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EnglishLa reciente aprobación de la ley que estatizó el mercado de la marihuana en Uruguay, ha acaparado la atención mundial. La idea fue del propio presidente José Mujica, quien la lanzó al “ruedo” en 2011. Desde entonces — por diversos motivos — ha venido provocado grandes rechazos dentro del país. La gran mayoría de los uruguayos no está de acuerdo con esta idea. A pesar de ello, Mujica ha insistido en aprobarla antes de que su mandato finalizara el año que viene. El resultado fue su sanción por escaso margen, únicamente con los votos del oficialismo.
El “Pepe” Mujica es muy conocido fuera de fronteras. En los medios extranjeros se lo suele describir como campechano, humilde, espontáneo y natural. Lo que no acostumbran mencionar, son las otras características más inquietantes de su carácter. Por ejemplo, que declara que para él “lo político supera ampliamente lo jurídico” y actúa en consonancia; que insulta públicamente a quienes no están de acuerdo con sus medidas de gobierno (ya sean profesionales, miembros de la clase media o dignitarios de la ONU); y que su idea de la democracia, se parece mucho a la de su difunto gran amigo Hugo Chávez.
A continuación, pasaremos a fundamentar cada una de estas afirmaciones.
La frase de que “lo político está por delante de lo jurídico”, la expresó durante la Cumbre del Mercosur en Mendoza, realizada en el 2012, cuando la delegación uruguaya votó el ingreso de Venezuela. En esa ocasión, Mujica reconoció públicamente que había tomado una decisión por motivos estrictamente políticos. Simultáneamente, afirmó que tenía muy claro que se habían violado “normas legales e institucionales” del bloque.
En Uruguay, son muchas las leyes que últimamente han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. En cada ocasión, Mujica ha reaccionado en forma destemplada. Sin embargo, ya en las discusiones parlamentarias de las referidas leyes, expertos y miembros de la oposición habían advertido sobre esas inconstitucionalidades. El gobierno ignoró las advertencias y de cualquier modo decidió aprobarlas.
Frente a esos “contratiempos”, los principales voceros del gobierno han manifestado que nuestra constitución es demasiado “antigua” y “conservadora”. Y han expresado su intención de reformarla. Iniciativa que aún sigue en pie.
Estas actitudes demuestran que a la administración Mujica no les gustan ni los límites constitucionales al poder de los gobernantes, ni los “controles y balanceos” entre los diferentes poderes del Estado. Y que no se toma demasiado en serio a la Constitución Nacional. En pocas palabras: no se siente muy cómodo con la forma republicana de gobierno.
Con respecto a la ley de la marihuana concretamente, ya se mencionan cinco aspectos inconstitucionales e inmorales, que son las siguientes:
El artículo 2 establece, que el Estado “asumirá el control de la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados”. Lo cual significa que el Estado tendrá el monopolio sobre dicho mercado.
La Constitución uruguaya establece en su artículo 85, numeral 17, que para instituir monopolios en favor del Estado, “se requerirá la mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara; sin embargo, la ley de la marihuana se aprobó por mayoría simple (16 votos contra 13 votos) en el Senado.
También estaría desconociendo el artículo 44 de la Constitución, que expresa que el Estado velará por la salud de los habitantes del país, legislando “en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social” de todos ellos.
Frente a este punto, son varias las voces de expertos en consumo de droga, quienes han advertido que la marihuana no es inocua, que crea dependencia y serios problemas de salud. Parecería ser una gran contradicción que un partido político, que como gobierno ha limitado fuertemente el consumo de tabaco aduciendo razones de “salud pública”, ahora apruebe de urgencia normas que van en sentido contrario.
Con respecto a este asunto específico, queremos aclarar que nosotros no estamos para nada de acuerdo con el “Estado niñera” o “Estado tutor”. Creemos que el “perfeccionamiento físico, moral y social” de los habitantes, es un papel que no les concierne en absoluto a los gobernantes. Sin embargo, mientras esté en la Constitución, las autoridades deben acatarlo o modificarlo; pero de ningún modo, violarlo abiertamente.
La creación del “Instituto de Regulación y Control del Cannabis” (Ircca) fue otro de los aspectos de la referida ley considerados ilegales, porque crea un organismo y cargos rentados, cuando falta menos de un año para las elecciones nacionales. El artículo 229 de la Constitución lo prohíbe expresamente.
Finalmente, y hablando tan solo de las potenciales inconstitucionalidades de la referida ley, hay que mencionar que desconoce tratados internacionales firmados por Uruguay. Con respecto a este tema, Raymond Yan, presidente la “Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes” — órgano de las Naciones Unidas (ONU) que vigila el cumplimiento de los tratados — lamentó la aprobación esta ley. Yan expresó, que no se tuvo en cuenta el impacto negativo sobre la salud de las personas que ocasiona el fumar marihuana. Además, se quejó de que no les permitieron hablar del tema con Mujica, cuando el proyecto de ley se estaba debatiendo en el parlamento. Las autoridades de la ONU recordaron, que Uruguay adhirió a la Convención sobre Estupefacientes en 1961, y dicho tratado sólo permite el uso del cannabis para fines médicos y científicos.
Yans afirmó, que “Hemos tratado de forma desesperada de reunirnos con las autoridades de Uruguay durante dos años. Es el único país del mundo, junto a Papua Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau, que ha prohibido a la JIFE un diálogo”. Más tarde enfatizó, que “Este es un tipo de visión propia de piratas, que un país decida no retirarse de la Convención y tampoco respetarla”.
En una actitud que es muy usual en Mujica, le contestó a Yans a través de los medios de comunicación, en los siguientes términos: “Dígale a ese viejo que no mienta: conmigo se reúne cualquier tipo en la calle. Que venga a Uruguay y se reúna conmigo cuando quiera. Que no hable para la tribuna”.
Lo que hemos mencionado hasta ahora, sólo refiere al aspecto constitucional por el cual esta ley es tan cuestionada en Uruguay. Pero hay otra perspectiva que a nuestro entender, es aún más relevante. Nos estamos refiriendo a los aspectos éticos de la aprobación — contra viento y marea — de esta ley.
Un principio fundamental del derecho sostiene, que para que un acuerdo sea válido, necesita el consentimiento de ambas partes. Si estamos hablando de una norma legal que emana del gobierno, para que sea legítima e inspire respeto, hace falta el consentimiento de los ciudadanos.
Sin embargo, la opinión pública uruguaya está mayoritariamente en contra: El 64% está en desacuerdo con la ley y sólo el 26% está de acuerdo. Este resultado es prácticamente igual al encontrado en el momento en que Mujica lanzó públicamente la idea. Lo que demuestra que Mujica obtuvo los votos de los miembros de su partido para aprobarla, pero no el consentimiento del pueblo.
Por otra parte, Mujica ha expresado que esto es un “experimento”. Expresión que ha “prendido” en varias partes del mundo, como refleja este comentario encontrado en un blog: “En resumen, celebro la decisión del Parlamento de Uruguay de dar luz verde al experimento: como mínimo, vamos a aprender mucho sobre el comportamiento del mercado de la marihuana y las posibilidades de regulación legal de esa sustancia”.
Pero los uruguayos no están para nada de acuerdo de servir de “conejillos de indias”, para que otros países aprendan del “experimento” del gobierno uruguayo. ¿A usted le gustaría? No debemos olvidar que un principio ético universal para participar de un experimento científico es el consentimiento claro e informado de los implicados.
Es por todas estas razones que creemos que esta ley es incorrecta , tanto desde el punto de vista jurídico como moral. Con seguridad va a ser declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Pero eso ya se sabe de antemano. Entonces… ¿qué está buscando Mujica con su aprobación? ¿Los flashes internacionales? O… ¿ir de a poco desgastando la institucionalidad democrática-republicana de nuestro país?
