Ficciones de juridicidad en el chavismo

El chavismo siempre se ocupó de recrear una cierta ficción de neutralidad del proceso legal. Es un sultanismo competente en crear la parodia de un proceso jurídico normal y lograr que todos participen en él, víctimas, familiares y opositores

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Todo ello ocurre por fuera del derecho, pues es una mera dramatización, de ahí lo de parodia. Los magistrados visten de toga pero el proceso está determinado de antemano, no es más que la escenografía jurídica de una asociación ilícita. (PanAm Post)

Debemos a Weber la noción de «sultanismo». Su análisis de las formas extremas de dominación patrimonialista fue luego sistematizado por Linz en un concepto operacionalizable. Ello le dio entidad como un sub-tipo distintivo de régimen no-democrático.

En el sultanismo prevalecen la arbitrariedad del déspota, su poder discrecional, sus caprichos e impredecibles decisiones. El sistema político es de baja densidad institucional. La esfera pública y la privada tienen límites porosos, tanto que tienden a fusionarse. El sultán administra la cosa pública como si fuera su propiedad. El Estado se convierte en la extensión de sus activos.

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Un paternalismo clientelar es consecuencia natural del personalismo desmedido, la distribución a discreción de premios y castigos. La dominación personalista se hace dinástica, cuasi monárquica, de ahí el nepotismo como patología. El principio de accountability—el responder por la legalidad y legitimidad de los actos de gobierno—es aquí ficticio. El Estado de Derecho se debilita hasta esfumarse, la administración de justicia no es impersonal, neutral, ni apolítica.

La justicia no tiene «venda en los ojos», no hay juridicidad posible. El lector reconocerá a Trujillo, Noriega, los Duvallier y los Somoza, entre tantos otros, esa macondiana acuarela latinoamericana en la que los Buendía se suceden unos a otros indefinidamente, la amnesia que explica la repetición.

El chavismo también satisface estas características pero con un agregado: siempre se ocupó de recrear una cierta ficción de neutralidad del proceso legal. Es un sultanismo competente en crear la parodia de un proceso jurídico normal y lograr que todos participen en él, víctimas, familiares y opositores. Lo cual ocurre una y otra vez, sin solución de continuidad, como porfiada voluntad ante un sistema cuya única certeza es, en realidad, la injusticia y la arbitrariedad.

Se asume la reproducción de los rituales jurídicos habituales y se esperan resultados acordes. Se crea un espacio social que puntualiza asimetrías y jerarquías, por allí desfilan litigantes, sumariantes, testigos, jueces, fiscales, defensores y los peritos judiciales, los patólogos forenses. Y también se utiliza un vocabulario jurídico.

Pero, no obstante, todo ello ocurre por fuera del derecho, pues es una mera dramatización, de ahí lo de parodia. Los magistrados visten de toga pero el proceso está determinado de antemano, no es más que la escenografía jurídica de una asociación ilícita.

Es que las prácticas jurídicas constituyen un lugar privilegiado que rigen la producción de sentido normativo, es decir, un espacio en el que se construye, históricamente, la noción de «orden». El chavismo no ha ignorado esta dimensión del derecho, muy por el contrario, pero la ha usado como instancia complementaria al capricho despótico con el que se administra «justicia», subrayo comillas.

El «¡exprópiese!» de Chávez, que se escuchaba por televisión, exhibe similar obscenidad al «¡tortúrese!» que Maduro y Cabello dicen en privado. La sentencia judicial, ilegal, que sanciona la decisión arbitraria de confiscar una propiedad es similar, en tanto burla, a llevar al Capitán Acosta Arévalo a morir, literalmente, frente a un juez. En ambos lo jurídico es una vía ex post, pues actúa como esfera teatral, como espectáculo que racionaliza una decisión tomada en otro lugar y con anterioridad a cualquier diligencia judicial.

Son decisiones que esta dictadura no deja librada a la «aleatoriedad jurídica», pongámoslo así, pues con ellas señala autoridad y poder, si bien son decisiones que impregna con la apariencia de legalidad. Es que con ellas continúa sometiendo a las víctimas a los crímenes y atrocidades conocidos, y a sus familias y abogados a interminables procedimientos y diligencias. Son ceremonias del abuso, desarticuladores de la cohesión social y generadores de anomia.

Nótese, «jamás ejecuté acciones que no pasaran por la fiscalía», repitió Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en casi todas las entrevistas realizadas en su verdadera gira de medios en Estados Unidos. Nadie le creyó, pero eso es menos importante que su interés en aparentar la vigencia de un cierto Estado de Derecho.

Esta brevísima «filosofía del derecho chavista» es útil para construir su retrato, pero más aún por la dimensión que adquiere en la esfera internacional. Me refiero con esto al fatídico párrafo cinco del informe de la señora Bachelet, donde dice que «El ACNUDH apoyará la evaluación de los principales obstáculos respecto al acceso a la justicia y de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura [que funciona bajo la Defensoría del Pueblo]… El Gobierno adoptará un calendario de diez visitas de los Procedimientos Especiales en los próximos dos años».

Ocurre que el último informe sobre Venezuela del anterior Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, en junio de 2018, ya había documentado que «dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia».

Pues sería trágico que la oficina de la Alta Comisionada se haga ahora partícipe de la ficción de juridicidad chavista y, para peor, por los próximos dos años. Se trata de un retroceso que bien podría significar la legitimación internacional de la impunidad.

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