La ignominia del gobierno uruguayo al apoyar a Maduro

Vázquez y Mujica –ellos sabrán qué los impulsa a actuar de esa manera (algún día también lo sabremos los demás)– están destrozando la imagen de Uruguay en el mundo

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El canciller Nin Novoa (izquierda) justo a Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. (Foto: Flickr)

Los gobiernos del Frente Amplio encabezados por Tabaré Vázquez (2005-2010, 2015-2020) y José Mujica (2010-2015), están hundiendo en la ignominia al Uruguay a nivel internacional. Es un proceso que se va acelerando y está convirtiendo al país en un Estado paria.

Su apoyo a la mafia cubana-venezolana, que secuestró a la otrora próspera nación caribeña, no tiene paragón en los anales de la historia patria. En los hechos, están validando a una dictadura contumaz violadora de los derechos humanos, situación que ha sido denunciada y profusamente documentada por prestigiosos organismos como la ONU y la OEA. Así que por ese lado no caben excusas ni hacerse el distraído. Por tanto, se ampara con pleno conocimiento de causa a un Estado terrorista, por más que el canciller Rodlfo Nin Novoa trate de encubrir esa aberrante realidad mediante falacias que no engrupen a nadie.

Hay un dicho popular que expresa «dime de qué te jactas y te diré de que careces».

Esa frase le calza como anillo al dedo a la izquierda uruguaya que presume de ser la única que defiende los derechos humanos. Sin embargo, los hechos desmienten esa impostura. Para probarlo, haremos una breve síntesis del accionar de los diferentes gobernantes pertenecientes a los partidos tradicionales a lo largo del tiempo.

En 1948, Uruguay estuvo entre los primeros países que aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Es oportuno recordar que mediante la adhesión a dicho documento, «la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos» con independencia de cualquier otra consideración.

En 1965, el parlamento uruguayo (donde la izquierda era prácticamente inexistente) fue el primero del mundo entero en reconocer el genocidio armenio. Incluso, la BBC Mundo lo destaca expresando: «Cuando la mayoría de las naciones occidentales no se pronunciaban sobre el hecho, Uruguay sentaba un precedente y condenaba el episodio en una resolución de su asamblea fechada en 1965».

En esos mismos años, mientras gobernantes y legisladores pertenecientes a los partidos blanco y colorado actuaban con esa solvencia moral, la izquierda uruguaya negaba las masacres cometidas por los comunistas en la Unión Soviética y Europa. Desde su óptica, la violación de los derechos humanos no constituía algo grave, siempre y cuando, las víctimas fueran los «otros», llámense kulaks, burgueses, oligarquía, o cualquier otro mote descalificatorio.

Por cierto, algo análogo a cómo se está comportando actualmente el Frente Amplio con respecto a la dictadura chavista-cubana.

A nivel nacional, el primer presidente en buscar la verdad con respecto a lo sucedido durante la dictadura militar (1973-1985) fue Jorge Batlle. La Comisión para la Paz fue creada en el año 2000 y sus miembros trabajaron en forma honoraria. Estuvo integrada por personalidades preocupadas por este asunto, pertenecientes a los más variados ámbitos, incluso, izquierdistas. La sociedad entera estuvo representada, sin exclusiones. Fue paradigmática en su labor de búsqueda de la verdad y de los desparecidos; tuvo triunfos resonantes como encontrar a algunos de los hijos de personas detenidas que les habían sido arrebatados cuando eran bebés. Además, confirmó muchas de las denuncias.

En cambio, las iniciativas de Vázquez y Mujica con respecto a este tema se encaminaron principalmente a la creación de estructuras burocráticas. Crearon dos organismos: el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República. Las remuneraciones de sus directivos –todos del Frente Amplio– son muy elevadas pero sus resultados no tanto.

En la actualidad, esa fibra tan poco apegada a la defensa irrestricta de la dignidad de todo ser humano que caracteriza a la izquierda uruguaya, se manifiesta en la postura asumida por los gobiernos de Vázquez y Mujica hacia la tragedia venezolana. Han realizado las contorsiones dialécticas más ridículas para evitar pronunciarse sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y sobre la terrible situación humanitaria que allí reina. El colmo ha sido que han tratado de camuflar su complicidad con un manto de «superioridad moral». Es decir, no condenan y simultáneamente pretenden que su posición es más «elevada».

Esa aberrante actitud no ha pasado desapercibida. Incluso, impulsó al director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, a enviarle una dura carta al canciller manifestándole su preocupación por cómo el Estado uruguayo se ha posicionado ante la crisis política y social en Venezuela.

En ese contexto, la última «gracia» de Vázquez ha sido no apoyar al tratado de defensa interamericano TIAR.

Al fundamentar la necesidad de activar ese tratado, el presidente colombiano Iván Duque señaló en su discurso ante la ONU que 16 países de la región creen que Venezuela está involucrada en «el tráfico de drogas, el lavado de activos, el terrorismo y su financiación, la corrupción y la violación de derechos humanos», lo cual constituye «una amenaza regional» que viola la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. Incluso, presentó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al Consejo de Seguridad un informe de 128 páginas con pruebas de lo que afirmaba.

Reconociendo la gravedad de la situación, 16 países americanos activaron el TIAR para actuar conjuntamente, sancionando a altos funcionarios del gobierno de Maduro y tratando de ponerle fin a la tragedia humanitaria. La ONU estima que un cuarto de la población venezolana necesita ayuda urgente y que unos 5000 venezolanos abandonan el país cada día.

Ante ese oscuro panorama, el presidente chileno Sebastián Piñera afirmó que «la conclusión es que esta dictadura tiene que terminar».

Al gobierno uruguayo nada de eso parecería importarle mucho, a juzgar por su conducta. Fue el único que votó en contra y por si eso fuera poco, también anunció su retiro del TIAR.

El poco creíble canciller Nin Novoa justificó esa decisión aduciendo que la resolución sentaba un «gravísimo precedente» en materia de derecho internacional, particularmente en lo relativo al «principio de la solución pacífica de las controversias» y al principio de «no intervención», porque incluía la posibilidad de una «intervención armada», justificada en el artículo 8 del TIAR.

«Esto es una grave afectación al sistema multilateral y los que creemos en él no podríamos permitir que sucedan estas cosas», concluyó.

Esa afirmación va en sintonía con el papelón que hizo la delegación uruguaya en la OEA a fines de junio. En esa ocasión, el vicecanciller Ariel Bergamino había adelantado la posición del gobierno, al retirarse de una asamblea de la OEA afirmando que se estaba vaciando su «institucionalidad» al admitir la presencia de representantes del presidente encargado Juan Guaidó.

Vázquez y Mujica –ellos sabrán qué los impulsa a actuar de esa manera (algún día también lo sabremos los demás)– están destrozando la imagen de Uruguay frente al mundo. Da la sensación de que no les importa hundir al país en la ignominia.

Lo concreto es que se han apartado de la honrosa política exterior tradicional del Uruguay. Sin embargo, si analizamos este asunto a la luz de la conducta histórica de la izquierda nacional, entonces es coherente, porque respaldar a dictaduras «camaradas» ha sido su práctica habitual.

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