La falta de escrúpulos de la izquierda uruguaya

Eventos recientes en Uruguay evidencian el deslizamiento autoritario hacia donde la izquierda conducía al país

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izquierda uruguaya
La izquierda uruguaya tiene de qué avergonzarse. (Foto: Flickr)

La izquierda uruguaya transmitía la imagen de ser muy diferente a sus camaradas de otras partes de Latinoamérica. Se presentaba como una postura política que podría tender hacia el socialismo desde el punto de vista económico, pero que en lo institucional, era respetuosa de las reglas republicanas.

Se creía que aquí ningún funcionario público era destituido si se negaba a hacer proselitismo a favor del partido de gobierno, que había independencia funcional dentro del Estado y que no se estaba construyendo el andamiaje para la instalación de una autocracia.

Pero la rotación de los partidos en el gobierno -que se produjo en marzo de este año- está revelando que no es así y destapando una verdadera caja de Pandora. Están saliendo a la luz cosas insólitas que parecían alejadas de la idiosincrasia uruguaya y de la forma habitual de comportarse las autoridades nacionales. No es que las anteriores fueran santas, pero había ciertas cosas que no se hacían. Había límites.

Desde enero de 2019 se venía informando de actitudes indebidas de algunos jerarcas pero no tenían grandes consecuencias porque la izquierda -entonces en el poder- se atrincheraba y protegía a todos sus miembros, por muy despreciables que fueran sus procederes. Ergo, no pasaba nada. Quizás, porque eran prácticas con las que estaban de acuerdo (siempre que fueran realizadas por gente de su propia ideología).

Sin embargo, la descomposición ética que aflige a grandes sectores del conglomerado izquierdista está empezando a emerger. Y lo que se vislumbra, es sumamente preocupante. Demuestra que a buena hora hubo un cambio de coalición gobernante porque la anterior, estaba degenerando a pasos agigantados hacia un despotismo. Los ejemplos sobran.

En uno de esos turbios asuntos está involucrada una persona muy allegada al expresidente Tabaré Vázquez; en otro, gente perteneciente al cerno político de José Mujica. Los episodios que mencionaremos están actualmente en la órbita judicial.

El primero de los casos aludidos, refiere a un posible despido abusivo de un funcionario público. Mónica Botti era la coordinadora de los Centros MEC de un departamento del interior, que funcionan en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Denunció que la echaron en 2019 por no militar desde su cargo a favor del partido de gobierno, que en ese entonces era el Frente Amplio. Presentó como prueba una grabación en la que un jerarca del MEC, Fernando González, admite que hubo presiones del Frente Amplio para que fuera separada de su cargo. Le dice directamente que “no puede seguir en la tarea por una decisión de la ministra María Julia Muñoz”.

Es bueno aclarar que Muñoz ha sido durante todos los gobiernos de Vázquez -tanto municipales como nacionales- una de las personas de su mayor confianza.

En el audio, Botti insiste en conocer las razones de su desplazamiento como coordinadora, pero González siempre responde: Muñoz “no nos dio el argumento”. Además, reconoce que no hay una razón clara para apartarla.

El funcionario le aclara a Botti: “Yo también soy parte de una estructura. Entonces tengo dos opciones: o me voy o acato, no tengo otra, es así. Es así de sencillo. No te digo que me guste, pero esta es la situación que tengo y esto es lo que tengo que trasmitirte”.

Tras la denuncia de Botti, se conocieron otros casos similares de coordinadores de Centros MEC del interior del país, a quienes en 2019 se les ordenó trabajar para un triunfo del Frente Amplio en las elecciones nacionales de dicho año. Como se negaron, fueron despedidos o decidieron renunciar.

El otro tema es más turbio dado que implica destrucción de documentos en una oficina estatal, fiscales corruptos que informaron a los acusados de los expedientes confidenciales que los involucraban y una larga serie de complicidades que podrían encuadrar en la conspiración para delinquir.

La trama comenzó cuando un exfuncionario y hombre de confianza del izquierdista Nicolás Cendoya -exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec)- entró al edificio para destruir documentación. Fue descubierto y filmado, razón por la cual, las nuevas autoridades realizaron una denuncia penal.

Este hecho sucedió luego que la prensa informara que las nuevas autoridades de Ursec, estaban descubriendo una serie de irregularidades y arbitrariedades de la anterior administración, que se relacionaban con empresas que operan en forma irregular. Las fuentes revelaron que Cendoya había favorecido a distintos permisarios de ondas de radio y perjudicado a otros.

Poco después se descubrió que por lo menos dos fiscales estaban filtrando información y habían entregado ilegalmente una copia de la denuncia penal a la novia del acusado de destruir documentos. Como se habían realizado una serie de allanamientos e incautado los celulares de las personas potencialmente involucradas en la maniobra, se puedo probar que el destinario final era Cendoya. Eso provocó una nueva investigación penal.

Los dos fiscales que están siguiendo estas causas son Ricardo Lackner y Diego Pérez. Ambos están tratando de llegar al fondo de este maloliente asunto.

Raúl Ronzoni recalca que ambos fiscales “Deberán establecer cómo y con qué objetivo funcionarios traidores del Ministerio Público le filtraron información reservada a otro traidor que trabajó como mano derecha de Nicolás Cendoya, el abogado exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) y exasesor de Daniel Martínez (el candidato izquierdista) en la campaña electoral”.

Ronzoni afirma que los fiscales están convencidos que se quiso ocultar maniobras irregulares que pueden involucrar a Cendoya, militante técnico del MPP, el sector liderado por Mujica. “Lackner y Pérez suponen que con el material incautado en allanamientos y la revisión policial de celulares y computadoras podrán reunir pruebas que podrían confirmar el concierto delictivo que partió desde varias tatuceras”.

Pero lo más relevante que Lackner pretende establecer, es por qué, para qué y a pedido de quien se filtró la información. Debe ser alguien muy poderoso ya que los implicados se atrevieron a cometer actos delictivos tan osados.

Estas redes de complicidades dejan planteada una interrogante: si así actúan cuando quedaron fuera del gobierno, qué no habrán hecho cuando tenían las riendas del poder en sus manos.

Además, el interés de Cendoya por conocer detalles de la causa penal generó suspicacias sobre lo que pudo haber destruido el abogado de la Ursec. En esa causa también es indagado el exdirector frenteamplista junto a otros funcionarios. El fiscal de ese caso, Pérez, espera un reporte de Inteligencia policial sobre los documentos triturados, que están siendo reconstruidos.

Todo parecería indicar que se asociaron con el objetivo político de eliminar pruebas, dado que no hay indicios de retribuciones económicas. Además, casualmente o no, todos los indagados pertenecen al MPP. Incluso, a Cendoya lo apadrinó ese sector político para que en esta administración ocupara otro alto cargo público en el sector de las comunicaciones, quitándole trascendencia a que esté siendo investigado en dos causas penales (destrucción de documentos públicos y la filtración desde la Fiscalía de la Nación).

Posiblemente, lo que está emergiendo sea tan solo la punta del iceberg del deslizamiento autoritario hacia donde nos estaba conduciendo la izquierda.

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