El 20 de marzo fue el relanzamiento del Centro PEN Uruguay. Es parte de la prestigiosa organización internacional del mismo nombre fundada por la escritora, poeta y periodista británica Amy Dawson Scott en 1921. Está integrada por escritores, periodistas y todos aquellos que trabajan con la palabra, ya sea oral o impresa.
En la carta constitutiva se establece que:
– “Los miembros de PEN siempre deben usar las influencias que tengan a su disposición en beneficio de la comprensión y del respeto mutuo entre naciones y pueblos; se compromete a hacer el mayor esfuerzo posible para disipar todos los odios y a defender el ideal de una sola humanidad viviendo en paz e igualdad en un solo mundo”.
– “PEN aboga por el principio de la libre transmisión de pensamiento dentro de cada país y entre todos los países; y sus miembros se comprometen a oponerse a cualquier forma de supresión de la libertad de expresión en el país y en la comunidad donde viven, así como en otros lugares del mundo cuando sea posible”.
– “PEN proclama su apoyo a favor de una prensa libre y se opone a la censura arbitraria en tiempos de paz”.
– “Cree que el progreso indispensable del mundo […] hace imperativa la crítica libre de los gobiernos, administraciones e instituciones; y puesto que la libertad supone la moderación voluntaria, los miembros se comprometen a oponerse a los males inherentes de una prensa libre, tales como las publicaciones mendaces, la falsedad intencional y la distorsión de los hechos con fines políticos o personales”.
Como se puede apreciar, el compromiso asumido por sus miembros es transcendente no solo para sus naciones sino también para la fraternidad mundial. Y, especialmente, hacia aquellos que son perseguidos o silenciados.
PEN exige no ser indiferentes hacia lo que les pasa a los “otros” (individuos o pueblos). Exhorta a tener coraje e integridad moral; a no prestarse para ser simples “transmisores” de la “verdad oficial”. Señala la intrínseca relación que existe entre las relaciones pacíficas, el respeto hacia todo ser humano y la libertad de expresión.
Para la calidad democrática una prensa libre es esencial. Solo si las diversas voces se pueden hacer oír; si se investiga e informa sobre lo que hacen las autoridades o cualquier otro grupo de poder (empresarios, sindicatos, feministas, grupos de presión y demás). Si se puede criticar a los gobernantes sin temor a represalias, entonces, el voto que el ciudadano deposita en las urnas es auténticamente libre. Si no se dan estas condiciones, las elecciones son farsa y fraude electoral.
La historia muestra de forma consistente que las aspirantes a autócratas (de cualquier ideología) comienzan por aniquilar a la libertad de expresión y terminan persiguiendo, torturando y asesinando. Pruebas elocuentes de ello son Cuba y las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 y más recientemente, Venezuela y Nicaragua.
En Uruguay, el centro PEN se fundó en 1926. Nuestro país fue de los primeros en sumarse a esta iniciativa. Lamentablemente, se fue extinguiendo su energía para denunciar a los factores (económicos y tecnológicos) y/o autoridades que estaban afectando la vitalidad de la prensa independiente.
En los últimos años se han ido acumulando una serie de elementos preocupantes. Por eso y porque han aparecido “algunos signos de intolerancia”, especialmente hacia periodistas y medios de comunicación, Carlos Orlando (escritor y exembajador), Hugo Burel (escritor) y Daniel Gianelli (periodista) decidieron inyectarle nueva vida y relanzarlo. Su convocatoria recibió el entusiasta apoyo de aquellos que comparten los principios del PEN.
Sin embargo, conviene aclarar que la libertad de expresión, opinión y prensa en Uruguay goza de una posición envidiable dentro del concierto latinoamericano. Así lo indica la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada en 2017 por Reporteros Sin Fronteras (RSF). En ese informe, Uruguay descendió cinco escalones con respecto a la medición anterior aunque la situación seguía siendo “satisfactoria” porque ocupaba la posición 25 entre 180 países evaluados. En 2018 volvió a ascender al puesto 20.
Según el reporte de RSF, “Uruguay es un país modelo para la libertad de información. La despenalización de los delitos relacionados con los medios de comunicación, la reglamentación de la radiodifusión comunitaria y el acceso a la información garantizan un entorno favorable para los periodistas”.
A pesar de ello, algunos nubarrones se ciernen sobre el horizonte. Surgen primordialmente del entorno del presidente Tabaré Vázquez.
En 2016, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expuso la situación provocada por una investigación periodística que descubrió que el entonces vicepresidente Raúl Sendic no era licenciado como se hacía designar. La SIP indica que “en una declaración sin precedentes en la historia política del país en tiempos de democracia, el gobernante partido Frente Amplio acusó al periodismo de haber montado una campaña destinada a menoscabar la imagen y credibilidad de integrantes del gobierno, como así también debilitar la institucionalidad democrática del país”.
A su vez, RSF señala que en 2016 “registró varios casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas sobre periodistas que habían cubierto casos delicados que involucraban a miembros de la oficina del presidente”.
Además, “en 2017 varios reporteros que se dedican al periodismo de investigación, a raíz de su labor, fueron llevados a los estrados judiciales y la periodista Isabel Prieto se salvó por los pelos de ser asesinada”.
En el 2018, el informe de medio año de la SIP expresa preocupación por una medida emanada del Poder Ejecutivo. A iniciativa de la Presidencia de la República, se realizó una licitación para contratar los servicios de monitoreo de medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa. En el pliego de condiciones se estableció que la empresa ganadora “deberá señalar alcance, fecha, temas consultados, voceros, los medios en los que se publicó, valoración en la agenda mediática, y el tono con el que se publicaron dichas noticias”. Además, deberá hacer “informes cuantitativos y cualitativos sobre la actividad de los medios de comunicación”.
También menciona que “el 22 de febrero el presidente Tabaré Vázquez, en medio de una movilización del sector agropecuario y delante de periodistas, tuvo una fuerte discusión con un colono que lo calificó de ‘mentiroso’. Un día horas después, la página de Presidencia publicó un perfil del colono, con datos del Instituto Nacional de Colonización, como deudor moroso. Sorprendió la medida en un país donde está prohibido dar el nombre de un delincuente primario, para no estigmatizar a las personas”.
El informe de fin de año de la SIP reseña varios episodios de maltrato a periodistas y frases peyorativas hacia la prensa por parte de Vázquez, el canciller Rodolfo Nin Novoa y Javier Miranda, presidente del oficialista Frente Amplio.
Orlando declara que decidieron relanzar el Centro PEN Uruguay porque “no nos gustan frases intolerantes como hemos escuchado en los últimos ocho, nueve meses. La intolerancia es el comienzo del declive y de una situación inestable que puede terminar en enfrentamiento y odio”.
Especificó, asimismo, que la idea de relanzarlo ahora en Uruguay está vinculada a que en 2019 hay elecciones nacionales y esa circunstancia, sumada a la actividad de las redes sociales, va a producir un aumento de las noticias falsas. Asimismo, para rechazar las presiones, la censura y defender a los escritores y periodistas que son molestados por sus ideas o por ejercer su labor.
En estos tiempos tan difíciles para ejercer la independencia de pensamiento, es muy saludable el resurgimiento de PEN Uruguay.