Luiz Inácio Lula da Silva, sus cómplices y sus aliados políticos están apelando a la mentira descarada y a la incitación de las pasiones para salvar al expresidente brasileño del aprieto judicial en el que está envuelto. O sea, a prácticas fascistas.
A los impulsores de esta estrategia les importa un comino que por esta vía se liquide a la República democrática —que rige actualmente en Brasil— con su sistema de separación de poderes, controles y contrapesos.
Además, está claro que una eventual nueva presidencia de Lula sería muy diferente a las anteriores, más semejante a las de Cuba y Venezuela. Amenazó vengarse de todos aquellos que “osaron” enjuiciarlo o dieron a conocer sus tropelías. La expresión, “Si se atreven a detenerme”, es elocuente; también dijo que no perdonará al juez Sérgio Moro por haber “acuñado ante la sociedad, en connivencia con los grandes medios de comunicación”, la idea de que es ladrón.
Los pseudoargumentos sobre una supuesta “guerra jurídica” y sobre el papel de la prensa —“los grandes medios tradicionales”— fueron refutados por los jueces actuantes. Incluso, motivó que se le recordara que “en un ambiente de libertad de expresión, el papel de la prensa es informar sobre los hechos de interés público.” Ha publicado cosas de políticos de las más diversas tendencias y no solo sobre Lula, como se pretende. Por consiguiente, la tesis de “persecución política” no se sostiene, se lee en el fallo.
Pero como el “grupo Lula” sigue recurriendo a ese sofisma, tememos que la libertad de prensa, de opinión y la independencia judicial se verán en grandes aprietos si esta maniobra fascista llegara a triunfar.
Las expresiones de apoyo de sus aliados políticos en el exterior, refuerzan esta tesis. Entre ellos sobresale José Mujica –expresidente de Uruguay– quien en múltiples ocasiones abogó a favor de Lula. En una misiva que le envió expresa:
“Querido Lula: las clases sociales existen y las dominadoras no soportan que los sometidos les disputen el poder. Sé que la pelea continúa y continuará a pesar de los jueces y la prensa. Te acompañamos en las luchas del pueblo humilde de Brasil. Contigo como siempre, Pepe”.
Ante esas palabras, es bueno recordar que Mujica asfixió económicamente al Poder Judicial uruguayo desde que la Suprema Corte declaró inconstitucionales varias leyes por él promovidas. Asimismo que durante su mandato -con los únicos votos de la mayoría oficialista- se aprobó la “ley de medios” que él impulsó. “. Los defensores de la libertad de prensa señalan que es una amenaza al ejercicio de la libre expresión. Sus normas han provocado numerosos recursos de inconstitucionalidad.
Los lulistas siguen la táctica del nazi Joseph Goebbles: “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”.
Jean-François Revel en su libro “El conocimiento inútil”, sostiene que la “primera de todas las fuerzas que dirigen al mundo es la mentira”. Es la fuente de las tiranías. Por eso alerta que “la democracia no puede vivir sin una cierta dosis de verdad”. De ahí su relevancia.
Usar la mentira exacerbada como arma política, es indicio de poco apego hacia la democracia y de que se es capaz de cualquier cosa con tal de enquistarse en el poder.
La falacia de “causa falsa” está siendo utilizada a gran escala por los defensores de Lula. Esta estratagema consiste en decir que como dos eventos coinciden en el tiempo, uno es la causa del otro. En este caso consiste en decir que las denuncias contra Lula tienen por objeto impedir que se presente a las elecciones de este año.
La verdad es exactamente la contraria: Lula decidió presentarse como candidato cuando comenzó a ser indagado, como forma de amedrentar a los que lo están juzgando o denunciando.
Asimismo, expresan que las denuncias están motivadas por las políticas sociales que aplicó mientras gobernó.
La respuesta del juez Moro ante esos postulados, fue que se trata de una estrategia de la defensa para desvirtuar el proceso, quitando el foco de las acusaciones realizadas. Señala que el abogado recurre a esos sofismas en vez de “discutir los méritos de la acusación”. Agrega, que si bien es comprensible que el abogado recurra a tácticas de distracción, “no dejan de ser lamentables porque demuestran que la defensa no encuentra ninguna base fáctica en la cual apoyarse ni tampoco argumentos mínimamente consistentes”.
En el expediente judicial queda consignado que se va a decidir la responsabilidad de los acusados únicamente en base a la ley y las pruebas.
Pero, ¿por qué decimos que la táctica de defensa de Lula es fascista?
Porque él y sus aliados quieren obtener o impedir mediante la fuerza (movilización de muchedumbres manijeadas), aquello que no pueden lograr mediante la racionalidad institucional republicana.
Desde el inicio Lula recurrió a dos tipos de acciones: la defensa legal ante los estrados judiciales, y, conjuntamente con el Partido de los Trabajadores, agitar las aguas para provocar una movilización callejera de sus simpatizantes, que incluso podría derivar en violencia. Por cierto, algo muy parecido a los grupos de choque fascistas. Esto último está probado mediante las escuchas telefónicas habilitadas judicialmente.
Como una mantra el “grupo Lula” —tanto en su vertiente brasilera como extranjera— repite que no hay “pruebas” en su contra, que todo se basa en la delación premiada de algunos empresarios.
Esa afirmación no sólo es falsa sino que delata mala fe. La sentencia de culpabilidad de Lula por el caso del apartamento que le habría entregado la constructora OAS a cambio de contratos con la petrolera estatal Petrobras, contiene 218 páginas. Las pruebas documentales abarcan 99 de sus artículos (320 al 419).
Aquí se puede leer la sentencia completa. Cualquiera que se tome el trabajo de hacerlo, comprobará que está muy bien fundamentada. Hay transcripciones de las contradicciones en las que incurrió Lula durante los interrogatorios, que habían sido grabados.
Se pretende imponer el “relato” de que Lula es un “preso político”. También esto es refutado en la sentencia. Se expresa que alguien que fue interrogado en presencia de su abogado, con resguardo absoluto de su integridad física, teniendo derecho a guardar silencio y contando con todas las garantías del debido proceso (que comenzó en febrero de 2016) no se ajusta a esa definición.
Otra línea de defensa consiste en aducir que el mencionado triplex no está a nombre de Lula ni de su mujer. Un argumento infantil cuando lo que se está dilucidando es, precisamente, un caso de corrupción galopante y lavado de dinero.
Como expresa el juez Moro en la sentencia, estamos haciendo referencia a “una actividad criminal grave, reiterada, habitual y profesional”. Por consiguiente, “al tener que resolver esta cuestión, no es suficiente un examen meramente formal de la titularidad o la transferencia de la propiedad”. Enfatiza que no se están discutiendo cuestiones sobre la titularidad de un inmueble desde el punto de vista del Derecho Civil, sino un asunto criminal de corrupción y lavado de dinero muy sofisticado.
Revel expresa que la ética exige unir racionalidad y honradez. No pronunciarse sobre una cuestión hasta que se hayan considerado todas las informaciones disponibles, sin eliminar ni deformar deliberadamente ninguna.
Lula y sus aliados está demostrando que con tal de salirse con la suya, la ética les importa muy poco.