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Carlos Arias Navarro, por aquel entonces presidente del Gobierno de España, tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, fue el encargado de anunciar a la ciudadanía que el caudillo ya no respiraba. Para ello pronunció ante las cámaras de Televisión Española una sencilla pero contundente frase que verdaderamente marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea de España: “Españoles, Franco ha muerto”. Con esta frase se iniciaba un complicado y convulso proceso de transición que ya se venía estudiando entre bambalinas desde los últimos años de vida de Franco. Con el famoso suicidio de las propias Cortes franquistas (vulgarmente conocido como el harakiri de las Cortes franquistas) y junto a la elaboración de la Constitución española, con la ley y a través de la ley, sin ruptura política, se fue consolidando la democracia en España.
Si bien el régimen político que se instauró en el país dista mucho de ser uno liberal, pues el Estado de bienestar instaurado consiste en robarles a unos para dárselo ilegítimamente a otros, la alternancia pacífica en el poder y la separación de poderes —aunque muy cuestionable— que devino con él convirtió a España en un país de primer orden. Sin embargo, cuarenta y cinco años más tarde, bajo el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, podemos decir alto y claro que la democracia y, sobre todo, la separación de poderes se están desvaneciendo. La democracia que teníamos tiempo atrás ha muerto. Eso está claro. El actual Gobierno quiere cada vez más controlar todas las esferas del poder, incluido el Poder Judicial, y supeditar la independencia que debería tener la policía judicial de la Guardia Civil al control del Ejecutivo.
Según el artículo 126 de nuestra Constitución, “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”. En ningún momento se establece que la policía judicial deba dar explicaciones de sus investigaciones al Ministro del Interior. Máxime cuando el que está siendo investigado es parte del Ejecutivo español y organismos públicos dependientes de él.
En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó este pasado lunes al jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informarle sobre la investigación, hecha a petición judicial, de las manifestaciones celebradas —y permitidas por el Gobierno— durante el 8M. Todo ello bajo el contexto de una crisis mundial sanitaria y económica en forma de pandemia por el coronavirus. El coronel se negó a facilitar a Marlaska el informe que le había solicitado la juez que investiga la posible incidencia del 8M de Madrid en la pandemia, Carmen Rodríguez-Mendel. Es más, la propia juez notificó en un oficio remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad que dio la orden al mando policial de guardar “rigurosa reserva” sobre sus pesquisas. Asimismo, anunció que no le temblará el pulso a la hora de investigar las intromisiones de Marlaska si se encontraba alguna conexión entre el cese y este asunto. El ministro Marlaska ha llevado a cabo una injerencia en la labor policial que, de asegurarse, podría conllevarle sanciones penales.
El ministro del Interior ha intentado justificar esta situación asegurando que 1) no hay ninguna crisis en la Guardia Civil y 2) que la fulminación del coronel se debe únicamente a una pérdida de confianza. Sin embargo, la realidad lo contradice tajantemente. En primer lugar, el informe aportado a la investigación judicial (que Pérez de los Cobos se negó a entregar a Marlaska) señalan al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al doctor Simón por tener “un profundo conocimiento de los riesgos del coronavirus en España al menos desde el 5 de marzo y a partir de esa fecha no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid”. Estas son las conclusiones del último informe de la Guardia Civil entregado a la juez Carmen Rodríguez-Medel y que conllevó el cese del coronel. Además, tres directivos de la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE) han prestado declaración a la Guardia Civil y aseguraron que se prohibió una celebración religiosa y se permitieron, empero, otros eventos —entre ellos el 8M— “en fechas posteriores, en que el número de contagios acreditados era superior”. Y, en segundo lugar, sí, el cese del coronel ha generado una gran crisis dentro del Instituto Armado. En la mañana del martes, verbigracia, dimitió Laurentino Ceña, número dos de la Guardia Civil por la destitución injusta a De los Cobos. Él mismo así lo ha explicitado.
Marlaska ya debiera haber dimitido. Además de concluirse que el cese del coronel fue debido a que este se negó a informarle al ministro sobre la investigación sobre el 8M, quizás la dimisión deje de ser su mayor problema y tenga que enfrentarse a un procedimiento judicial y acompañar a los que posiblemente, junto a él, sean imputados en un futuro: Salvador Illa y Fernando Simón.
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