Muchos son los que hacen gárgaras con el tema de la defensa del sistema democrático de Gobierno y los Derechos Humanos. Pero a la hora de la verdad, son raros los que alzan su voz y toman medidas concretas contra las dictaduras, tanto las de “derecha” como las de “izquierda”.
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Esos prohombres son individuos que en soledad y frecuentemente soportando la repulsa de sus pares, revelan convicciones tan firmes, que es como si un fuego interior les diera fuerza para resistir tanta hipocresía, cobardía, intereses ocultos y ataques personales. Se caracterizan porque en una fase de su existencia se agigantan de tal modo, que deja de ser relevante su conducta pasada, los errores cometidos en otras áreas, las torpezas que seguramente cometerán en el futuro o que vuelvan a sumergirse en la irrelevancia. La luz que irradian en el período en que destacan, les asegura un sitial en el corazón de todas las personas de buena voluntad, más allá de banderas políticas.
Entre esas figuras se encuentran el expresidente norteamericano, Jimmy Carter (1977-1981), y Luis Almagro, actual Secretario General de la OEA.
En la década del 70, dictaduras militares asolaban el continente americano. Especialmente crueles eran las del Cono Sur: Chile (1973), Uruguay (1975) y Argentina (1976).
En esa época –al igual que hoy- la inmensa mayoría de los gobernantes se hacían los distraídos, mirando para otro lado. Lo cual es un modo de complicidad dado que pudiendo hacer algo, prefieren adoptar la actitud de Poncio Pilatos.
La gente suele creer que las dictaduras de diferente signo son enemigas acérrimas. Nada más alejado de la verdad. A un autócrata son más las cosas que lo unen con otro, que aquellas que lo separan. En rigor, las ideologías para esa gente son meras excusas para alcanzar su objetivo real: concentrar en sus manos el poder total y con él, los “premios sociales” que eso implica.
Por esa razón no es de sorprender que la dictadura encabezada por Jorge Videla (1976-1981), tuviera como aliados a los gobernantes de la ex URSS y a Fidel Castro. Múltiples acciones así lo demuestran. Por ejemplo, Cuba se abstuvo de condenar al régimen militar argentino en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Algunos de los mandatarios regionales que han gobernado últimamente, y que al asumir se autoerigieron repentinamente en “paladines” de la democracia y los derechos humanos –como por ejemplo Néstor y Cristina Kirchner y el uruguayo Tabaré Vázquez– en aquellos tiempos oscuros se dedicaron a hacer carrera y enriquecerse al amparo de las dictaduras.
En medio de ese sombrío panorama continental, Venezuela resplandecía como una estrella en el firmamento. Allí funcionaba una democracia genuina -donde todas las voces podían ser escuchadas- y había prosperidad generalizada. Era la época de “ta’ barato, dame dos”, de la abundancia y la alegría despreocupada. Asimismo, era el refugio de los perseguidos de la región, a quienes los venezolanos acogían con generosidad y brazos abiertos. Venezuela se convirtió en caja de resonancia internacional de las denuncias sobre las cosas tremendas que estaban ocurriendo en el resto de América Latina.
Un hito que marcó el principio del fin de las dictaduras latinoamericanas, fue la llegada de Carter a la presidencia. Su actitud causó sorpresa generalizada y cambió radicalmente el panorama reinante. Rememorando lo sucedido en aquel entonces, Daniel Gutman señala que:
“Estados Unidos fue, durante la presidencia de Jimmy Carter, un duro adversario de la dictadura militar argentina. Durante 1977 y 1978, Carter y su valiente secretaria de Derechos Humanos, Patricia Derian, presionaron a la Junta Militar para que pusiera fin al terrorismo de Estado. Ningún otro Gobierno hizo algo parecido, a pesar de que la comunidad internacional estaba informada de la magnitud de los crímenes que se cometían en el país con la excusa del combate contra la guerrilla. Éstos son hechos documentados”.
Si cambiamos la expresión “combate contra la guerrilla” por “combate contra la pobreza”, y el nombre de Carter por el de Almagro, lo que Gutman expresa con respecto a lo sucedido casi 40 años atrás, bien podría aplicarse a lo que está sucediendo actualmente. Incluso se repiten las mismas excusas. Por ejemplo, en el pasado, el Partido Comunista Argentino repudió públicamente las denuncias de Carter sobre violaciones a los derechos humanos, por considerarlas “una intromisión en los asuntos internos de la Argentina”.
Además, la actitud de la administración Carter contrastó violentamente con la de su antecesor Gerald Ford, que había implícitamente apoyado las violaciones de los derechos humanos. El norte que guiaba su accionar fue expuesto en forma descarnada por su Secretario de Estado, Henry Kissinger: “Tengo un punto de vista anticuado, según el cual los amigos deben ser apoyados”.
La misma “ética” que actualmente aplican varias “personalidades”. Por ejemplo, José Mujica afirma que a raíz de las denuncias de Almagro sobre Venezuela, se da cuenta que se equivocó al promoverlo a la jefatura de la OEA y en consecuencia, se arrepiente. Asevera que “la presión exterior sólo crea paranoia” y no colabora a resolver los conflictos internos de un pueblo.
Pero Carter –al igual que Almagro- sostuvo una postura diferente. Ambos comprendieron que la presión internacional es un arma fundamental en la lucha contra la tiranía. Y en ese contexto, la OEA tiene un rol fundamental que cumplir: dejar su funcionamiento burocrático y el aparentar que está haciendo algo, para pasar a actuar realmente.
En 1978, Carter le hizo saber a la dictadura argentina que levantaría las sanciones económicas sólo si cumplían con tres condiciones (la misma actitud adoptó con respecto a la uruguaya y la chilena): revelar el destino de los desaparecidos, juzgar o liberar a los detenidos sin proceso, e invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gutman enfatiza que:
“La visita de la CIDH se concretó en 1979 y es difícil exagerar su importancia: gracias a ella, se redujeron sensiblemente los secuestros, se cerró una gran parte de los centros clandestinos de detención y se corrió el manto de silencio en el país sobre la tragedia de los desaparecidos”.
En 2016, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA, Almagro convocó a una sesión urgente del Consejo Permanente con el fin de debatir, por primera vez, la crisis en Venezuela. Bajo su dirección y tras recibir denuncias de los perseguidos venezolanos, la OEA elaboró una detallada exposición sobre la situación reinante allí. Almagro señala que:
“En nuestro informe hemos verificado que el orden constitucional de ese país se ha visto alterado de múltiples formas, ha sido violado el principio constitucional de separación de poderes, se ha bloqueado completamente los trabajos de la Asamblea Nacional, se ha cooptado el Poder Judicial tanto en mecánicas de integración como de funcionamiento, se violan los derechos humanos en forma sistemática, tanto por la existencia de 94 presos políticos como por constantes casos de tortura, y se han introducido obstáculos imprevistos a la realización del referéndum revocatorio que marca la Constitución Bolivariana. El informe es de 132 páginas, cada una de ellas muestra evidencia al respecto”.
La reunión del Consejo Permanente está planificada para hoy, 24 de junio. No sabemos qué actitud tomarán los representantes de los diferentes países. De los que sí estamos seguros, es que los ojos de los auténticos demócratas y defensores de los derechos humanos estarán puestos sobre ellos. Y que la historia los juzgará.