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En Uruguay la paciencia de los empresarios con el gobierno se agotó. Por consiguiente, las cámaras de Comercio e Industria se reunieron y decidieron seguir adelante con la queja presentada varios años atrás ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Qué es lo que causa tanto disgusto entre las gremiales empresariales, que las impulsa a continuar con acciones que podrían poner a Uruguay en la “lista negra” de la OIT?
Desde que la izquierda asumió el poder en 2005 viene aprobando normas que irrespetan derechos esenciales consagrados constitucionalmente. Una de las que ha tenido consecuencias más graves, fue el decreto 165/06 emitido por Tabaré Vázquez en 2006 durante su primera presidencia. Esa norma legalizó las ocupaciones de los lugares de trabajo –innovando en la materia- catalogándolas como “modalidad de ejercicio del derecho de huelga”.
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Eso ha significado que los huelguistas impiden el ingreso del dueño de la empresa, de los proveedores y de aquellos trabajadores que desean trabajar, “paralizando el equipamiento disponible o usándolo según pautas propias”. Por tanto, se está desconociendo “el derecho de propiedad del titular del establecimiento, la libertad de comercio, industria y actividades lícitas, el derecho al trabajo de los trabajadores no ocupantes y del empleador, y el derecho a la seguridad jurídica”.
Como se puede observar, no radica en minucias el malestar de los empresarios. Por el contrario, están alarmados porque se está afectando gravemente al Estado de Derecho y a la forma republicana de gobierno.
Desde el momento en que el Frente Amplio tomó las riendas del poder, le otorgó un poder tan desmesurado a los sindicalistas (PIT-CNT), que quebró el necesario equilibrio que debe existir entre los diferentes sectores sociales. Paulatinamente, el Uruguay se va acercando a un despotismo sindical.
Hay ciertos datos que son elocuentes al respecto:
- En el ranking 2016 de confianza en las instituciones, que mide el grado de confianza o valoración que determinada institución despierta en los ciudadanos, los sindicatos quedaron ubicados en el penúltimo lugar de la tabla.
- En el reciente viaje de Vázquez a Finlandia, cuyo objetivo fue convencer a UPM de que ubique una segunda planta de celulosa en nuestro país (inversión estimada en U$S 4.000), los directivos subrayaron que había que solucionar un aspecto que la empresa consideraba “crítico”: el tema sindical. UPM quiere que el gobierno le dé garantías de que “no permitirá ocupaciones u otras medidas sindicales” si eventualmente realiza la mencionada inversión.
- En la comitiva presidencial y no por casualidad, estaba Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Debido a la preocupación mencionada Heikki Vappula, alto funcionario de la UPM y enlace clave con Uruguay, se reunió con Pereira para saber cuál iba a ser la postura de los sindicatos.
En 2005, Vázquez no se limitó a inventar derechos laborales como el de “ocupación”, sino que acrecentó el despotismo sindical al derogar el Decreto 512/66 que autorizaba el desalojo policial de los establecimientos ocupados. Sin embargo, cuando esa “arma” sindical se utilizó contra el propio gobierno, a éste no le gustó nada. En consecuencia, José Mujica durante su presidencia firmó un decreto que otorgaba la posibilidad de utilizar la fuerza policial para desalojar edificios públicos.
Ergo, vemos que la izquierda uruguaya no comparte el principio republicano de “gobierno sometido a la ley común”. Ni siquiera le interesa enmendar errores porque al sufrir en carne propia los efectos de sus propios dislates, en vez de rectificar con humildad, siguen aprobando normas que van incrementando la distancia entre la vida diaria del hombre común y la de sus gobernantes.
Las ocupaciones y las intervenciones del PIT-CNT han provocado que muchas empresas hayan tenido que cerrar sus puertas, que inversores extranjeros hayan decidido irse y que otros al pensar en dónde invertir, “esquiven” al Uruguay.
La queja original de los empresarios ante la OIT se remonta a 2009. La razón fue el citado decreto 165/06 que legalizaba las ocupaciones. En 2010 en respuesta a ese reclamo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT realizó nueve recomendaciones al gobierno, para que modificara la ley de Negociación Colectiva. Carlos Perera –presidente de la Cámara de Comercio- expresó: «La OIT le dijo al gobierno en 2010: ‘señores tienen que arreglar esto porque están fuera de los acuerdos que ustedes han firmado’. Si no se corrige la OIT va a seguir poniendo a Uruguay en una situación de demasiada rigidez sindical».
No obstante, Vázquez y Mujica se han negado a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones.
La situación descripta llevó a que en 2013 la OIT estuviera a punto de incluir a nuestro país en la “lista negra”. Esa vez el gobierno logró frenarla con el argumento que en Uruguay existe «un alto nivel de diálogo social».
Pero a decir verdad, las autoridades gubernamentales y el PIT-CNT no hacen más que tomarles el pelo a los empresarios. Cada vez que las cosas se ponen feas ante la OIT expresan voluntad de “dialogar”, pero los hechos demuestran que no hay genuina intención de rectificar. Incluso, Pereira declara que la ocupación “es una extensión del derecho de huelga para nosotros” y que para el PIT-CNT, “no es posible que cuando se decide una ocupación aquellos trabajadores que quieran ingresar a cumplir su tarea lo hagan”.
Los empleadores también habían impulsado medidas ante la OIT en 2015 y en 2016, pero las frenaron ante el compromiso de la contraparte de ajustar consensuadamente las diferencias. Sin embargo, no pasó nada.
Indignado, Washington Corallo – presidente de la Cámara de Industrias- afirmó: “Yo entendí que hace dos años cuando acordamos una prórroga había una madurez sindical que iba a permitir llevar a buen puerto esta nave, pero veo que todavía no es la suficiente que debería exhibir un país como Uruguay. […] Pusimos 24 meses de esfuerzo total y no logramos nada […] Tenemos que volver a apelar a formar el sentido común que no está y para eso hay que reavivar la queja» ante la OIT.
Esta actitud del gobierno y del PIT-CNT, nos trae a la memoria las sabias palabras de Alexis de Tocqueville: “Es un error creer que los déspotas no aman a la libertad. Por el contrario, la aman tanto que la quieren solo para ellos”.
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