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El buen gobierno es un tema cultural. No se trata de izquierda o derecha ni tampoco del carisma que pueda tener un político. El sustrato que alimenta a la prosperidad o la decadencia de una nación, son las ideas y las prácticas. Esos factores no son inmutables. Es por eso que países que en un momento determinado fueron prósperos pueden declinar y viceversa.
Dentro del conjunto de ideas, el concepto de justicia adquiere especial relevancia. Hasta un niño pequeño sabe que «lo justo» es tratar a todos de igual manera e «injusto» lo contrario.
Ulpiano señala que «La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho». No olvidemos que «justicia» proviene de la palabra latina ius, que significa «derecho» pero también «lo justo».
Los pensadores de la Ilustración agregaron la doctrina de la igualdad ante la ley, que nadie es más que nadie (ni por nacimiento o posición social o caudal económico), que la norma jurídica debe ser abstracta y de aplicación generalizada y que se debían eliminar los irritantes «privi – legios». Recordemos que ese término significa «leyes particulares para alguien determinado».
Sobre esas bases morales se erigieron las naciones más prósperas y avanzadas. Asimismo, predomina la concordia porque la gente siente que las relaciones sociales están basadas en la Justicia.
El efecto económico que deriva de esta noción de Justicia, es que el bienestar se esparce por todas las capas sociales. Eso se constata por la pujante existencia de pequeñas, medianas y grandes empresas. Si los dos primeros tipos son numerosos, es señal de que los fundamentos sobre los que está erigida esa sociedad son sanos.
A raíz de que la concepción clásica de justicia es la que coincide con el sentir íntimo de las personas, aquellos que soterradamente buscan unos fines ajenos a «lo justo», le han agregado adjetivos. Ese es el origen de la palabra «justicia social», que busca nutrirse del prestigio de ese término pero lo bastardea.
La prueba es que cuando se aplica esa «justicia social», el individuo honesto siente que es tremendamente injusta porque le sacan lo que ha ganado con mucho esfuerzo para dárselo a otros y en base a parámetros poco claros. Como esa práctica política rechina, para que la gente la acepte, la han condimentado con un pseudo moralismo: no dejarse arrebatar mediante la ley lo que a uno le pertenece, es «egoísmo».
No es por casualidad que los gobernantes que más vociferan que la «justicia social» es el objetivo de sus nefastas prácticas, sean los que conducen, en el mediano plazo, a la declinación de sus países (moral, económica, política y socialmente).
La pervertida noción de justicia provoca que la economía informal se extienda. Como se apoya en los «privi-legios» (monopolios públicos o privados y normas diferenciales), hay grandes empresas; las pequeñas y medianas a duras penas logran sobrevivir. Asimismo, la principal fuente de empleo es el Estado.
Hay muchos ejemplos de lo anteriormente dicho. El venezolano Hugo Chávez es el caso más reciente; el argentino Juan Domingo Perón, el paradigma del siglo XX.
Pero queremos analizar la política económica llevada adelante por el Frente Amplio, de la mano de Tabaré Vázquez y José «Pepe» Mujica. Nos interesa desentrañar si ella ha sido beneficiosa o perjudicial para el futuro de Uruguay.
Durante sus respectivos gobiernos, han aprobado una serie de normas que han perjudicado al ambiente empresarial del país. Entre otras cosas, le han dado un poder desmedido a los sindicatos y les permiten ocupar empresas.
En la reciente reunión anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los empleadores extranjeros con inversiones en Uruguay, señalaron que las autoridades uruguayas manifiestan «desprecio a los órganos de control», una «postura desafiante» y que, en complicidad con los líderes sindicales, hay «usurpación de derechos». El mexicano Fernando Yllanes Martínez enfatizó que «no es posible que durante prácticamente 11 años el gobierno del Uruguay mantenga una resistencia, o más bien, una oposición abierta y clara para cumplir con las resoluciones de esta comisión».
Por otra parte, Vázquez y Mujica aumentaron groseramente el número de empleados públicos, colocando en lugares muy bien remunerados a amigos y entenados. Desde 2005 hasta 2018, el aumento de los vínculos laborales con el Estado por empleos fijos y temporales ha crecido más de 34 %. Esto no es gratis, sino que repercute en aumento de impuestos al sector privado, de una carga impositiva ya intolerable.
Jorge Caumont señala, que si «no hubiese existido esa ‘creación’ de empleos públicos, difícil de justificar, la tasa de desempleo actual sería 13,2 %, sensiblemente mayor a la que existía al inicio de 2005, cuando asume el Dr. Tabaré Vázquez por primera vez». Además, ese innecesario aumento del empleo público le ha quitado recursos al sector privado para aumentar la inversión y el empleo privado, lo que ha comprometido el bienestar de futuras generaciones.
Si los efectos perniciosos del falaz sentido de justicia de Vázquez y Mujica no se notaron antes, fue debido al excepcional período de bonanza proveniente del exterior (altos precios de los commodities y muy bajas tasas de interés internacionales) que benefició al país entre 2004 y 2014. Pero en 2015, cuando cesó ese «viento de cola», la economía se frenó abruptamente.
La conjunción de los factores señalados ha llevado a que muchas empresas cierren o se vayan del país. En un mercado pequeño como el uruguayo, 176 firmas fueron a concurso de acreedores entre enero de 2017 y julio de 2018,
Vázquez y Mujica han apostado a las grandes empresas internacionales. Lo peculiar de la situación, es que para atraerlas les han otorgado grandes privi-legios. El colmo han sido las negociaciones secretas con la papelera finlandesa UPM. Nadie –ni siquiera el parlamento– ha tenido acceso a las condiciones pactadas.
¿Es malo que una empresa extranjera decida realizar una gran inversión (unos 3 000 millones de dólares) en Uruguay?
No lo es, siempre y cuando deba sujetarse a las mismas reglas que las demás compañías. Es decir, en un contexto justo.
De lo contrario, que la economía nacional dependa de unas pocas grandes empresas es socialmente negativo, porque concentra la riqueza y, si llega a cerrar, deja un tendal por el camino. Hay experiencia al respecto.
Por ejemplo, con la regasificadora, otro de los «inventos» de Mujica que actualmente está siendo investigado por la justicia penal. En el expediente judicial reiteradamente aparecen las palabras «ilicitud», «irregularidades», «desviación y abuso de poder», «arbitrariedades» y «pérdidas millonarias».
Dicha inversión sería de unos 1 125 millones de dólares. Los organismos estatales UTE y Ancap fueron «fiadores ilimitados, lisos y llanos» de la obra. Además, el Estado otorgó una «garantía soberana» en caso de que la contraparte privada incumpliera «cualquiera de las obligaciones garantizadas». El contrato está firmado por Mujica y su ministro de Economía, Fernando Lorenzo.
El abrupto final de la obra –por estar relacionada con la brasileña OAS, investigada en el marco del “Lava Jato”– dejó sin trabajo a unos 700 operarios y le quedó debiendo mucho dinero a más de 300 pequeñas y medianas empresas nacionales.
El temor de que la historia se vuelva a repetir no es injustificado. Se funda en una cláusula del contrato entre el Estado uruguayo y UPM que habilita a la empresa finlandesa a decidir de forma unilateral –sin pagar multas– a retirarse del país por «razones de conveniencia y a su entera discreción». La única limitante es que avise por escrito un año antes.
Por tanto, vemos que la política económica de Vázquez y Mujica ha sido profundamente injusta.
