Mentiras e impunidad de Tabaré Vázquez y su entorno

Una firma de Tabaré Vázquez generó un escándalo político que involucra a altos mandos del Ejército y violaciones a los derechos humanos.

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¿Realmente Vázquez homologó el fallo sin leerlo?
(Foto: Flickr)

El habitualmente calmo Uruguay está convulsionado. La razón de fondo es que dos militares (José Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira) reconocieron ante un Tribunal de Honor del Ejército que durante la dictadura se había asesinado y hecho desaparecer a un detenido.

Quedó registrado en actas. Silveira afirmó que el tupamaro Roberto Gomensoro fue asesinado, presuntamente por José Nino Gavazzo en 1973, en el batallón de Artillería N° 1. Y Gavazzo, por su parte, dijo que arrojó el cuerpo al río Negro. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo».

Tanto el Tribunal de Honor como el de Alzada dictaminaron que esos actos no habían afectado «el honor del ejército».

Esa confesión se encuadra en el contexto de los Tribunales de Honor constituidos para cinco militares retirados que están siendo investigados penalmente por violaciones a los derechos humanos. La orden fue dada por Jorge Menéndez, el recientemente destituido ministro de Defensa.

El colmo fue que el presidente Tabaré Vázquez firmó el documento que homologó ese fallo. Su firma aparece junto con la del subsecretario de Defensa, Daniel Montiel (el titular, Menéndez, estaba de licencia médica aquejado de una cruel enfermedad).

Este asunto hubiera pasado desapercibido sino fuera por una investigación periodística que lo sacó a la luz. Los uruguayos no se enteraron de esta impactante confesión a través del gobierno sino por el diario El Observador a través del periodista y escritor Leonardo Haberkorn.

La reacción del presidente Vázquez ante el estallido de esta bomba tiene varias aristas, ninguna de las cuales lo deja bien parado.

Por un lado, dio explicaciones vagas y contradictorias acerca de los motivos por los cuales homologó un fallo en el cual un militar confesaba que había hecho «desparecer» a un detenido y esa confesión no había sido derivada a la justicia como correspondía.

Recordemos que «homologar» significa «comprobar de manera oficial que las características de categoría y calidad de una cosa se adaptan a la legislación que existe sobre ella».

Además, sin indagar en profundidad qué había pasado para determinar con justicia quién o quiénes eran los responsables de la referida omisión -que constituye un delito- barrió a lo grueso. Cesó al comandante en jefe del Ejército, a los seis generales que integraron los tribunales militares y pidió la renuncia respectiva de Menéndez y del subsecretario Montiel, descabezando así al Ministerio de Defensa y al Ejército.

¿Cuál fue su argumento? Que habían incumplido el decreto 55 de 1985 que en su artículo 77 establece que «cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie».

Vázquez sostuvo que todos ellos “omitieron en forma deliberada” cumplir con el mandato de comunicar a sus superiores la posible existencia de un delito. Estaba «indignado» de que nadie le hubiera advertido antes de homologar el mencionado fallo de las tremendas afirmaciones que contenía.

Sin embargo, a medida que pasan los días, la estupefacción de los uruguayos va aumentando. Las declaraciones de los involucrados en vez de aclarar, oscurecen: se suman contradicciones, mentiras y cosas sospechosas.

Vázquez pretende justificar su omisión de denunciar ante la justicia la confesión de un delito. Expresa que no puede leer «los 50 expedientes» que tiene que firmar todos los días.

Con respecto a esa excusa, caben dos acotaciones: la primera, que para eso están el Secretario y Prosecretario de Presidencia, para avisarle si hay algo que debería revisar. En este caso, la responsabilidad recae sobre el Secretario Miguel Ángel Toma. ¿Por qué no lo alertó? ¿Por qué Vázquez no lo sancionó como a los demás?

La segunda, es que no era cualquier expediente sino uno referido a la violación de derechos humanos durante la dictadura. ¿No le interesó a Vázquez leerlo? ¿O solo utiliza ese tema para crear -a costa de los dineros públicos- costosos nuevos organismos con suculentos sueldos para sus amigos?

Esa indiferencia se ve agravada porque parecería que las cosas tampoco son como él dice.

El pasado13 de febrero, el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, entregó las sentencias en mano a Menéndez. Anexó un alegato -en el cual no mencionaba las confesiones de Gavazzo- censurando a la Justicia. Por sus críticas a los jueces penales, Vázquez lo destituyó un mes más tarde.

En la segunda quincena de febrero Menéndez llamó a Vázquez. Le comunicó que había recibido la sentencia de los Tribunales de Honor y le señaló que había un informe de Manini Ríos que «tenía que ver». Se reunieron al día siguiente y Vázquez le pidió que «hable con el doctor Toma».

Siguiendo las instrucciones de Vázquez, Menéndez solicitó audiencia con el secretario de Presidencia. Acompañado de los dos abogados que lo asesoran, se reunieron con Toma, le entregaron los documentos, le comentaron la confesión de Gavazzo y le sugirieron presentar una denuncia penal.

Esta versión de los hechos fue confirmada a periodistas por cinco fuentes del gobierno, entre ellos dos funcionarios del Ministerio de Defensa, y dos dirigentes del Partido Socialista. Incluso el propio Toma admitió manejar «el expediente» donde estaban las confesiones de Gavazzo.

O sea que ese expediente estaba a disposición de la Presidencia desde la segunda quincena de febrero y, sin embargo, no había realizado la correspondiente denuncia penal.

En su carta de renuncia Menéndez alega, que «en esa oportunidad el expediente fue dejado en Presidencia de la República para su análisis, estudio y evaluación. Luego de esto tomé licencia médica desde el día 6 de marzo hasta la fecha».

Pero fue destituido con el argumento de que «en forma deliberada no comunicó a sus superiores la posible comisión de un delito».

La cosa turbia va más allá. Vázquez afirmó que le pidió a Menéndez que «hable con el doctor Toma». «Decile que voy a firmar estas dos resoluciones y que esto pase a la Justicia». Agregó que Menéndez “se reunió con Toma. Toma vio las actuaciones, dijo ‘esto hay que pasarlo a la Justicia’, y el ministro de Defensa se llevó todo a su despacho para cumplir la orden”.

Si fuera así, dado que se trata de derechos humanos con los cuales hace tantas gárgaras, ¿no se aseguró de que su orden fuera acatada con diligencia?

Pero contradiciéndose, también ha dicho que nunca leyó las actas sino que se limitó a “homologar el fallo”. Afirma que se enteró de su contenido a través de El Observador y fue recién entonces qué quiso averiguar qué había pasado con la denuncia. Vázquez no pareciera ser un presidente muy dedicado a atender sus obligaciones esenciales.

Las aparentes injusticias de Vázquez no se limitaron a Menéndez. Parecería que también abarcaron a los generales destituidos. Si se hubiera tomado la molestia de investigar un poco, se habría enterado que ellos habían comunicado a sus superiores la posible existencia de un delito.

En las actas habían registrado las declaraciones de Gavazzo. Además, suspendieron las actuaciones del Tribunal de Honor y pidieron órdenes al mando superior. Manini Ríos analizó el caso y un mes después les dijo que siguieran adelante.

Vázquez adjudicó públicamente la responsabilidad política de los sucedido a Menéndez y Montie,l pero se puso a disposición de la Justicia.

Sin embargo, incomprensiblemente protege a Toma. Algunos se preguntan si esa incongruente postura no estará fundamentada en ciertos episodios del pasado que los comprometería a ambos.

El panorama sigue siendo confuso y diariamente aparecen nuevas novedades. No obstante, es claro que las mentiras y la injustica han sido las notas características de este asunto.

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