Gobierno saliente de Vázquez actúa como Cristina Kirchner

La administración Vázquez, con un estilo menos estridente que Cristina Fernández de Kirchner, está tomando ciertas medidas que lo asemejan a la argentina

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Tabaré Vázquez
Tabaré Vázquez, presidente de Uruguay. (Foto: Flickr)

El economista liberal José Luis Espert acuñó la expresión “un kirchnerismo con buenos modales” para describir la gestión del expresidente argentino Mauricio Macri. Aclaraba que esa calificación se circunscribía a la “materia económica y solo ahí”. Enfatizaba que el macrismo “en el discurso dice algo, pero cuando vamos a la acción concreta en materia económica […] no hay mucha diferencia con lo anterior”.

De este lado del Río de la Plata, el gobierno saliente del presidente uruguayo Tabaré Vázquez está actuando de modo análogo a como lo hizo la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2015, su último año de gobierno. Y parafraseando a Espert, diríamos que en esta etapa de transición, se podría describir a la administración Vázquez como “un cristinismo con buenos modales”.

Veamos los fundamentos para hacer esa afirmación.

En 2015 Cristina Kirchner sabía que no podía ser reelecta en las elecciones de ese año. Pero eso no significaba que hubiera renunciado a ejercer el poder en el futuro. Por el contrario, su mirada estaba focalizada en las elecciones de 2019. Por tanto, tomó una serie de medidas para dificultarle la tarea a su sucesor. O sea, tuvo el deliberado propósito de hacerlo fracasar para así ampliar las chances de recuperar el poder en el futuro.

Por supuesto que eso no significa que el porvenir estuviera irremediablemente determinado porque las acciones de su sucesor (que fue Macri) también contaban. Pero lo que aquí queremos subrayar es que a Cristina le importaba más volver a “reinar” sobre Argentina que el bienestar de sus conciudadanos. Y que la filosofía que guiaba su accionar era ponerle la mayor cantidad posible de piedras en el camino del próximo presidente.

Nicolás Cachanosky señala que la situación económica-financiera argentina tras los gobiernos kirchneristas era la siguiente: un Estado sobredimensionado que había originado un déficit fiscal descomunal. Solucionar ese problema era particularmente difícil por dos motivos.

Primero, porque la presión fiscal de aquel momento era excesiva. Por tanto, no había margen para corregir el déficit aumentando la recaudación impositiva. Eso significaba que la única opción era bajar el gasto público.

Y segundo, “porque reducir un déficit fiscal que se encuentra en torno al 8 % del PBI (dada la manipulación estadística de la administración Kirchner-Kirchner no hay números precisos del PBI) no es un mero ejercicio de ajustar cuentas, la corrección de dicho nivel implica cuestionarse nuevamente cuál debe ser el rol del Estado (sic)”.

Por consiguiente, corregir ese déficit era la tarea más imperiosa que debería encarar la nueva administración. Las cifras no dejan lugar para el engaño: en 2015 el país estaba al borde del abismo, con la actividad privada estancada y el desempleo aumentando vertiginosamente.

Sin embargo, durante el tramo final de su presidencia, Cristina Fernández repetía en sus discursos en cadena nacional: “Les pido que cuiden lo que hemos logrado”. Además, tomó una serie de medidas que condicionaban al nuevo gobierno porque entre otras cosas, aumentaban aún más al gasto público. Por ejemplo, impulsó leyes en el Parlamento y creó nuevos organismos; apuró el ingreso de miles de funcionarios estatales (utilización política del empleo público, dejando un récord de colocados en el Estado) y diseñó el presupuesto del primer año de gestión de su sucesor.

Un estudio basado en datos oficiales realizado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), estimó que en el año de su despedida del gobierno, Cristina sumó alrededor de 25 000 empleados. Según el proyecto de Presupuesto 2016, la presidente estipulaba para 2017 una plantilla de 427 255 trabajadores permanentes y transitorios en la estructura del Estado. Esa cifra representaba un aumento de alrededor de 15 000 empleados.

En Uruguay está aconteciendo algo parecido. Tras perder las elecciones en 2019, la administración Vázquez les sonríe a sus sucesores mientras por la espalda les dinamita el camino, en un contexto económico-financiero parecido al que dejó Cristina en Argentina en 2015.

Según Isaac Alfie, futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el déficit fiscal es más alto de lo que indican las cifras oficiales. Según sus cálculos, supera el 5 % del PBI. En consecuencia, deberá ser reducido desde el primer día de la nueva administración encabezada por Luis Lacalle Pou. Por cierto, esa ha sido una de sus promesas de campaña. También la deuda pública ha aumentado de forma considerable, poniendo en riesgo la calificación de “investment grade”.

Es importante destacar que todos los analistas independientes (incluso el actual equipo económico) coinciden en que la trayectoria fiscal de Uruguay es insostenible.

Sin embargo, Vázquez y su equipo están demostrando que les importa más hacer fracasar a su sucesor y transmitir la idea de que no cumple con sus promesas de campaña, que salvar al país del desastre por ellos mismos provocado. Están actuando de ese modo (aunque eso signifique que la población deba pasar penurias) porque piensan que así aumentarán sus chances de recuperar el gobierno en 2024.

Por ejemplo, desde que empezó a gobernar la izquierda en 2005, todos los eneros aumentan las tarifas de las empresas públicas. El incremento cubre la inflación pasada y frecuentemente algunos puntos, más para financiar el colosal gasto público en continuo crecimiento. Sin embargo, este año no lo han hecho a pesar de que la inflación es de más del 8 % y dejan el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años.

Obviamente que con esa jugarreta pretenden que sea Lacalle Pou quien deba incrementarlas, para dejarlo mal parado frente a la ciudadanía.

Otro “regalito” que Vázquez le deja a su sucesor es la brutal plantilla de funcionarios públicos. Según información de la Oficina Nacional de Servicio Civil referida al año 2018, en el país había 312.565 contratos en el Estado. Incluye a los que son directamente funcionarios públicos –con los beneficios que ello implica– y a quienes tienen contratos a término o más precarios.

Para apreciar la magnitud de esa cifra, comparémosla con la mencionada que dejó Cristina Fernández en proporción a la población de cada país. Argentina tiene 44 560 000 habitantes mientras que Uruguay tan solo 3 449 299. Si analizamos la cifra uruguaya en relación a la población económicamente activa, surge que 1 de cada 4 asalariados formales es estatal.

Pero no conforme con eso y al igual que hizo Cristina Fernández en su momento, a último momento están engrosando aún más la plantilla estatal mediante un subterfugio, convirtiendo a funcionarios con contratos a término o provisorios en empleados públicos.

Esa movida alarmó a los futuros ministros porque en el proceso de transición descubren que tendrán un problema que no estaba previsto en sus cálculos. Consideran que hay malicia por parte de las autoridades salientes en ese proceder.

Como señala un editorial del diario El País (Uruguay), “una propuesta del futuro gobierno, anunciada durante la campaña electoral, era no cubrir vacantes de funcionarios estatales para así reducir su número en un intento por disminuir el hoy acuciante déficit fiscal. Es obvio que si gente que fue tomada en la modalidad de pasantías, de provisoriatos o por contrato, luego se incorpora masivamente al elenco estatal en calidad de presupuestada (y por lo tanto inamovible), el objetivo del presidente electo habrá sido trabado por el gobierno saliente”.

El director del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, expresó que no entró nuevo personal a última hora; que desde hace tiempo mucha de esa gente está en los cargos transitorios. No obstante, la jugarreta consiste en que ahora se decidió cambiarles el status dentro del Estado. Y no son números menores.

En conclusión, podemos apreciar que la administración Vázquez, con un estilo menos estridente que Cristina Fernández de Kirchner, está tomando ciertas medidas que lo asemejan a la argentina.

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