Gobiernos de Tabaré Vázquez envueltos en escándalo público

La bancada del oficialista Partido Nacional decidió citar al expresidente Vázquez al parlamento

No es claro si fue por desidia o complicidad que el expresidente Tabaré Vázquez y el exministro de Defensa no realizaron una debida denuncia penal. (Flickr)

La izquierda gobernó Uruguay durante tres períodos consecutivos. Tabaré Vázquez lo hizo en dos ocasiones (2005-2010; 2015-2020) y José “Pepe” Mujica en una (2010-2015).

Uno de los “caballitos de batalla” que utilizó incansablemente el Frente Amplio para alcanzar y luego mantenerse en el poder por ese prolongado lapso, fue el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura. Uno de los eslóganes preferidos de sus adherentes era “Verdad y Justicia”.

La izquierda se atribuyó el monopolio de la sensibilidad social en ese asunto, imputándoles a los demás las peores intenciones. No obstante, el cambio de gobierno con gente de otro signo político está permitiendo saber que la cosa no era tan así. Están saliendo a la luz pública asuntos que demuelen el “relato” de los gobernantes frentistas.

Precisamente, una de las virtudes de la democracia es la rotación pacífica de los partidos en el poder porque permite “sanear” —tanto económica como moralmente— al ámbito gubernamental.

En estos días causó escándalo público la divulgación de las actas del Tribunal de Honor militar que juzgó al coronel (r) Gilberto Vázquez en 2006, cuyo contenido quedó oculto todos estos largos años. Allí Vázquez confesó —en declaraciones y en una carta escrita de su puño y letra— haber torturado y ejecutado a personas durante la dictadura militar (1973-1985). En ellas queda constancia lo siguiente:

«Yo tuve que ver con el caso (Adalberto) Soba, estuve prácticamente dos años trabajando en Argentina, tengo que ver con el segundo vuelo, con el primer vuelo, con casi todas las cosas que pasaron allá, menos la (nuera de) Gelman, esa porquería no las hubiera permitido de ninguna manera […] Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio. El mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice».

Este Tribunal no consideró que dichas aberraciones hubiesen afectado el honor el Ejército.

La indignación ciudadana surgió por dos motivos: primero, porque en esa fecha el presidente de la república era Tabaré, quien no solo no remitió a la Justicia los documentos que hacían referencia a esos crímenes, sino que incluso los homologó. ¿Qué significa esto? Que dio por bueno lo actuado por el Tribunal de Honor.

Segundo, porque las actas con las declaraciones del coronel hubieran servido a las causas penales que estaban abiertas en 2006, pero no tienen mayor trascendencia jurídica en 2020.

Las confesiones de Vázquez motivaron que los militares que lo estaban interrogando aplicaran el artículo 77 del Reglamento de las Fuerzas Armadas, que indica que «cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su Presidente comunicará de inmediato al Superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del Tribunal, hasta tanto el Superior se pronuncie».

Los superiores son el comandante en jefe del Ejército, el ministro de Defensa y el presidente de la República. Según la documentación existente, ese procedimiento fue realizado.

Las referidas actas tomaron estado público ahora, como consecuencia de un pedido de acceso a la información realizado al actual ministro de Defensa, por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

No era la primera vez que esa Asociación pedía tener acceso a dicha documentación. Durante los gobiernos izquierdistas no se la habían facilitado. Una de sus integrantes, Elena Zaffaroni, manifestó que por «abril, mayo» de 2019 pidieron esas actas al por entonces ministro de Defensa, José Bayardi (en 2006 era el subsecretario). En aquella oportunidad las solicitaron «informalmente» mediante «una carta por mail porque habíamos tenido una reunión y estaba abierto el que solicitáramos lo que quisiéramos».

Pero tras esperar «unos largos meses» sin que esa información les llegara, consultaron y desde el gobierno les dijeron que tenían que «presentar» un pedido de acceso a la información pública. Tras este aviso decidieron solicitarlo «cuando estuviera instalado el nuevo gobierno». O sea, en marzo de este año.

El ministro de Defensa, Javier García, declaró que «No sé cuántas veces se realizó (la solicitud). Sí puedo decir, y tengo el documento aquí, que la última —si hubo otras— fue el 8 de mayo de 2019».

Las autoridades de aquel entonces —principalmente Tabaré Vázquez y Bayardi— se defienden aduciendo que nunca leyeron el contenido de dichas actas o que no les llegó completo.

Zaffaroni reaccionó expresando que a Bayardi «tendría que darle vergüenza» decir que no ha leído las actas que contienen las confesiones del coronel (r) Vázquez. Se ve que lo único que le importa es tapar su propia responsabilidad.

El exministro Zaffaroni recalcó que «Hoy no eximimos de responsabilidad al Frente (Amplio) no solo por lo de ayer, sino por lo que pase de hoy en más, y no eximimos de responsabilidad a los otros partidos de lo que pasó antes porque ninguno quiso controlar».

Pero parecería que la cosa no es tan clara con respecto a la responsabilidad de los exgobernantes izquierdistas. No se sabe si fue por desidia o complicidad que no realizaron la debida denuncia penal. Vázquez se excusa argumentando que un presidente no puede leer «los 50 expedientes» que tiene que firmar todos los días. Pero para eso, justamente, están sus asesores. ¿Nadie le avisó?

Además, esos dichos contrastan con la jactancia con que durante su primera presidencia ejerció su cargo. Recordemos que lo hizo part time, porque siguió practicando la medicina. Decía que podía ocuparse perfectamente de ambas a la vez. Aparentemente, no fue así.

Parecería que tampoco es cierto que el expediente les llegó incompleto. El ministro García informó que el documento indicaba en el primer párrafo que en las actas estaban las declaraciones realizadas por Gilberto Vázquez ante el Tribunal. «El solo hecho de haber leído este informe hubiera determinado que se fueran a leer las actuaciones (del Tribunal de Honor)». Además, aseguró que fue elevado a Presidencia.

García recalcó que es el presidente de la República el que debe decidir si lo homologa o si, en caso de constatar presuntos delitos, lo remite a la Justicia. El expresidente Vázquez decidió la homologación.

«El presidente de la República, con el ministro respectivo, dan una de dos posibilidades: u homologan o no lo hacen. O estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Cuando el Poder Ejecutivo de la época tomó la decisión que tomó, lo hizo en conocimiento de todas las actuaciones, como se hace siempre, como lo marca la norma y porque sería imposible que fuera de otra forma», destacó García.

El presidente del Directorio del partido oficialista, Pablo Iturralde, dijo que «el Frente Amplio tuvo conocimiento (de las declaraciones) durante todo este tiempo a través de sus gobernantes» y que «si no lo hicieron público, tienen que explicar ellos por qué no lo hicieron». «Tienen la responsabilidad histórica de haber tenido la información y no haberla hecho pública, cosa que resulta claramente de la documentación».

La bancada del oficialista Partido Nacional decidió citar al expresidente Vázquez al parlamento para interpelarlo.

Este es el segundo caso que se conoce en poco tiempo, del expresidente Vázquez actuando de manera similar. En ese marco, el senador oficialista Jorge Gandini informó que también se buscará evaluar la actuación de Tabaré referidas a las declaraciones del militar retirado José Nino Gavazzo sobre violaciones de derechos humanos, que también fueron homologadas y no se enviaron a la Justicia.

«Fue presidente de la República en los dos casos importantes que se están analizando, fue presidente en el Tribunal de Gilberto Vázquez en 2006 y fue presidente de la República en el Tribunal de Honor a Gavazzo y en los pedidos de información que no se entregaron en 2019», expresó el legislador.

Por tanto, parecería que “Verdad y Justicia” sobre las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura es para la izquierda un “gancho” para captar votos pero no un compromiso genuino.

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