La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) es un organismo internacional que le ha hecho mucho daño a la región. Paradójicamente, se fundó para impulsar el desarrollo económico y social de los países de esa área, pero varias de sus iniciativas y consejos han tenido el efecto contrario.
En realidad, eso no debería sorprender dado que son promovidas por burócratas de lujo, que no sufren en carne propia ni en su bolsillo las consecuencias de su gestión. En consecuencia, suelen estar desconectados de la realidad, viven en una burbuja. “Expertos” en proponer aumento de gasto y de tributos, pero al igual que la privilegiada nobleza del Antiguo Régimen, sus sueldos están libres de impuestos.
Uno de los casos más lamentables fue el protagonizado por su primer secretario ejecutivo, Raúl Prebisch. Él fue quien redactó el documento fundacional, El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas —posteriormente conocido como el Manifiesto de la Cepal— que sentó las bases del enfoque centrado en las particularidades del desarrollo de los países de la periferia del sistema mundial, especializados en la producción de materias primas y alimentos.
Bajo las directrices de Prebisch, los países latinoamericanos se embarcaron en el tristemente célebre “modelo ISI” (Industrialización por Sustitución de Importaciones), que causó el rezago de la región en la competencia internacional. ¿El corolario? Una profunda crisis social y económica que los habitantes padecieron durante varias décadas. Incluso las guerrillas, en cierto modo, fueron un efecto colateral del susodicho modelo debido a las grandes injusticias que provocó. El modelo ISI es una versión modernizada del mercantilismo colonial español: el europeo, fue una de las causas principales de los movimientos independentistas; el cepalino, de las guerrillas que asolaron al continente.
El problema con los burócratas de los organismos internacionales es que en ellos abunda la ideología, la teoría, pero carecen de experiencia práctica mercantil. Aquel que en su vida ni siquiera administró un quiosco, difícilmente pondrá entender cómo funciona el mundo real. Es decir, los retos y los dilemas que debe afrontar a diario un emprendedor. Un buen empresario no es el que más gasta, sino el que es más eficiente y previsor.
Lo mismo se puede decir de los gobernantes. El mejor no es aquel que más gasta sino el que es capaz de sacarle el máximo jugo a cada peso que desembolsa, que por cierto no fue producido por él sino por los contribuyentes. El dinamismo económico generador de bienestar social extendido lo crean los particulares y no los políticos. El dinero que se le quita al sector privado vía tributos, es un lastre que daña la producción de riqueza. Por consiguiente, el gobernante preferible será aquel que desembolse menos y ofrezca más a sus conciudadanos. La prudencia debería ser la mayor virtud para aquilatar el valor de las políticas públicas porque no se trata de cantidad sino de calidad. Tal como señaló el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou, lo esencial es el «respeto por los recursos de la gente», que el gasto estatal llegue efectivamente «a la ciudadanía» y no se produzca «despilfarro». Pero parecería que esa ética no les cabe en la cabeza a los burócratas cepalinos.
Una muestra de ello es el informe que elaboraron recientemente, donde indican qué tanto gastaron los gobiernos para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus y del confinamiento. En él se indica que Uruguay, junto a República Dominicana, fue el país de la región que menos esfuerzo fiscal hizo para evitar el crecimiento de la pobreza extrema, porque destinó tan solo el equivalente al 0,7 % del PBI. Toda una burla dado que Uruguay es admirado internacionalmente y puesto como ejemplo por la forma en que está manejando este trance.
La divergencia entre los cepalinos y la mirada internacional “no burocrática”, se fundamenta en motivos ideológicos y cortoplacistas. Una prueba de ello es que Alicia Bárcena —actual secretaria Ejecutiva de la Cepal— declara que Cuba, junto con Uruguay y Costa Rica, «son tres de los países que cuentan con regímenes de bienestar más avanzados» y que «han tenido una gestión expedita y oportuna en el éxito en la respuesta». Lo cual hace que uno se pregunte: ¿conoce Bárcena la genuina realidad que impera en la isla caribeña? ¿Cree que los datos emanados de una longeva dictadura son confiables?
Por otra parte, parecería que para los cepalinos que el Estado “gaste mucho” es algo digno de alabanza y lo contrario de repudio. Sin embargo, las consecuencias para los ciudadanos van en sentido contrario, sin que eso signifique dejar “al costado del camino” a los que están sufriendo o se quedaron sin ingresos.
Lacalle Pou ha sido muy claro sobre cuál es el principio ético de su accionar: cuidar la salud de los uruguayos y simultáneamente no dejar que «se apaguen los motores» de la economía. Manifestó que el principal «desvelo» de su Gobierno es que «nadie pase hambre» ni «se vaya a dormir con la panza vacía», «No queremos que esta pandemia tenga consecuencias que hemos visto en otras crisis, donde unos siguen andando y otros quedan a la vera del camino muy golpeados […] el segundo paso, por supuesto, es la generación de puestos de trabajo y mantener los que hay. Es el desvelo que tenemos por delante: el tema de la sanidad, la alimentación y el empleo».
Además, dijo que no piensa cargar con nuevos impuestos al sector productivo: «Hoy gravar el capital es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis […] Por eso no lo vamos a hacer». Lacalle Pou expresó que no va a gravar más a las grandes empresas porque considera que son las que pueden reactivar a la economía una vez que pase la pandemia y la gente pueda ir a trabajar. En definitiva, la pobreza se combate con empleos genuinos, que son los del sector privado (aunque es no significa que algunos de los públicos no sean esenciales). Por eso hay que facilitar la inversión privada que es la gran generadora de puestos de trabajo.
Por otra parte, Lacalle Pou recalcó que nadie sabe bien cuánto va a durar esta crisis. En consecuencia, el Gobierno debe actuar con prudencia y ser previsor en vez de actuar con una visión cortoplacista. Por tanto, no debe usar de golpe todos los recursos con los que cuenta, cuando no se conoce cuánto tiempo más va a durar la inactividad. Afirmó que «lo que estamos evaluando y valorando no es si poner o no más dinero, que al fin y al cabo es de los uruguayos y lo tratamos de administrar bien. Es tratar de realmente tener claros los sectores más vulnerables que lo necesitan y tratar de ver cuándo viene el día después». No es un tema de ahorro, sino de la incertidumbre que produce no saber cuánto puede durar esta situación, sabiendo que hay que apoyar a los sectores más vulnerables hasta que se produzca la reactivación económica.
La actitud de las autoridades uruguayas denota responsabilidad. En contraste, la forma en que la Cepal presenta la coyuntura actual, constituye una presión para que los gobiernos latinoamericanos compitan para ver cuál gasta más. Y después… el diluvio universal. Total, esos burócratas, pase lo que pase, seguirán cobrando sus suculentos suelos libres de impuestos e incluso ascenderán en sus carreras. Prebisch es un buen ejemplo de ello.