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Mentiras, falta de transparencia y ocultación de datos. Estas son las tres palabras que mejor permiten describir la nefasta gestión que el Gobierno socialcomunista está llevando a cabo en las últimas semanas. En una crisis sanitaria y económica, como la que estamos padeciendo, es cuando un gobierno debería proporcionar mejor y más transparente información, tanto a la opinión pública —para su tranquilidad— como a los expertos y organismos internacionales que valoran, asesoran y modulan, en parte, las decisiones del Ejecutivo. Y, precisamente, nos estamos encontrados con todo lo contrario. El peor Gobierno de la historia democrática de España confirma ser, día tras día, uno inestable, sectario y con tintes dictatoriales que censura sistemáticamente preguntas de periodistas en ruedas de prensa, que puso al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Guardia Civil a vigilar las críticas que recibe y que vierte a diestra y siniestra bulos que acaban por desinformar a los conciudadanos.
Sin ir más lejos, el pasado 2 de mayo, mientras que el Instituto de Salud de Carlos III (un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Ciencia) registraba 30 706 fallecidos más de lo esperado en condiciones normales, el propio Ministerio de Sanidad informaba de un total de 26 000 muertos por coronavirus, es decir, 5 000 fallecidos menos que los que contabilizaba el organismo. La pregunta es evidente: ¿a qué se debían esos 5 000 muertos? Si no murieron por coronavirus, ¿qué les provocó la muerte? Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad) aseguró desconocer la causa de esas muertes y las atribuyó a, posiblemente, accidentes de tráfico. No solo es una auténtica estupidez pensar eso, pues estamos confinados, sino que además la Dirección General de Tráfico contabilizó en tan solo 26 las muertes por accidentes de tráfico en abril. Una de dos, o el Gobierno está ocultando deliberadamente muertes por coronavirus para dar a entender que su gestión está siendo eficaz o el Gobierno es tan incompetente como para no saber a qué se debe ese pico de, ni más ni menos, 5 000 muertes anómalas (que en una distribución normal no se darían). Y ambas opciones son verdaderamente preocupantes.
Asimismo, cabe destacar que las Comunidades Autónomas no gobernadas por el PSOE están sufriendo una falta de información. Se está priorizando la comunicación con las comunidades en donde Gobierna el PSOE, favoreciendo, por tanto, la toma de decisiones y en control del virus en tales comunidades. En este sentido, el propio presidente de Galicia (Alberto Núñez Feijóo —Partido Popular—) denunciaba que en la actuación del Gobierno central está reinando la confusión y que Pedro Sánchez carece de una hoja de ruta conocida a tiempo —está improvisando—, pues muchas de las medidas se conocen con apenas horas o minutos de antelación. Las Comunidades Autónomas exigen un sistema de “cogobernanza” real con el Gobierno, pues la respuesta no puede ser uniforme en un país tan heterogéneo como España. Debemos negativamente destacar, también, la inexistencia de protocolos establecidos en lugares como residencias, centros de día o albergues.
Sin embargo, Sánchez y Pablo Iglesias no solo mienten a sus gobernados, sino también a toda la comunidad internacional. Los datos que el Gobierno de España envía a la Organización Mundial de la Salud (OMS) están completamente manipulados. El pasado 25 de abril (cuando España debatía iniciar o no la desescalada) envió datos en donde figuraban un número de muertos sustancialmente menor que los datos que el propio Gobierno había admitido en sus estadísticas nacionales. En este sentido, uno de cada cinco nuevos fallecimientos (lo que representa el 19,3 % de fallecimientos) que se remitieron a la opinión pública española y que figuraban en las estadísticas nacionales, han desaparecido al comunicarlo a la OMS.
La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué el Gobierno socialcomunista intenta ocultar fallecidos? El objetivo de este engaño no es otro que conseguir que la OMS apruebe la desescalada en España. Sánchez, por tanto, quería trasladar la idea de que España podía iniciar el proceso de desconfinamiento y, así, no rezagarse con respecto a otros países que ya lo habían iniciado. Esto, por tanto, responde a la praxis que Sánchez e Iglesias llevan siguiendo desde el inicio: el imponer sus intereses partidistas antes que hacer frente a la crisis sanitaria que estamos padeciendo. Primero permitieron la celebración de manifestaciones masivas en el 8M —para obtener rédito electoral— sin tener en cuenta ningún tipo de medida de seguridad y ahora intentan engañar, ocultar y manipular las cifras de fallecidos para transmitir la idea de que están llevando a cabo una plausible gestión.
La OMS, cabe destacar, no es la única engañada. También está siendo engañada la propia OCDE, que pocos días atrás salía a desmentir el bulo de Sánchez (que repitió en múltiples ruedas de prensa) que España era uno de los países que más test masivos realizaba a la ciudadanía. Cuando, de facto, en términos relativos es, contrariamente, uno de los países que menos test realiza (sin ir más lejos, Islandia tiene una tasa seis veces mayor a la de España: mientras que España realiza en torno a 20 test por cada mil habitantes, Islandia realiza 127,58 test).
Lo realmente terrible, empero, es que las estadísticas nacionales también están manipuladas. No solo las que se envían a la OMS y a otros organismos internacionales, sino que los datos que conoce la opinión pública española también están “descafeinados”. En estas estadísticas no se incluye ninguno de los fallecimientos por coronavirus que no contaron con la realización de un test, analítica hospitalaria o autopsia. Es decir, muchos fallecidos por coronavirus no estar figurando en estas estadísticas oficiales. Y, recordemos, España es uno de los países que menos test realiza por cada mil habitantes; además de que no hay ni analíticas ni autopsias generalizadas.
Esta semana, además, el Gobierno ha ido un paso más allá. Sus ocultaciones han rozado la ilegalidad. Fernando Simón (director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad) se ha negado a dar los nombres de las 11 personas que integran el comité de expertos que deciden el momento en que cada Comunidad autónoma puede ir avanzando en las fases de la desescalada. Esto, como decía, además de evidenciar la carencia de transparencia de este Gobierno, atenta contra la Ley General de Salud Pública. Esta ley regula la obligación de dar a conocer esos nombres a la opinión pública: en su artículo 11 dice claramente que: “las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales” y, concretamente, “será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública”.
Si no fuera porque la justicia está, en muchos aspectos, controlada por el Ejecutivo y Legislativo (no hay una real separación de poderes en España) muchas de estas manipulaciones, ocultaciones y falta de transparencia del Gobierno socialcomunista no quedarían impunes. Pero, por desgracia, el Gobierno no tiene los pesos y contrapesos que debiera tener. Como siempre digo, que Dios nos coja confesados. Amigos míos.
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