EnglishEl caso de la “valija de Antonini”, ocurrido en 2007 en Argentina, puso al descubierto el interés de Hugo Chávez y los hermanos Castro, por involucrarse activa y económicamente en los asuntos internos de los países de la región, con el fin de que en cada uno de ellos obtuviera el poder un político afín.
Los objetivos perseguidos eran dos:
Por un lado, que bajo su égida las dictaduras de origen electoral se fueran expandiendo por el continente; y por el otro, que respaldaran al chavismo-castrismo, silenciando o haciendo la vista gorda a sus violaciones de los derechos políticos, civiles y humanos.
A su vez, el “escándalo de Petrobrás” en Brasil sacó a la luz métodos más sofisticados de apoyo a mandatarios amigos. El sistema se basa en una triangulación, donde algunas compañías ganan enormes sumas de dinero de forma ilegítima bajo el auspicio estatal, y la contrapartida es financiar al partido gobernante en las campañas electorales.
En Uruguay, parlamentarios de la oposición se aprestan a investigar si durante la presidencia de José Mujica (2010-2015), no se puso en marcha un mecanismo similar. Específicamente, han puesto el foco en una situación que se conoció hace poco tiempo: los acuerdos comerciales firmados por Chávez y Mujica en enero de 2011, durante una visita de este último a Caracas. De esos negocios lo que más les llama la atención, es el papel desempeñado por la empresa Aire Fresco S.A.
A esa empresa se le otorgó la exclusividad de intermediar en todos los acuerdos comerciales (de importación y exportación) entre Uruguay y Venezuela, desde esa fecha hasta el día de hoy. El titular es Omar Alaniz, exintegrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. Sus directivos son dirigentes o militantes del MPP (sector político liderado por Mujica), y algunos de ellos forman parte del círculo más cercano del expresidente.
A nivel parlamentario, el diputado de la oposición Alejo Umpiérrez sigue con atención esa situación porque le resulta “harto sospechosa” dicha intermediación. Señala que “el Gobierno tiene que responder cómo fue que se seleccionó a esa empresa, qué antecedentes tiene, qué negocios tenía previo a que se la colocara en un memorándum oficial”. El legislador señala que lo que le llama poderosamente la atención, es que “generalmente los intermediarios, además de cobrar su porcentaje, hacen adelantos de pago de futuras exportaciones. Acá no hemos conocido ninguna mecánica de prefinanciación de exportaciones. Simplemente se ha transformado en alguien que lo que hace es cobrar un peaje”.
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Frente a esas sospechas la reacción de Mujica fue restarle importancia a la situación, aduciendo que “es una manera de ganarse la vida como cualquier otra”.
Sus dichos provocaron la reacción de otros legisladores de la oposición. Entre ellos la del senador Pablo Mieres, quien expresa que “José Mujica salió presuroso a justificar la actividad de Aire Fresco S.A. diciendo que la intermediación comercial y el cobro de comisiones por tal concepto es una actividad lícita y legítima.
Sorprendió que el ex Presidente saliera tan rápidamente a explicar, lo que de por sí daba por cierto que existía una efectiva vinculación entre los empresarios y Mujica. Es más, el actual diputado Placeres (que no lo era en el período anterior) tiene contabilizados un verdadero record de visitas a Caracas en los últimos años”.
Mieres afirma lo siguiente:
“Lo que dijo Mujica sobre la legitimidad y licitud de la actividad de intermediación comercial es correcto. Sí, es correcto siempre y cuando no medie un vínculo político o gubernamental que direccione indebidamente los negocios hacia esa empresa. Es decir, la actividad es lícita en su contenido material, pero si se incorpora el elemento subjetivo de que una autoridad gubernamental le entrega el negocio a una empresa concreta, la licitud se convierte en ilicitud y esa actividad de intermediación se convierte en un ejercicio evidente de corrupción.
Para decirlo más claro, ya era sospechoso que una empresa dirigida por dirigentes y militantes del sector del Presidente de la República monopolizara los negocios con Venezuela. Pero si, además, el Presidente había realizado alguna acción específica para direccionar los negocios a favor de esa empresa, habría incurrido en un delito. Ineludiblemente.
Pues bien, existe documentación fehaciente que indica la existencia de esta vinculación espúrea y, a todas luces, ilegítima. En efecto, las actas de los acuerdos firmados entre ambos Gobiernos durante el mandato de José Mujica que son públicas y están disponibles en Internet, incluyen con nombre propio a la empresa Aire Fresco S.A. e, incluso, su principal directivo aparece firmando uno de los convenios en los que se establecen vínculos comerciales entre ambos países. Único convenio que no firma ninguna autoridad de gobierno sino un empresario privado.
Los negocios con Venezuela siempre tuvieron aspectos poco claros. De eso no hay duda. Pero el otorgamiento “a dedo” de una actividad empresarial de intermediación a un grupo de amigos políticos por la que seguramente estos obtuvieron enormes ganancias, es un hecho que tiene toda la apariencia de la peor corrupción”.
Por su parte, Pedro Bordaberry —otro senador opositor—, se interroga: “¿Mujica defendiendo que se cobre comisión a los uruguayos para entrar en Venezuela? ¿Mujica defendiendo las comisiones? Y después llega al día de las elecciones y hay algunos sectores que te apabullan a publicidad. ¿De dónde sacan el dinero?”
Es indudable que las autoridades competentes deberían investigar a fondo este tema.