a los ciudadanos, debería prohibirse. Eso implicaría límites máximos de impuestos corporativos y mínimos de renta del subsuelo. Lo que a su vez sería importante para la inversión de capital y diversificación de la economía.
Pero discrepo de la concentración de la renta petrolera de los ciudadanos en un único fondo de administración estatal o para-estatal. Sería posible y saludable establecer fondos de inversión diversos cuyas administradoras privadas, dentro de un marco de legislación general, compitan por la captación de las cuentas individuales. La suma de los fondos y administradoras en competencia cumpliría los objetivos del fondo monopólico.
Y la existencia de diferentes fondos bajo una legislación general que asegure a los clientes transferir los ahorros acumulados de unas a otros administradoras de fondos implica incentivos a la competencia. Responsabilidad de los clientes. Competencia por ofrecer el mejor manejo de las inversiones. Y competencia por reducción de los costes. Nada de eso existe en un monopolio estatal o para-estatal.
Pero sobre todo se minimiza el riesgo de reapropiación política indirecta. No detallaré los posibles mecanismos de transferencia, y servicios asociados de retiro, salud, educación e inversión delimitados por una legislación general del sistema. Únicamente señalaré que a la trasferencia e inversión acumulada de renta se deberá sumar ahorro individual propio, cuando menos para el objetivo de pensión. Y que hay suficiente experiencia del manejo de recursos de capitalización individual por administradoras de fondos de pensión privados en competencia.
Limitándonos al marco general, la transferencia de renta a cada cuenta individual se iniciaría con el nacimiento –o la nacionalización– y cesaría con el fallecimiento. Como a cada nuevo nacional le corresponde su ingreso en el sistema de transferencia desde su nacimiento –o nacionalización– no hay titulo a heredar. Únicamente saldos en cuenta de los beneficiarios del sistema serían propiedad heredable.
El asunto es que las alternativas para manejar la renta petrolera en un caso como el venezolano son cuatro:
- De la renta se apodera quien gobierna al Estado y la distribuye entre intereses dispersos (ciudadanos comunes) e intereses concentrados (grupos políticamente influyentes) de acuerdo al interés político de los gobernantes. Así los intereses concentrados prevalecen sobre los dispersos. Y se crean condiciones para la insana dependencia del Estado del petróleo. Y de la gente del Estado. Estimulándose un creciente populismo clientelar.
- La renta corresponde en principio al Estado, pero debe asignar una parte de la misma mediante un gran fondo de ahorro a beneficio, directo o indirecto, de intereses dispersos; reteniendo aquella de la que pueden beneficiarse intereses concentrados. Nuevamente los intereses concentrados prevalecen sobre los dispersos. Y se mantiene el clientelismo populista
- La renta se asigna a un fondo en beneficio directo de los intereses dispersos y el Estado participa de la misma únicamente mediante la tributación posterior de los mismos. Los intereses concentrados únicamente pueden capturar renta del Estado si antes fue cobrada como impuesto a los ciudadanos. Y finalmente los intereses dispersos tienden a prevalecer sobre los concentrados, pero la concentración de toda renta acumulada e invertida en un único fondo hace relativamente simple la captura de renta por el Estado, expoliando ese fondo, sin que los beneficiarios (intereses dispersos) tengan alternativa. La corrupción, directa e indirecta, del manejo político del fondo único nuevamente haría prevalecer intereses concentrados sobre dispersos.
- La renta va a empresas administradoras de fondos patrimoniales porque cada ciudadano decide a cuál de aquéllas se asignará su cuota-parte para que la administre, dentro del esquema general de capitalización individual. Y el Estado únicamente puede obtener su parte de esa renta mediante impuesto aplicado directamente a todos y cada uno de los beneficiarios individuales de la transferencia primaria de renta. Capturar renta de los fondos en competencia corrompiendo el sistema se dificulta y encarece cuando los beneficiarios pueden transferir sus cuentas de unos a otros. Sometiendo a todos al mismo expolio político al mismo tiempo pudiera lograrse. Pero el costo político de hacer prevalecer así intereses concentrados sobre los intereses dispersos se dispara, al crearse poderosos intereses concentrados (administradoras de fondos) que coinciden forzosamente con intereses dispersos, y se ven obligados a defenderlos en provecho propio. Y a competir por atraerlos y mantenerlos como clientes.
Nuestro mejor momento, local y global, para iniciar una transición a una prospera Venezuela capitalista post-petrolera ya pasó, de 25 a 20 años atrás. Y el debilitado potencial venezolano petrolero actual apenas financiaría hoy una reconstrucción post-socialista. En un no muy lejano futuro, ya no.