Uno de los rasgos característicos de los gobernantes latinoamericanos, es recurrir a falacias para “dorarle la píldora” a los ciudadanos. Es irritante el descarado con que camuflan sus objetivos reales bajo la apariencia de propósitos “loables”.
Cualquier habitante de este continente sabe que cada vez que van a subir los impuestos, los justifican declarando que es para aumentarles los sueldos a los maestros, médicos y policías del sector público, que generalmente están muy mal pagos.
Una táctica frecuente cuando los contribuyentes agobiados por la carga tributaria reclaman que se baje el gasto estatal, es alzar “indignados” la voz exclamando: “¡Quieren cortar los planes sociales! ¡Son unos desalmados!”.
Esas falacias son muy efectivas porque logran acallar las voces de indignación y que la gente recule avergonzada. Mediante ese mecanismo retórico los gobernantes logran sus propósitos, el diálogo se empobrece y disminuye el progreso social.
¿Cuál es el antídoto frente a esa perversión del lenguaje, que tiene efectos nefastos sobre la calidad de vida de la población?
Desnudar esas falacias, exhibiendo los resortes psicológicos sobre los que se apoyan. Para lograrlo, hay que contrastar esas afirmaciones con la realidad. O sea, con la verdad, que se desprende tanto de la experiencia personal como de las investigaciones académicas.
Lamentablemente en América Latina no existe la costumbre de analizar a las leyes, para evaluar si cumplieron o no con los objetivos esgrimidos por las autoridades al imponerlas. Esa práctica tan saludable constituye el primer paso para corregir los errores.
Con respecto a la falacia utilizada para aumentar impuestos, es fácil demostrar su falsedad: si fuera cierto que ese dinero adicional se utiliza exclusivamente para el fin aludido, a esta altura los maestros, policías y médicos serían los funcionarios mejor pagos de la administración pública. Pero no es así, siguen estando sumergidos.
La falacia de los “programas sociales para atender a los pobres” como excusa para no bajar el costo del Estado y en consecuencia, no disminuir impuestos, exige una investigación rigurosa para desmontarla.
Peter H. Schuck –profesor emérito de Derecho de la Universidad de Yale- emprendió esa empresa. Sus conclusiones fueron publicadas en el libro ¿Por qué el gobierno fracasa tan a menudo? Señala que usualmente los programas públicos no cumplen con los fines para los que fueron diseñados y sin embargo, siguen funcionando consumiendo ingentes recursos de los contribuyentes.
La cifra que proporciona es alarmante: menos del 1 % del presupuesto estatal muestra evidencia de que el dinero fue usado adecuadamente; el 99 % se basó en supuestos que no se cumplieron.
Proyectando estos datos, vemos que la parte del león del gasto público, no va a los más necesitados. Por el contrario, la prensa informa un día sí y otro también, sobre los altos sueldos de algunos funcionarios públicos, prebendas, nepotismo, acomodos, ñoquis, clientelismo, privilegios, negocios turbios entre empresarios y autoridades, ineptos en cargos de responsabilidad lo que acarrea enormes pérdidas monetarias, políticas mal concebidas, etc, etc. Ahí es donde se “escurre” el gasto público.
Eso, sin contar que las ayudas estatales en Latinoamérica no están diseñadas para hacer a los pobres autosuficientes sino “Estado-dependientes”. Así, el partido gobernante busca perpetuarse en el poder.
Las falacias de los gobernantes suelen comenzar con el nombre que le atribuyen a las leyes. Analicemos un ejemplo:
En Uruguay en 2014 se aprobó la ley No. 19. 210. Las autoridades la denominan “Ley de inclusión financiera”.
En las sociedades democráticas el concepto de “inclusión” tiene connotaciones positivas. Se la percibe como la contracara de la exclusión social, derivada de la pobreza, el analfabetismo y la segregación étnica, religiosa o por orientación sexual.
Esa base psicológica es reforzada en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. La sección bautizada “Inclusión financiera justo para vos”, bajo el subtítulo de “Fundamentos del Programa de Inclusión Financiera”, asevera que:
- Incorporar a “segmentos de la población y las empresas que hasta ahora estaban excluidos del sistema financiero, otorgándoles el derecho de acceder en forma gratuita a un conjunto de servicios financieros básicos”.
- Quitar dinero de la calle contribuye “a mejorar las condiciones de seguridad de la población y los comercios”.
- Contribuir “al desarrollo económico y social y apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas, así como a potenciar la actividad de las micro y pequeñas empresas”.
Por tanto, los gobernantes afirman que son impulsados por nobles intenciones: el bienestar de la población, especialmente, de los más débiles.
Contrastemos esos “fundamentos” “justo para vos” con la realidad:
Existe gran oposición ciudadana a la obligatoriedad de utilizar medios bancarios para realizar transacciones y pagos. Entre ellos, los trabajadores nucleados en la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay; también, los pequeños y medianos empresarios porque les incrementan los costos y le disminuye la clientela.
La restricción del efectivo no mejoró la seguridad pública sino que la empeoró. Los robos son más cruentos y frecuentes porque los “rateros” y delincuentes comunes han sido desplazados por bandas profesionales, incluso, extranjeras.
¿Por qué ha ocurrido eso? Porque ahora el botín es más sustancioso. Los blancos preferidos son los cajeros automáticos, los cambios, las redes de pago y los supermercados. Rara vez la policía atrapa a los ladrones.
En tres meses hicieron explotar a 13 cajeros automáticos, una modalidad delictiva que antes no existía en Uruguay. Para prevenirlos, los bancos han recurrido a diferentes estrategias: poner menos plata en ellos, no reponer los destrozados y restringir el horario en que están abiertos.
El resultado es que la gente está teniendo dificultades para retirar dinero, lo cual, les complica la vida. Las quejas van en aumento y tiene irritada a la población.
Entonces, ¿si los resultados no han sido los esgrimidos, cuál habrá sido la intención primordial de esta ley?
La mejor manera de conocer lo que realmente piensa alguien, es oírla cuando está enojada. Situación en que se encontró el presidente Tabaré Vázquez en estos días:
“¿Sabe lo que busca la inclusión financiera? Que una manga de vivos que evaden el pago de impuestos, a los que no les sirve la inclusión financiera, paguen. Si todos pagamos los impuestos que tenemos que pagar, todos vamos a pagar menos”.
Ahhh, entonces el propósito primordial es cobrar impuestos. Pero cómo señalábamos anteriormente, ese gasto de “noble” tiene poco, ya que sólo el 1 % es usado en forma provechosa.
Si “todos pagamos, todos vamos a pagar menos” es otra falacia, tal como prueba la experiencia: cuanta más plata entra al Estado, más despilfarran los gobernantes.
¿Disminuir impuestos? Cuando un periodista le preguntó eso, Vázquez sonriendo le respondió: “¿Usted cree en los Reyes Magos?”…
Si genuinamente las autoridades quieren impulsar la inclusión social, que desarrollen una educación pública de calidad. Materia en la cual los gobernantes frenteamplistas están omisos.
Y si la intención es “promover el desarrollo económico y social”, les vendría bien la lectura de Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza de Daron Acemoglu y James Robinson.
Estos autores expresan que la prosperidad es hija de instituciones que limiten eficazmente el poder coercitivo del Estado sobre los ciudadanos y que eviten su captura por parte de grupos de interés que lo utilizan en provecho propio.
En conclusión, la ley de inclusión financiera obligatoria está fundamentada en falacias. El camino hacia la prosperidad va en dirección contraria