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EnglishLos uruguayos están preocupados. Y no les falta razón. En momentos en que el mundo mira horrorizado la cruel tiranía y las masacres perpetradas por el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, se enteran de que los presidentes José Mujica y Barack Obama acordaron mediante un arreglo secreto que el país sudamericano recibiera a seis reclusos de la prisión estadounidense en Guantánamo.
Es conveniente recordar que el grupo extremista EI es una derivación de Al-Qaeda. Se le considera la “segunda generación” de esa organización. Según Manuel R. Torres, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España), se presume que actualmente 20.000 combatientes integran Al-Qaeda y sus filiales. Entre los que están luchando en Siria e Irak, muchos son occidentales: hay varios ingleses, alemanes, franceses, holandeses e italianos.
Torres señaló que el fenómeno del terrorismo yihadista es complejo y multiforme. Es posible encontrar organizaciones formales como “Al-Qaeda Central” y sus extensiones regionales, pero también existen células y redes que operan con independencia, aunque inspirándose en un relato común. Lo más preocupante es que, además, atrae a individuos aislados que —a pesar de no tener vinculación religiosa con los grupos originarios— se suman a esa lucha apoyándola a través de diferentes vías o “emprendiendo sus propios proyectos terroristas”.
No es un secreto que este tema tenga alarmado al mundo desarrollado. Pero también es una gran verdad que en Uruguay este temor no existe. Es por esa razón que la inmensa mayoría de los uruguayos no entiende cuál es el sentido del acuerdo; por qué buscarnos un problema que no tenemos, ni es nuestro.
La inquietud de los uruguayos aumenta con el secretismo y las evasivas de Mujica y de la embajadora estadounidense en nuestro país, Julissa Reynoso.
Por otra parte, los presos de Guantánamo son el símbolo más elocuente de que Al-Qaeda logró en gran medida su objetivo de debilitar a la democracia republicana y liberal de Estados Unidos. Desde ese 11 de septiembre de 2001, las instituciones libres de ese otrora gran país vienen en franco deterioro. La Ley Patriótica fue uno de los desatinos más grandes.
La inquietud de los uruguayos aumenta con el secretismo y las evasivas de Mujica y de la embajadora estadounidense en nuestro país, Julissa Reynoso. El acuerdo, cuya naturaleza se ignora, no ha pasado por el Parlamento para ser aprobado o reprobado como determina la Constitución. Tampoco la ciudadanía ha sido informada adecuadamente a pesar de ser un tema tan delicado. Nadie sabe en qué condición llegarán los presos. ¿Podrán movilizarse libremente por nuestro territorio? ¿Podrán salir y volver a entrar? ¿Traerán a sus familiares a vivir aquí? ¿Cómo saber que esos parientes no militan en organizaciones de fanáticos islamistas?
Toda esta situación ha provocado que según la última encuesta, al 58% de los uruguayos les parezca “mal” que nuestro país reciba a esos reclusos. Para enturbiar aún más el asunto, Mujica declaró que “algo” se iba a llevar a cambio de ese trato, intercambio que sigue sin revelarse.
Lo peor de todo es que a Mujica la queda poco tiempo como presidente. A fines de octubre habrá elecciones nacionales y deberá entregar el poder el 1 de marzo de 2015. En función de esa realidad, los líderes opositores criticaron al Ejecutivo por no haber consultado a los candidatos presidenciales antes de acordar el traslado de los detenidos, y reclamaron que el acuerdo debe pasar por el Parlamento.
Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia de Uruguay por el Partido Nacional —y con claras chances de salir triunfador— ha expresado que rechaza la llegada de esos reclusos. Su posición provocó el “disgusto” mal disimulado tanto de Mujica como de la embajadora Reynoso.
Mujica declaró públicamente que “salen a romper las pelotas con esto por cuatro votos miserables”. Y en su alocución radial semanal expresó: “una vez que te enteraste que hay cerca de 200 tipos que se la comieron de garrón y que fueron tirados como tarro al basural, y vos pudiendo hacer algo que no pudieron hacer los otros por contradicciones electorales, ¿no das una mano por cobardía? […] No se puede ser en el mundo un alma tan podrida”.
Si esos reclusos son “refugiados”, entonces significa que vienen huyendo de un Gobierno tiránico —de un lugar donde no se respetan las garantías del debido proceso ni los derechos humanos.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos deslizó veladas amenazas. La embajadora afirmó que “la buena disposición” que existe actualmente por parte del Gobierno de Obama hacia Uruguay podría “verse afectada por un cambio de posición” sobre esta materia. “Quizás lo que pueda ocurrir es que las relaciones a futuro no estén al mismo nivel”, agregó.
Para endulzar la situación, los estadounidenses afirman que los reclusos seleccionados para venir a nuestro país son de “bajo riesgo”. Pero es sumamente llamativo que su Congreso impida liberarlos allí. Justamente por esa razón es que Obama pretende trasladarlos a otras naciones. Desde que el Gobierno de George W. Bush (2001-2009) justificó la invasión a Irak con el «cuento” de que Saddam Hussein poseía “armas de destrucción masiva”, la credibilidad de las autoridades de ese país está muy venida a menos.
Ahora se dice que vendrían en calidad de “refugiados”, y esa catalogación nos lleva al verdadero meollo de esta cuestión. Si esos reclusos son “refugiados”, entonces significa que vienen huyendo de un Gobierno tiránico —de un lugar donde no se respetan las garantías del debido proceso ni los derechos humanos. Un lugar donde, parafraseando a Mujica, a ciertas personas se las trata como “basura”. ¿Tan bajo han caído las autoridades estadounidenses que ni siquiera se dan cuenta de la “etiqueta” que aceptan tan gustosamente? ¿Han perdido hasta la vergüenza?
El tema de los presos de Guantánamo viene torcido desde hace muchos años. Lo originaron los gobernantes estadounidenses y a ellos les corresponde enderezarlo de acuerdo a las pautas de un Estado de derecho. Esas personas deberían ser sometidas a un proceso justo, llevado adelante por jueces imparciales; y si son hallados inocentes, deberán ser tratados como hombres libres y resarcidos por todo el daño injustificado que se les causó.
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