Mi amigo Pablo Sánchez Nassif, profesor y abogado venezolano exiliado en Perú, realizó un extraordinario ejercicio de análisis económico del Derecho en su primer libro, Justicia a la Venta: Descubre el precio de la corrupción, publicado por Unión Editorial en la colección Derecho y Libertad, a cargo del prestigioso jurista argentino Ricardo Manuel Rojas.
Análisis económico del Derecho es revisar el Derecho –jurisprudencia y legislación– a la luz de la teoría económica. Repugna a juristas empecinados, contra toda evidencia, en legislar para rehacer la realidad a su positivo antojo. Sánchez analiza mediante teoría económica leyes anticorrupción, revelando que la corrupción dependerá más del nivel de pobreza –o riqueza– de países –y funcionarios– y que muchas leyes anticorrupción ocasionarán más corrupción.
El autor nos recuerda que: “Según el FMI, la corrupción (…) cuesta dos mil millones de dólares, cinco puntos del PBI mundial y al menos noventa millones de personas cada año son víctimas de ella en América Latina” y que “el FMI no se equivoca cuando dice que se trata del problema más grande de la humanidad (…) Según el índice de corrupción de Transparencia Internacional (…) Ser corrupto es la regla, no la excepción”.
El libro examina dos hechos claves:
- La corrupción es endémica en las economías más pobres y casi desaparece en las más ricas.
- Y tras 15 años de crecientes esfuerzos políticos y presupuestarios –con creciente carga fiscal– en una guerra global contra la corrupción, hay más corrupción –y más pobreza– donde adoptaron la “solución” de consenso de multilaterales –ONU, OCDE, FMI, BM– expertos y academia.
Los expertos del consenso normativo “prevenir y castigar” crearon buenos índices para medir la corrupción. Se trata de índices que demuestran que su solución normativa fracasó, aunque insisten en que funcionará con más de las mismas leyes y controles (y mayor presupuesto).
De la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Sánchez señala que “se trata (…) de la norma con más aceptación en el mundo luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos” y que aunque el fracaso de la Convención es inocultable, para la ONU “es el instrumento más ágil del mundo en manos de la comunidad internacional para lograr (…) buena gobernanza, estabilidad y prosperidad”.
Cuanta con 71 artículos “infinitos tipos de medidas preventivas y delitos específicamente creados contra la corrupción (…), blanqueo de dinero (artículos 14 y 23), soborno (artículos 15 y 16), malversación y peculado (artículo 17), tráfico de influencias (artículo 18), encubrimiento (artículo 24) obstrucción de justicia (artículo 25)” y un “paquete de leyes (…) OCDE (…) objeto (…) profundizar (…) la Convención de la ONU (…) aumentando los controles y delitos creados por la ONU”.
Explica Sánchez que más leyes, regulaciones y controles son más oportunidades de corrupción. No menos. Que en países pobres eso ocasiona más y más corrupción. Porque a más pobreza, más corrupción, “los diez países menos corruptos del mundo promedian un ingreso per cápita de 64 000 dólares (…) los diez países más corruptos del mundo promedian (…) apenas 3692”. Y que, donde se reduzca pobreza se reducirá corrupción, “1960, el ingreso per cápita en Singapur era de 450 dólares (…) la ciudad más viciosa y corrupta de Asia (…) Luego vino la reforma de libre mercado y liberalización de precios (…) el ingreso per cápita es superior a los 99 000 dólares y (…) es el sexto país menos corrupto del mundo”.
Sobornar o no al Juez, policía, o funcionario –que no “se deja” sino que vive de extorsionar– depende del precio. Hay más corrupción en países pobres porque jueces, policías y funcionarios tiene salarios muy bajos. Corromperse ahí es arriesgar poco y ganar mucho. Un policía, para quien 100 dólares de soborno sean un año de salario, arriesgará fácilmente ese salario de miseria. Difícilmente lo haría el que para obtener un año de salario en un soborno debería exigir muchos miles de dólares, arriesgando su buen salario. Cuestión de precio. Escaso riesgo y muchas oportunidades es corrupción barata y abundante: alto riesgo y pocas oportunidades es corrupción cara y escasa. Solución económica: encarezcamos la corrupción, no la abaratemos, nos dice Sánchez. También que porque “a mayor pobreza mayor corrupción” es norma estadística comprobable. Países pobres con jueces mejor pagados sufrirán menos corrupción judicial que países ricos con jueces peor pagados y estima el margen.
No es asunto de leyes, regulaciones y controles, sino de riqueza. Crear riqueza requiere apertura de mercados y desregulación. Sin riqueza prevalece la corrupción. Y sí, es limitadamente atacable sectorialmente en la pobreza. Con menos pero mejores jueces, mejor pagados. Con soluciones privadas: arbitraje. Cortando gasto publico populista para concentrar recursos en seguridad y justicia.
Los países pobres únicamente saldrán de la pobreza y corrupción:
- Creando riqueza con apertura, desregulación e impuestos bajos.
- Invirtiendo en buenos jueces.
- Defendiendo libertad, propiedad y Derecho.
- Rechazando malas leyes de un consenso anticorrupción fallido.
Bien dice Sánchez que “pese a tratarse de un problema de la acción humana (el funcionario actúa), creen que su solución es normativa, positiva, no praxeológica. Este libro pretende cambiar radicalmente este enfoque. Luego de un desapasionado estudio de los datos, demostraremos que una sentencia imparcial es un bien económico y que hasta que no lo tratemos como tal no podremos solucionar jamás el problema. La corrupción es un problema económico, no moral ni social”.
Es un libro breve, ágil y ceñido a su tema que aclara la falsedad de las supuestas causas culturales de la corrupción. La causa real es la pobreza –estado natural del hombre– y crear riqueza –único antídoto anticorrupción– pasa efectivamente por lo que Sánchez menciona. Pero si hubiera un problema cultural real, sería por qué no se hace lo que garantiza crear riqueza, insistiéndose en lo que perpetúa la pobreza. Aunque eso ya no es tema del breve y revelador libro de Pablo Sánchez. Su tema es una línea de investigación ideal para el análisis económico del Derecho. Es un libro de indispensable.